Puerto Rico vs. LUMA: El apagón de la paciencia en la isla caribeña

El hartazgo alcanza los tribunales

El gobierno de Puerto Rico ha dado un paso sin precedentes en su lucha por proteger a los ciudadanos de los apagones crónicos que afectan al archipiélago caribeño. Esta semana, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentó una demanda civil contra LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión y distribución eléctrica en la isla desde 2021. Acusa a LUMA de negligencia sistemática y exige que se haga responsable por los daños ocasionados a electrodomésticos y bienes de los ciudadanos debido a fluctuaciones y interrupciones del servicio eléctrico.

Con un clima de indignación creciente, miles de puertorriqueños han vivido por años con la incertidumbre de tener luz o no, así como el temor de que un simple apagón dañe sus equipos electrónicos. Según la demanda, LUMA ha rechazado más de 1,800 reclamaciones por daños, dejando a los consumidores sin alternativas claras de compensación.

Un contrato impopular desde su inicio

Desde que LUMA firmó contrato con el gobierno de Puerto Rico en 2020 y tomó control en 2021, las críticas no han cesado. Las fallas diarias en el suministro eléctrico, sumadas a una comunicación ineficiente y costes operacionales elevados, han hecho que la empresa sea una de las más impopulares en la isla.

La promesa de mejorar y modernizar un sistema deteriorado no se ha cumplido. Al contrario, los eventos climáticos como tormentas y huracanes, lejos de ser la única causa, han evidenciado cuán frágil es una infraestructura que ya arrastraba décadas de desinversión bajo la gestión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La sombra de María sigue presente

Para entender el contexto actual, es necesario remontarse al huracán María en septiembre de 2017. Esta tormenta de categoría 4 destruyó virtualmente la red eléctrica de la isla. Sin embargo, muchos expertos concuerdan en que el colapso del sistema ya era previsible, pues durante décadas la AEE operó con una infraestructura sin modernizar y con deuda acumulada que, en algunos momentos, llegó a los 9 mil millones de dólares.

Pese al desastre que representó María, los avances en la reconstrucción de la red han sido lentos y plagados de dificultades burocráticas, malas gestiones y decisiones criticadas, como precisamente el contrato con LUMA.

Una empresa protegida por la ley

Uno de los puntos más polémicos de la situación es la inmunidad legal de la que gozan los empleados y contratistas de LUMA, otorgada por una resolución del Negociado de Energía de Puerto Rico en 2021. Esto ha permitido a la compañía eludir las consecuencias legales directas por los errores o negligencias cometidas por su personal frente a los consumidores.

La demanda presentada por el DACO busca responsabilizar a LUMA como empresa, desafiando este blindaje legal. Como ha declarado la entidad:

“Es hora de que LUMA sea totalmente responsable ante los consumidores puertorriqueños”.

La indignación cotidiana del boricua

Como escribió recientemente el periodista puertorriqueño Benjamín Torres Gotay:

“Aquí no se va la luz, aquí tienes que rezar para que hoy no se vaya”.

No se trata solo de apagones, sino de lo que estos simbolizan: una isla que, pese al talento de su gente, vive en estado de precariedad constante. Refrigeradores rotos, equipos médicos fallando, aires acondicionados dañados en medio de una ola de calor, negocios que pierden inventario… las pérdidas diarias no son solo materiales, sino también psicológicas.

Un sistema que falla tanto afecta la salud mental, la productividad y la seguridad. Muchos ciudadanos han tenido que hacerse de generadores costosos o sistemas solares, inversiones que no todos pueden costear.

Las cifras de la desesperación

• La población de Puerto Rico asciende a unos 3.2 millones de personas.
• El 40% de la población vive en la pobreza, según datos del U.S. Census Bureau.
• La isla ha enfrentado al menos dos apagones generales en los últimos seis meses: Nochevieja y Semana Santa.
• Más de 1,828 reclamaciones por equipos dañados han sido rechazadas por LUMA.
• Desde que LUMA asumió funciones, ha habido protestas constantes frente a sus oficinas, cortes y marchas ciudadanas exigiendo su salida.

Una promesa rota… ¿y revocable?

En un intento por calmar las aguas, el gobernador Pedro Pierluisi prometió hace meses evaluar la terminación del contrato con LUMA. No obstante, también advirtió que se trata de un proceso complejo, largo y lleno de restricciones legales. Cancelar el contrato podría traer consecuencias económicas y legales sorpresivas, por lo que sigue en revisión sin avances concretos.

Pero mientras se analiza y se promete, los apagones continúan.

¿Y las alternativas?

Grupos ciudadanos, como Queremos Sol, abogan por una transición hacia sistemas de energía solar comunitaria y descentralizada, que libere a la isla de la dependencia de combustibles fósiles, redes inseguras y empresas externas.

Algunas cooperativas energéticas y movimientos vecinales ya han logrado establecer microredes alimentadas por placas solares, demostrando en pequeña escala que otra energía es posible. Pero para que sea una solución a gran escala, se necesita voluntad política, financiamiento y un cambio radical en la narrativa sobre el futuro energético de Puerto Rico.

Una sentencia en construcción

La demanda contra LUMA es apenas el inicio de lo que podría ser un proceso largo, lleno de apelaciones y obstáculos legales. Pero para muchas familias, el paso dado por el gobierno representa algo más que un proceso jurídico: simboliza la voz de una ciudadanía cansada que no está dispuesta a seguir pagando, literal y simbólicamente, por un servicio deficiente.

Puerto Rico no solo pide electricidad. Pide respeto, inteligencia administrativa, y sobre todo, justicia. Un país moderno no puede funcionar sin energía confiable, y los boricuas no están dispuestos a permitir que la luz al final del túnel sea solo retórica.