Crisis, poder y legalidad: el fallido juicio político contra Sara Duterte sacude Filipinas

Una decisión que paraliza el juicio del siglo en Filipinas

En una resolución inesperada pero trascendental, la Corte Suprema de Filipinas anuló el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, citando un vicio de procedimiento en el proceso legislativo. La noticia estremece el panorama político filipino, ya cargado de tensiones, alianzas rotas y pugnas de poder familiar.

El alto tribunal fundamentó su fallo en una cláusula constitucional que prohíbe que se procesen más de un proceso de impeachment contra el mismo funcionario en un mismo año. La Cámara de Representantes —dominada por aliados del presidente Ferdinand Marcos Jr.— recibió hasta cuatro denuncias contra Duterte entre diciembre y febrero, pero solo una fue enviada al Senado para su juicio, mientras las otras simplemente se archivaron. Esto, según los jueces, contravino la Constitución de 1987.

¿De qué se acusaba a Sara Duterte?

El caso no era menor. La hija del expresidente Rodrigo Duterte se convirtió en febrero en la primera vicepresidenta filipina sometida a impeachment, tras ser acusada de una serie de delitos que incluían:

• Amenazas de asesinato contra el presidente Marcos y su entorno.
• Corrupción a gran escala y mal uso de recursos públicos.
• Seducción, terrorismo y conducta incompatibles con el cargo.
• Falta de apoyo a las iniciativas contra la agresión china en el Mar de China Meridional.

En particular, en una conferencia de prensa en noviembre, Duterte habló de forma alarmante sobre hacer asesinar al presidente Marcos, su esposa y su primo si llegaba a ser víctima de un atentado. Aunque después moderó sus palabras, afirmando que eran una expresión de preocupación por su seguridad, el daño ya estaba hecho. Se abrió una investigación criminal y judicial, y comenzaron las solicitudes de juicio político. El hijo del presidente, el congresista Sandro Marcos, fue uno de los firmantes del proceso de impeachment.

Una alianza rota: Duterte y Marcos

En 2022, Sara Duterte fue la inesperada compañera de fórmula de Ferdinand Marcos Jr., uniendo dos grandes apellidos de la política filipina. La campaña giró en torno a un mensaje de “unidad” en un país profundamente dividido. Ambos ganaron con amplios márgenes —con más del 58% de los votos en el caso de Marcos y más del 61% en el de Duterte, según la Comisión Electoral—, pero la tregua no duró mucho.

La figura paternal de Rodrigo Duterte, exmandatario (2016-2022), ya había acusado a Marcos de ser un débil líder y drogadicto. Al poco tiempo de asumir el cargo, Sara Duterte renunció como secretaria de Educación en el gabinete de Marcos, lo que marcó el inicio de un alejamiento abierto entre ambos clanes.

Sara, conocida por su carácter fuerte y sin filtro, comenzó a acusar públicamente al presidente y a su círculo cercano de corrupción, mal liderazgo y uso del poder para debilitarla políticamente. Todo esto se interpretó como parte de su preparación para una posible candidatura presidencial en 2028.

¿Qué dice la Constitución de Filipinas sobre el juicio político?

El proceso de impeachment en Filipinas se rige por el Artículo XI de la Constitución de 1987. Establece que:

“Solo se puede presentar un proceso de impeachment contra el mismo funcionario en un periodo de doce meses.”

Aunque el Congreso recibió varios casos distintos contra Duterte, al procesar uno y archivar el resto, el tribunal consideró que se violó el principio de exclusividad temporal. La decisión fue “de ejecución inmediata”, según la portavoz del tribunal, Camille Ting.

La Corte Suprema subrayó que “no está para decidir resultados políticos”, sino para garantizar que estos se enmarquen dentro del estado de derecho. Es decir: no juzga el fondo de las acusaciones, pero sí la forma en que se intentó llevar a juicio a la vicepresidenta.

¿Quién gana y quién pierde tras esta decisión?

Para muchos, la decisión judicial ofrece una victoria temporal para Sara Duterte, quien podrá evitar el bochornoso espectáculo de un juicio político que podría haberla expulsado del gobierno y declarado inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Sus abogados celebraron la decisión como una “victoria de la legalidad”.

Sin embargo, sus oponentes políticos, incluido el bloque marquista en el Congreso, probablemente volverán al ataque en 2026, cuando pase el periodo de inamovilidad anual. “Estamos listos para responder en el momento adecuado y en el foro correspondiente”, dijeron los defensores de Duterte.

La otra batalla: la opinión pública

Afuera de los muros del Congreso y del Palacio de Justicia, las calles de Manila ya han sido testigo de protestas multitudinarias. Diversos movimientos sociales exigieron que el juicio contra Duterte no se viole por tecnicismos y que se haga justicia por sus “abusos de poder y traición a la confianza pública”.

“Su conducta demuestra infidelidad extrema al cargo y una tiranía de poder incompatible con la Constitución”, concluía la denuncia inicial.

Los grupos de derechos humanos también recordaron su cercanía con el sangriento legado de su padre, acusando a Sara Duterte de haber respaldado la guerra antidrogas durante la presidencia de Rodrigo Duterte. Esta guerra ha sido investigada por organismos internacionales por provocar más de 27.000 muertes extrajudiciales, según cifras del International Criminal Court.

¿Y ahora qué sigue para Duterte y Marcos?

El fallo de la Corte no limpia a Sara Duterte de las acusaciones, ni erradica la posibilidad de un juicio político futuro. Lo que hace es congelar el proceso formal durante un año, pero deja la puerta abierta para reiniciarlo.

De cara a 2028, la posibilidad de que Duterte busque la presidencia se mantiene viva, lo que inevitablemente intensificará las tensiones con la familia Marcos. La ruptura total parece inminente, y muchos analistas comienzan a compararlo con las antiguas rivalidades dinásticas del país.

Un país atrapado entre el pasado y el futuro

Filipinas, como muchas democracias del sudeste asiático, atraviesa un momento delicado: entre el deseo de institucionalidad y el peso de los apellidos políticos históricos. Marcos hijo intenta despegarse de la sombra autoritaria de su padre, mientras Duterte hija defiende un populismo agresivo y nacionalista heredado. Lo que queda en el medio es una población dividida, instituciones tambaleantes y un poder judicial que, por ahora, ha puesto pausa, pero no punto final, a una de las tragedias políticas más intensas en la historia contemporánea del país.

¿El impeachment es realmente efectivo en Filipinas?

Desde su incorporación a la Constitución de 1987, el instrumento del impeachment en Filipinas ha sido utilizado escasamente, y muchas veces con fines políticos más que judiciales.

Uno de los casos más notables fue en 2000, cuando el presidente Joseph Estrada enfrentó juicio político por corrupción. Aunque no fue destituido por el Senado, fue obligado a dimitir tras una revuelta popular conocida como EDSA II. En 2012, el juez supremo Renato Corona fue hallado culpable y destituido por no declarar debidamente su patrimonio mientras ocupaba el cargo.

Por tanto, aunque parece que el juicio político ha sido efectivo en contadas ocasiones, continúa siendo una herramienta poderosa para disputas políticas internas. El caso de Duterte reafirma el poder simbólico, y ahora también legal, de ese instrumento.