El Poder Ejecutivo en la Mira: Trump, la Corte Suprema y el futuro de los organismos independientes
La remoción de tres comisionados demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor por parte de Donald Trump desata un debate sobre la separación de poderes y el legado de una sentencia histórica de 1935
Una decisión que reaviva viejos dilemas constitucionales
La Corte Suprema de Estados Unidos ha reavivado un debate legal y político con profundas implicaciones para el equilibrio de poderes al permitir, mediante una decisión urgente, que la administración de Donald Trump destituya a tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC). Esta decisión —breve y sin firma— coloca a la comisión entre las muchas agencias independientes cuya autonomía se cuestiona bajo la óptica del poder ejecutivo dominante.
¿Qué es y por qué importa la CPSC?
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor fue creada por el Congreso en 1972 con una misión clara: proteger al público contra productos inseguros. Entre sus funciones se encuentra emitir retiradas obligatorias del mercado, iniciar demandas y regular la seguridad de objetos tan diversos como juguetes, electrodomésticos y herramientas. La comisión está compuesta por cinco miembros, con una regla partidista que limita a tres el número de comisionados que pueden pertenecer al partido del presidente.
Esta estructura bipartidista ha sido históricamente vista como un mecanismo de garantía para que diversas ideologías tengan representación y consideración en aspectos críticos como la seguridad del consumidor. Sin embargo, esa arquitectura ha sido agitada, literalmente, por el accionar del expresidente Trump.
De la destitución a la reinstalación... y de vuelta
En mayo, Trump destituyó a los tres comisionados demócratas designados por el presidente Joe Biden, a pesar de que estos cumplían mandatos de siete años conforme la ley establece. Un juez del tribunal de distrito en Baltimore, Matthew Maddox, dictaminó en junio que las destituciones eran ilegales, argumentando que el rol mixto de la CPSC como organismo regulador y ejecutor complicaba la posibilidad de considerarla bajo el control directo del Ejecutivo.
No obstante, con su mayoría conservadora, la Corte Suprema revocó provisionalmente esta decisión, alineándose con anteriores resoluciones que afirmaban la potestad presidencial de remover a miembros de agencias incluso consideradas "independientes".
El regreso del debate: ¿El presidente tiene poder absoluto sobre las agencias?
Este episodio convoca a un fantasma jurídico que ronda el constitucionalismo estadounidense desde hace décadas: el caso Humphrey’s Executor vs. Estados Unidos (1935). En aquel entonces, la Corte Suprema dictaminó que el presidente no podía destituir sin causa a los miembros de la Comisión Federal de Comercio, blindándolos frente a cambios políticos.
El precedente de 1935 permitió el nacimiento de múltiples agencias autónomas como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). Estas instituciones emergieron con poder regulatorio sin la amenaza latente del vaivén político, y por ende, han sido fundamentales en el equilibrio del poder administrativo federal.
El ala conservadora vs. Humphrey’s Executor
Los juristas conservadores llevan décadas intentando desmontar Humphrey’s Executor. Argumentan que las agencias independientes representan una violación al Artículo II de la Constitución, al crear una nebulosa zona de poder que escapa tanto del Ejecutivo como del Congreso. Esta "cuarta rama del gobierno", como la llaman algunos, ha sido rechazada por pensadores del originalismo constitucional.
“Esta Corte está facilitando una transferencia permanente de autoridad, pieza por pieza, de un poder del Gobierno a otro,”
La jueza Kagan, junto a Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, fue parte de la disidencia liberal, advirtiendo que esta medida erosiona la arquitectura deliberada diseñada por los constituyentes estadounidenses.
¿Y el futuro? Más agencias en la mira
La remoción de los comisionados de la CPSC no es un caso aislado. La Comisión Federal de Comercio (FTC), precisamente la agencia protagonista de Humphrey’s Executor, enfrenta una controversia similar. El caso de Rebecca Slaughter, comisionada recientemente despedida y luego reinstalada por orden judicial, continúa su periplo legal, lo cual augura que la Corte Suprema deberá resolver nuevamente el núcleo del conflicto: ¿puede el presidente remover a todo comisionado de agencia, sin justificación alguna?
¿Bajo control presidencial o independientes? El dilema histórico
Los defensores de la independencia administrativa sostienen que estos órganos fueron diseñados no como instrumentos del presidente de turno, sino como contrapesos encargados de proteger derechos específicos, como la equidad laboral, la seguridad de los consumidores o la competencia justa en los mercados.
- En 2024, había más de 50 agencias federales consideradas independientes o cuasi-independientes (GAO).
- Estas agencias regulan sectores que suman más de 16 billones de dólares en actividad económica anual, desde la banca hasta el medio ambiente.
Un giro doctrinal que brinde poder de remoción absoluto al presidente podría reconfigurar ese ecosistema completo.
Los riesgos de un Ejecutivo sin amarras
Más allá del debate legal, este capítulo plantea una pregunta política crucial: ¿queremos una administración pública al servicio del país o del presidente? La remoción de miembros de la CPSC no solo politiza asuntos técnicos, sino que exhibe el riesgo de que el siguiente escalón sea el control ideológico absoluto sobre políticas que deben basarse en evidencia.
Los expertos han advertido que desmantelar los márgenes de independencia traerá sevicias operativas:
- Decisiones contra grandes conglomerados industriales podrían ser obstaculizadas si los comisionados temen represalias políticas.
- La innovación reguladora —fundamental en industrias como la IA o las energías renovables— podría estancarse al cumplir dogmas presidenciales en lugar de realidades técnicas.
¿Privatización encubierta o reorganización razonable?
Estas preguntas no resultan anacrónicas. Durante su presidencia, Donald Trump propuso, en reiteradas ocasiones, privatizar la Oficina Postal o reducir las facultades de la EPA. Incluso, comisionados de agencias como Medicare o el Departamento de Educación se vieron presionados para alinear su gestión a postulados políticos, aún cuando esto ponía en riesgo poblaciones vulnerables.
Por su parte, el nuevo jefe del Servicio Postal, David Steiner, señaló en un evento reciente:
“No creo que el Servicio Postal deba privatizarse ni convertirse en un órgano dependiente del presupuesto federal. Nuestra autonomía nos ha dado 250 años de historia única.”
¿Qué se juega en la próxima decisión de la Corte?
Si la Corte Suprema decide desechar completamente el precedente de 1935, empoderará al próximo presidente con una capacidad de intervención total sobre las decisiones de organismos técnicos. Esto podría significar un cambio estructural al modelo de gobierno estadounidense, basado hasta ahora en un fino balance entre poderes.
Los peligros de esta concentración institucional son explícitos. Un mandatario con motivaciones autoritarias podría emplear esa facultad para anular cualquier disenso técnico-político con tal de imponer su agenda. El equilibrio se vería roto, y con ello el principio fundacional de una república plural y deliberante.
Una democracia sobre ruedas de jurisprudencia
El caso de los comisionados de la CPSC no es menor. Es, en esencia, un signo de advertencia. La república estadounidense se enfrenta a un dilema entre la eficiencia inmediata y la legitimidad institucional a largo plazo. Detrás del tecnicismo legal subyace una pregunta medular: ¿debe el presidente gobernar solo? La respuesta a esa pregunta marcará, sin ambigüedades, el rumbo democrático de las próximas décadas en Estados Unidos.
