Trump redobla su guerra contra la migración y medios públicos mientras busca cimentar su agenda

Una estrategia de choque: Trump recorta $9 mil millones a medios públicos y ayuda extranjera

Con la firma de un nuevo proyecto de ley, el expresidente Donald Trump canceló aproximadamente $9 mil millones previamente aprobados para la Corporación de Radiodifusión Pública y programas de ayuda internacional. Este recorte drástico representa una de las medidas más concretas de su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental.

La decisión afecta directamente a la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB), que financia medios como NPR y PBS. Estas cadenas proveen contenido educativo y cultural a 1,500 estaciones locales en EE. UU.; muchas de las cuales dan servicios esenciales a comunidades rurales. Según la senadora Lisa Murkowski (R-Alaska):

“Estas estaciones no sólo transmiten noticias, también avisan sobre tsunamis, deslaves y erupciones volcánicas.”

Sin embargo, para la Casa Blanca, se trata de gastos innecesarios y estructuras mediáticas supuestamente “politizadas”.

Según la administración Trump, los recortes a la ayuda extranjera incentivarán a otras naciones a asumir mayor responsabilidad en respuesta a crisis humanitarias. En contraposición, los demócratas alertaron del impacto catastrófico de la medida, acusando a la administración de provocar hambre, enfermedades y un vacío geopolítico que favorecerá a China.

“Con estos recortes provocaremos muerte, propagación de enfermedades y más hambre en el mundo”,
Senador Brian Schatz (D-Hawaii)

La deportación de un migrante venezolano que desató una batalla legal

Mientras recorta al exterior, Trump también intensifica su ofensiva contra los migrantes dentro del país. El caso de Neiyerver Adrián Leon Rengel, un barbero venezolano de 27 años, ilustra la dureza del nuevo enfoque migratorio.

En marzo de 2024, Rengel fue detenido en Texas y acusado, supuestamente por sus tatuajes, de afiliación al violento grupo criminal Tren de Aragua. Sin tener antecedentes penales ni pruebas claras en su contra, fue deportado a El Salvador bajo la Alien Enemies Act de 1798, alegando conexiones terroristas.

Una vez en El Salvador, fue encerrado en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Allí, según su declaración, fue golpeado por guardias, impedido de comunicarse con su familia y violado su derecho al debido proceso.

Sus abogados, de la organización Democracy Defenders Fund, han exigido $1.3 millones en compensación por daños psicológicos y físicos. Además, un juez federal en Washington D.C. dictaminó que al menos algunos migrantes como Rengel deben tener derecho a impugnar su deportación y acusaciones.

“Muchos de estos migrantes no tienen conexión alguna con la banda Tren de Aragua, y están encarcelados en el extranjero bajo acusaciones frágiles, incluso ridículas.”
Juez James Boasberg

A pesar de esa orden judicial, el gobierno de Trump ignoró el mandato y deportó a decenas de ellos a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros.

¿Se está ignorando al Poder Judicial?

El incumplimiento de la orden judicial abrió una investigación por desacato contra la administración Trump. Además, un informante del Departamento de Justicia denunció que uno de sus superiores sugirió ignorar futuras órdenes judiciales si resultaban inconvenientes para la política migratoria.

Estos hechos generan serias preguntas sobre el respeto al equilibrio de poderes y el papel del Poder Judicial ante un Ejecutivo que actúa al margen de la legalidad.

Una familia rota: el caso de Paola Clouatre

A la vez, otro caso ha puesto rostro humano al endurecimiento migratorio de Trump: el de Paola Clouatre, una madre mexicana de dos niños, casada desde principios de 2024 con un veterano de la Marina estadounidense.

Clouatre fue detenida en mayo durante una cita con USCIS para completar su proceso de residencia permanente. Sin aviso ni oportunidad de defenderse, oficiales de ICE la esposaron ante su esposo y la enviaron a un centro de detención en Monroe, Louisiana. El motivo: una orden de deportación emitida en 2018 por la ausencia de su madre a una audiencia migratoria durante su infancia.

Desde entonces, su esposo Adrian Clouatre ha emprendido una cruzada legal para liberarla, recorriendo semanalmente casi 300 km para que Paola pueda ver a sus hijos y amamantar al más pequeño.

Un juez en California logró frenar su deportación esta semana, pero su liberación aún no está asegurada. Incluso con una visa familiar aprobada, el sistema se ha trabado en burocracia y desconfianza.

Política migratoria: ¿seguridad o castigo?

La promesa de deportar a millones de personas sin documentación ha sido una de las piedras angulares de la plataforma política de Trump. Pero lo que para sus partidarios es una victoria por la seguridad nacional, para sus críticos es una sistematización de la crueldad y una erosión del estado de derecho.

Organizaciones como American Immigration Lawyers Association (AILA) han documentado más de 70,000 arrestos en el primer semestre de 2024, muchos de los cuales involucran familias con niños y migrantes con procesos legales pendientes.

“Estamos viendo cómo un discurso político se convierte en política oficial sin respetar los derechos fundamentales de los individuos,”
Alejandro Alvarado, vocero de AILA

¿Qué está en juego?

• Dimensión internacional: La reducción de ayuda extranjera podría debilitar el poder blando estadounidense, cediendo terreno a potencias como China o Rusia.
• Dimensión cultural: El ataque a medios públicos amenaza el acceso de millones de personas a recursos educativos, especialmente en zonas rurales.
• Dimensión legal y moral: Acusaciones de abuso en prisiones extranjeras, deportaciones sin proceso, e incluso desprecio judicial, acercan a EE. UU. a zonas grises del derecho internacional humanitario.
• Dimensión social: Historias como las de Clouatre exponen hasta qué punto la política migratoria puede fracturar a familias establecidas y contribuir a una cultura de miedo.

El futuro del enfoque Trump

Ante las elecciones de 2024, la activación de medidas fuertes como recortes presupuestales, mayor control migratorio y enfrentamientos con el Poder Judicial forman parte de una táctica electoral conocida, pero polarizante.

¿Será ese el legado que definirá el nuevo ciclo político en EE. UU.? ¿O provocará mayor resistencia institucional, judicial y ciudadana?

Lo que es indudable es que ya no se trata solo de cifras o ideologías, sino del derecho básico a una justicia imparcial y una vida digna.