El Bronx en crisis: Cómo los recortes federales amenazan décadas de progreso comunitario

Una red de vida en juego

En un caluroso día de verano en el Bronx, niños saltan entre rocas a orillas del Bronx River, ciclistas recorren los nuevos caminos pavimentados, y kayaks descansan donde antes hubo basura industrial. Hoy parece un paraíso urbano, pero este pequeño milagro ambiental está bajo amenaza. El Bronx River Greenway, ejemplo simbólico de justicia ambiental, ha sido construido durante décadas con fondos federales y acuerdos legales derivados de la contaminación por parte de entidades más ricas.

Ahora, el futuro de este y muchos otros proyectos en el distrito más pobre del país pende de un hilo. Las políticas del expresidente Donald Trump, con recortes a subvenciones federales a organizaciones sin fines de lucro, están generando lo que muchos consideran un tsunami silencioso de consecuencias sociales, económicas y ambientales.

Una nueva era de austeridad para las organizaciones comunitarias

De las 342 organizaciones sin fines de lucro registradas en el Bronx, más del 84% dependen significativamente de subvenciones federales, una proporción muy por encima del promedio estatal del 70%, según un estudio del Urban Institute. Estas organizaciones cumplen funciones vitales que van desde el apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica hasta la prevención del crimen entre jóvenes.

Pero la interrupción de este financiamiento ha comenzado a mostrar sus efectos. Grupos han tenido que despedir empleados, congelar contrataciones y cancelar programas. Uno de los más afectados es la Bronx River Alliance, que recientemente perdió $1.5 millones prometidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación, cortando la vía a proyectos de mejora de la calidad del agua y resiliencia climática.

“Cuando América estornuda, el Bronx se enferma”

Ese dicho, repetido por el representante Ritchie Torres, resume la vulnerabilidad estructural del distrito. No se trata simplemente de perder espacios verdes. Es la ruina de una red comunitaria entera. “Hemos tenido décadas de desinversión en estas comunidades”, comenta Jonathan Monsalve, presidente de la Osborne Association. “Y cuando finalmente empezamos a ver inversiones significativas, nos lo arrebatan de golpe”.

Impacto real: menos opciones para la juventud y las víctimas

Un programa de la Osborne Association que ofrecía alternativas a la cárcel para jóvenes con cargos por posesión de armas perdió $666,000 de una subvención de $2 millones. Resultado: 25 jóvenes ya no podrán acceder a una segunda oportunidad. En sus palabras: “sin alternativas, ese grupo se dirige directo a la prisión”.

Del mismo modo, la organización Safe Horizon, dedicada a apoyar víctimas de violencia doméstica, fue forzada a abandonar una subvención millonaria debido a cláusulas que contenían restricciones extremas sobre los derechos LGBTQ+ y la equidad racial. Esto significa menos personal en las cortes del Bronx y menos apoyo para quienes más lo necesitan.

Una regresión marcada por ideología

Desde principios de 2024, la administración Trump ha congelado o desmantelado múltiples programas basados en conceptos como diversidad, equidad, inclusión y justicia ambiental. Según datos del Departamento de Justicia, más de $810 millones en subvenciones para prevención del crimen han sido canceladas, junto con intentos de eliminar $2 mil millones dedicados a justicia ambiental a través de la EPA.

Desde una perspectiva pragmática, esto significa quitarle herramientas a comunidades que apenas comenzaban a levantarse. “Ya no somos una prioridad”, afirma Monsalve. “El mensaje es claro: no encajamos en el plan”.

¿Caridad en vez de justicia estructural?

Desde la década de 1960, el gobierno federal ha trabajado en estrecha colaboración con el sector sin fines de lucro para resolver problemas sociales. Según el Urban Institute, solamente en 2021 se asignaron $267 mil millones a organizaciones sin fines de lucro desde todos los niveles gubernamentales.

Pero el nuevo enfoque pide que la gente dependa de la “generosidad individual”. Como señaló un portavoz de la Casa Blanca: “En lugar del despilfarro gubernamental, nos enfocamos en desatar la generosidad individual de los estadounidenses”.

Esto ignora una realidad contundente: la filantropía privada no puede reemplazar el poder redistributivo del Estado. Ni tiene la escala, ni la consistencia, ni el enfoque estratégico de una política pública bien diseñada.

Comparativa nacional: McDowell, West Virginia, otro epicentro del impacto

Este fenómeno no se limita al Bronx. En el condado de McDowell, en West Virginia —cuna del programa de cupones de alimentos— los efectos son igual de devastadores. Allí, más del 50% de los niños dependen del CHIP (seguro de salud infantil), y un tercio de los adultos mayores utiliza Medicaid.

Según Rosemary Ketchum, directora ejecutiva de la West Virginia Nonprofit Association, “estas reducciones federales están matando de hambre a nuestra gente”. En McDowell, las siete organizaciones sin fines de lucro que reciben subvenciones federales ya operan en pérdidas, y su desaparición inmediata sería una realidad si no aparece otra fuente de financiamiento.

Infraestructura, salud y acceso básico amenazados

En zonas como McDowell, los servicios más fundamentales ya están en su punto más frágil. Algunas personas se abastecen del agua de manantiales o minas abandonadas. El grupo DigDeep, que proporciona acceso a agua potable, calcula que cientos de personas no confían en el suministro público debido a sistemas de distribución obsoletos heredados de compañías mineras desaparecidas.

Proyectos de alcantarillado, tratamiento de aguas y digitalización escolar también fueron cancelados tras la derogación de programas como el Acta de Equidad Digital. Para áreas rurales sin acceso universal a internet, esta decisión representa una barrera más hacia el desarrollo.

Ni ricos están blindados: el caso de Orange County, California

Curiosamente, hasta en distritos con más recursos como Orange County, California, los recortes tienen impacto tangible. Organizaciones como el Friendship Shelter, que opera con $15 millones anuales, reciben $11.5 millones de fuentes gubernamentales. Sin ese apoyo, sus operaciones quedarían en ruinas.

Una encuesta realizada por la Fundación Samueli encontró que los donantes privados no están dispuestos ni pueden reemplazar la magnitud de los fondos públicos. Solo 1 de cada 10 colectivos tiene fondos de reserva operativa sustancial. Es decir, incluso en lugares ricos, la red de apoyo gubernamental es esencial.

¿Y ahora qué? El rol de gobiernos locales y filantropía

Ante este panorama, líderes comunitarios llaman a una respuesta urgente y coordinada. “Los gobiernos locales y la filantropía deben tomar decisiones inteligentes y valientes para llenar estos vacíos”, dice Liz Roberts, directora de Safe Horizon. Aunque reconoce que eso tomará tiempo, sostiene que no hay espacio para la indecisión si se quiere evitar un retroceso de décadas.

Ritchie Torres concluye con una advertencia: “Las organizaciones gastaron cientos de miles para solicitar contratos federales, contrataron personal, hicieron planes... Todo eso desapareció. Es una bomba que desestabiliza nuestras comunidades”.

Una crisis en cámara lenta

La historia del Bronx se convierte así en un espejo de lo que puede suceder en muchas comunidades cuando el apoyo del Estado se convierte en ideología y no en política pública. Lo que está en juego no son solo parques o programas. Es una cuestión de justicia, equidad y supervivencia.