¿Qué oculta Washington sobre Jeffrey Epstein? La batalla por los archivos secretos reabre viejas heridas

Un rompecabezas sin resolver: ¿Quién teme la verdad?

Han pasado más de cinco años desde la misteriosa muerte de Jeffrey Epstein en una cárcel de Nueva York en 2019. Sin embargo, su sombra aún persiste, sacudiendo los cimientos del poder político en Estados Unidos. Esta vez, el epicentro del conflicto es el Congreso, donde se enfrenta una nueva guerra entre transparencia y silencio institucional: ¿Debe el gobierno liberar todos los archivos relacionados con Epstein y su red de tráfico sexual de menores?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se encuentra en el ojo del huracán. Mientras muchos miembros de su propio partido exigen acciones concretas, él ha decidido esquivar el tema, suspendiendo prematuramente las sesiones legislativas y otorgando a los legisladores un mes de receso. Su mensaje: la Casa Blanca necesita “espacio” para actuar.

Epstein: un tráfico de secretos tan grande como su imperio

Jeffrey Epstein, un multimillonario financiero vinculado a figuras de alto perfil —desde ex presidentes hasta príncipes y magnates— fue acusado de abusar sexualmente de niñas menores durante más de una década. La fiscalía estableció que él y su socia, Ghislaine Maxwell, construyeron una red de explotación de menores que operaba con total impunidad desde sus múltiples propiedades lujosas.

Lo perturbador del caso Epstein no solo es el espanto de sus crímenes, sino los ecos de protección que rodearon sus actividades durante años. ¿Quiénes facilitaron su impunidad? ¿Qué nombres figuran en sus agendas privadas, en los vuelos del famoso ‘Lolita Express’, y en las grabaciones de sus mansiones?

El Congreso dividido: entre la presión ciudadana y la prudencia política

El clamor por la transparencia ha trascendido líneas partidistas. Republicanos y demócratas han reconocido la necesidad de arrojar luz sobre el caso y aprobar leyes que lleven a la publicación de más documentos. No obstante, Johnson se muestra reacio y ha citado que comparte el deseo de Trump de hacer públicos solo los documentos “creíbles”.

Para figuras como el congresista Ralph Norman (Republicano de Carolina del Sur), este silencio no es sostenible. “La población no permitirá que esto se olvide, y con razón”, declaró. Por su parte, el subcomité republicano del Comité de Supervisión de la Cámara ya avanza una resolución para obligar a testificar a Ghislaine Maxwell desde prisión.

Ghislaine Maxwell y el misterio sin cerrar

Maxwell, declarada culpable en 2021 por ayudar en la red de tráfico de Epstein, sigue siendo considerada un eslabón central para desentrañar a los posibles colaboradores del magnate. Algunos legisladores exigen que se le interrogue de nuevo, con la esperanza de obtener detalles que vinculen a personas influyentes.

La idea detrás de una resolución para citarla a declarar es más un mensaje político que una solución inmediata, pero tiene un peso simbólico poderoso: ningún nombre debería estar por encima de la ley. Las víctimas lo reclaman, y millones de ciudadanos también.

Donald Trump, Epstein y la política de la “verdad selectiva”

Donald Trump, cuya relación con Epstein ha sido objeto de escrutinio desde hace más de una década, ha pedido que se publique el testimonio presentado ante el gran jurado. Sin embargo, su administración y ahora su bancada parecen más interesados en manejar cuidadosamente el escándalo que en revelarlo por completo.

El fenómeno va más allá del carácter de Trump: representa una actitud institucional de ocultamiento cada vez más criticada por bases conservadoras, influencers y votantes, muchos de los cuales consideran que existen compromisos ocultos e intereses cruzados entre las élites que frenan la justicia.

Víctimas silenciadas, justicia demorada

Las cifras del caso son estremecedoras: Epstein habría abusado de al menos 36 niñas, muchas de ellas menores de 14 años. Pero los números reales podrían ser mucho más altos. Los fiscales reconocen que su capacidad de acción estuvo limitada durante más de una década por la influencia del empresario sobre importantes figuras.

“Tenemos la responsabilidad moral de revelar el mal de Epstein y todos los que estuvieron involucrados”, dijo Johnson. “Pero también tenemos la responsabilidad de proteger a los inocentes”.

Frente a este argumento, muchas víctimas han respondido denunciando que el silencio solo perpetúa el poder de sus abusadores. Cada día sin respuestas prolonga el sufrimiento de quienes vivieron el horror en carne propia.

La Cámara de Representantes, paralizada por miedo o por cálculo

Los últimos días en el Congreso han sido caóticos. La noche del lunes, el Comité de Reglas —controlado por republicanos— suspendió abruptamente sus sesiones ante la presión de los demócratas que exigían avanzar con medidas para obtener los archivos del caso Epstein. Esto evidenció la pérdida de control de Johnson sobre su propio partido, especialmente sobre los sectores más radicales y conectados con las redes sociales conservadoras.

Fue entonces cuando Johnson optó por un controversial paso atrás: enviar a los legisladores a casa, cancelando el resto de los trabajos de la semana. Una maniobra clásica de evasión política para evitar un voto incómodo.

Un patrón repetido: archivos clasificados y manipulación del sistema judicial

El caso Epstein no es una excepción aislada. En los últimos años, múltiples investigaciones contra multinacionales, políticos y figuras públicas han sido frenadas por reclamos de “protección de la seguridad nacional” o “protección a las víctimas”. El patrón es claro: el sistema judicial parece tener frenos cuando su accionar puede dañar las estructuras de poder.

Solo en los casos relacionados con inteligencia y abuso de poder, el Congreso ha visto cómo múltiples peticiones de información terminan siendo negadas o subestimadas. El caso Epstein es simplemente el más gráfico.

La presión del electorado: ¿se acerca un punto de no retorno?

Las redes sociales, especialmente los sectores alineados con el extremismo republicano, han transformado el caso Epstein en una bandera de guerra. La exigencia de saber “quiénes fueron los clientes” y cómo se encubrió el esquema alcanza niveles de furia colectiva pocas veces vistos en asuntos legislativos, y eso pone en jaque a los políticos más cautelosos.

Las víctimas, sus abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que el Congreso no puede permitir que esta historia muera sin justicia completa. “Sin verdad no hay reparación posible”, dijo en una declaración Alicia Arden, una de las primeras mujeres que denunció a Epstein públicamente.

¿Qué hay en juego?

• La credibilidad institucional: La negativa a liberar los archivos ensombrece la confianza ciudadana en el Congreso y el sistema judicial.
• El legado de impunidad: Si figuras de poder salen ilesas, sienta un precedente para futuros esquemas de encubrimiento.
• El destino de futuras víctimas: Lo que suceda con Epstein puede determinar cómo se enfrentan futuros casos de tráfico sexual y trata de personas.

Un país dividido entre la justicia y la conveniencia

La lucha por la liberación de los archivos de Epstein es algo más profundo que un simple caso judicial: es una batalla cultural por el alma política de Estados Unidos. ¿Es el país realmente capaz de exigir verdad incluso si la verdad incomoda a sus líderes?

La presión no se detendrá pronto. El Congreso deberá decidir si honra su compromiso con la justicia o si, una vez más, cede ante las sombras del privilegio y el silencio.