Ciudadanía por nacimiento: el campo de batalla legal entre Trump y la 14.ª Enmienda

Un nuevo capítulo se abre en uno de los debates más inflamables del panorama legal y político de Estados Unidos: la administración de Donald Trump intentó poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, desatando una tormenta jurídica que ahora apunta directamente a la Corte Suprema. Aunque en los últimos años esta iniciativa ha sido bloqueada repetidamente por tribunales federales, el debate continúa, enraizado en la 14.ª Enmienda de la Constitución.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La 14.ª Enmienda de la Constitución de EE. UU., ratificada en 1868, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos [...] son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen". Esta enmienda fue diseñada para garantizar derechos a los antiguos esclavos libertos, luego de la Guerra Civil. Su texto claro ha sido interpretado desde entonces para confirmar que cualquiera que nazca en suelo estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, con muy pocas excepciones.

Sin embargo, desde su campaña presidencial de 2016, Donald Trump ha criticado este principio y prometido eliminarlo por vía ejecutiva. Para sus partidarios, este cambio es una forma de frenar la inmigración ilegal. Para sus detractores, se trata de una afrenta directa a la Constitución y a los derechos más fundamentales del país.

La orden ejecutiva de Trump y la reacción judicial

En 2023, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o personas con visas temporales. Lo justificó argumentando que estas personas "no están bajo jurisdicción completa de EE. UU." y, por tanto, no deberían recibir el beneficio constitucional.

No tardaron en llegar los desafíos legales. Más de una docena de estados presentaron demandas, alegando que una reinterpretación de la Enmienda violaría décadas de jurisprudencia y dañaría económicamente su capacidad para brindar servicios de salud pública, educación y otros beneficios sociales, los cuales dependen del estatus ciudadano de los niños nacidos allí.

El juez federal Leo Sorokin, de Boston, emitió recientemente un fallo rechazando la validez de la orden ejecutiva. Afirmó que el intento del ejecutivo "es manifiestamente inconstitucional" y que la orden seguirá bloqueada mientras se dirime la cuestión en cortes superiores.

La doctrina de los "injunctions" nacionales

Parte del debate jurídico ha girado en torno a si jueces de tribunales inferiores pueden emitir "injunctions" a nivel nacional, es decir, fallos que bloquean una ley o acción ejecutiva en todo el país, no solo en jurisdicciones específicas.

La Corte Suprema emitió en 2024 una decisión limitando ese poder, pero dejó la puerta abierta a excepciones en casos de demandas colectivas o cuando son presentadas por estados. El fallo de Sorokin se mantiene bajo esa excepción pero, como él mismo reconoció, la decisión final recaerá en el Supremo.

Una tensión legal con raíces profundas

Esta controversia no es nueva. Ya en 1898, el caso United States v. Wong Kim Ark defendió que un niño nacido en EE. UU. de padres chinos —residentes legales pero no ciudadanos— tenía derecho a la ciudadanía bajo la 14.ª Enmienda. Fue un precedente clave, reafirmando que el principio se aplica más allá del estatus migratorio de los padres.

No obstante, los sectores conservadores han sostenido durante años que la frase “jurisdicción de los Estados Unidos” implica que no todos los nacimientos en el país califican. En otras palabras, si los padres no son ciudadanos o residentes permanentes, el recién nacido no debería ser considerado ciudadano. Para muchos constitucionalistas, esta interpretación es limitada e incompatible con el lenguaje y el espíritu de la enmienda.

Implicaciones sociales y fiscales de acabar con la ciudadanía por nacimiento

Eliminar esta garantía supondría una transformación colosal. Según el Pew Research Center, al menos 4.5 millones de ciudadanos estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Muchos de estos niños reciben beneficios federales y estatales, incluidos servicios médicos de emergencia, educación pública gratuita o asistencia en programas nutricionales.

Si se desconociera su ciudadanía, estos niños podrían quedar excluidos de programas esenciales, generando una población apátrida y aumentando la carga para los gobiernos estatales que tendrían que manejar esta crisis legal y humanitaria.

Por ejemplo, California alegó en la demanda que si se aplicara esta política, perdería cientos de millones de dólares de fondos federales destinados a servicios que dependen del conteo de ciudadanos menores en el censo.

Una cuestión política camuflada de técnica

Aunque en el fondo se está discutiendo un tema jurídico, el verdadero combustible de esta batalla es ideológico y político. “Es una forma de reafirmar el orden y los valores nacionales frente a una inmigración que creen descontrolada”, señalan expertos como Angela Kelley, analista política del American Immigration Council.

La narrativa utilizada por Trump y sus aliados se enfoca en que hay personas que "vienen a tener hijos y reciben beneficios", lo cual es parte del argumento contra lo que llaman "turismo de nacimiento". Sin embargo, la evidencia empírica que apoye esta idea es escasa. Un informe del Government Accountability Office en 2020 no halló pruebas del supuesto uso fraudulento del sistema de salud pública para dar a luz.

El próximo campo de batalla: la Corte Suprema

Con múltiples fallos adversos en tribunales de primera y segunda instancia, está claro que la administración Trump intentará llevar el caso ante la Corte Suprema. Dado el actual balance conservador de seis jueces frente a tres liberales, muchos observadores prevén que este tribunal sí podría estar dispuesto a reconsiderar la doctrina tradicional.

Pese a esta posibilidad, eliminar la ciudadanía por nacimiento no es solo una cuestión de reinterpretar una frase ambigua. Significaría deshacer más de un siglo de precedentes judiciales, algo que incluso algunos conservadores consideran riesgoso desde el punto de vista institucional y social.

“La ciudadanía por nacimiento es una piedra angular del contrato social estadounidense desde hace más de 150 años. Alterarla afectaría profundamente la identidad nacional y el estado de derecho”, afirma la historiadora legal Martha Jones, autora del libro "Birthright Citizens".

¿Es legal una orden ejecutiva para reformar la Constitución?

Una pregunta clave gira en torno a si el presidente puede, por sí solo, alterar lo que se considera un derecho constitucional. Y la respuesta más respaldada entre los juristas es: no.

La Constitución puede ser enmendada solo mediante propuestas aceptadas por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificadas por tres cuartos de los estados. Por lo tanto, cualquier intento de modificar la aplicación de la 14.ª Enmienda mediante orden ejecutiva es fundamentalmente contrario al espíritu de la ley suprema.

En la sentencia del juez Sorokin, se reafirma este principio: “El Poder Ejecutivo no puede, mediante decreto administrativo, redefinir lo que la Constitución protege o garantiza”.

¿Camino a 2024 o cortina de humo?

Algunos analistas políticos sugieren que este debate emerge con fuerza no porque haya un interés genuino en alterar el sistema legal, sino porque es un recurso simbólico y movilizador en tiempos electorales. En otras palabras, un medio más que un fin.

De cara a las presidenciales de 2024, este tema apela directamente a la base política de Trump: conservadora, antiinmigrante y escéptica de la expansión liberal del estado. La ciudadanía por nacimiento se convierte así en una especie de señal identitaria, un test de lealtad a ciertos valores nacionales rígidos sobre raza, origen y pertenencia.

Un principio en juego

La política de negar la ciudadanía por nacimiento no solo cuestiona una cláusula constitucional: pone en tela de juicio lo que significa ser estadounidense. ¿Es la nacionalidad un premio que se gana mediante "méritos" familiares o actos de adhesión? ¿O es, como sostienen los fundadores tras la Guerra Civil, un estatus enraizado en el simple hecho de nacer en tierra estadounidense?

La respuesta todavía está por llegar. Pero lo cierto es que cada intento de socavar la 14.ª Enmienda encuentra no solo resistencia legal, sino un profundo eco cultural y moral sobre el alma de Estados Unidos.