Trump y el rediseño del gobierno federal: ¿eficiencia o desmantelamiento institucional?

Un gobierno en transformación: múltiples frentes abiertos

Durante los últimos meses, la administración del expresidente Donald Trump ha protagonizado una serie de decisiones controvertidas que están redefiniendo el tamaño y el propósito del gobierno federal de los Estados Unidos. Entre los ejes más comentados están el manejo del caso Jeffrey Epstein, la reorganización de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las reformas al sistema electoral estadounidense. Estas acciones, que se producen en un contexto de creciente polarización, están generando intensos debates sobre la salud institucional del país.

El caso Epstein y los secretos judiciales

Uno de los focos de mayor controversia gira en torno al manejo del caso Epstein. El Departamento de Justicia, por orden del presidente Trump, solicitó a un tribunal federal que desclasificara las transcripciones del jurado investigador (grand jury) de los casos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Esta decisión sigue a un informe del Wall Street Journal que menciona una carta sugerente, supuestamente escrita por Trump, encontrada entre los recuerdos del cumpleaños número 50 de Epstein.

“Es falsa, maliciosa y difamatoria”, respondió tajantemente Trump sobre dicha carta.

Los fiscales federales han prometido realizar redacciones para proteger a las víctimas y testigos antes de divulgar las transcripciones, proceso que podría tardar semanas o incluso meses. Cabe destacar que la publicación de estos documentos no es habitual, salvo en procedimientos judiciales concretos.

Esta movida se interpreta también como un intento del expresidente por limpiar su imagen pública, pero tanto analistas como juristas advierten sobre los posibles efectos adversos para el debido proceso y la privacidad de las víctimas.

EPA: de ciencia a “soluciones aplicadas”

El anuncio más polémico ha sido la reestructuración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), especialmente la eliminación de su Oficina de Investigación y Desarrollo (ORD), tradicionalmente considerada el “cerebro” científico de la agencia. El administrador Lee Zeldin justificó la medida como una forma de “potenciar la misión central” de la institución.

Con la creación de la nueva Oficina de Ciencia Aplicada y Soluciones Ambientales, Zeldin aseguró que se ahorrarán aproximadamente 750 millones de dólares. El plan incluye la reducción de personal en más de 3.700 empleados, lo que equivale a un 23% de la planta laboral existente.

“Esta reducción nos permitirá cuidar mejor los recursos fiscales sin comprometer nuestros objetivos medioambientales”, aseguró Zeldin.

Sin embargo, esta narrativa contrasta con las voces internas. Justin Chen, presidente del Consejo 238 del sindicato American Federation of Government Employees, alertó que el cierre de la ORD “devastará la salud pública”. Según documentos internos accesados por el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso, más de 1.100 científicos - químicos, biólogos, toxicólogos - podrían ser despedidos.

Esta no es una reforma aislada. La EPA ya había puesto en licencia administrativa a 139 empleados que firmaron una “declaración de disenso” contra las políticas de Trump, acusándolos de socavar su agenda. Asimismo, la agencia reabrió el proceso de renuncias diferidas hasta el 25 de julio, en lo que parece ser un paso adicional hacia una purga institucional.

Golpe a la democracia: reforma electoral bajo cuestionamiento

En paralelo, las cortes federales están debatiendo la legalidad de una ambiciosa orden ejecutiva de Trump para reformar el sistema electoral. Uno de sus puntos más conflictivos exigía a agencias gubernamentales verificar la ciudadanía de los solicitantes de registro electoral.

El Juez Federal Denise Casper —en un fallo parcial— limitó la implementación de ese mandato a los 19 estados que iniciaron la demanda contra el gobierno federal, aunque otro tribunal ya había bloqueado esa disposición a nivel nacional.

“Cambiar una de dos órdenes superpuestas no modifica su efecto combinado”, explicó Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California. La decisión refleja la cautela judicial ante los intentos presidenciales de centralizar el proceso electoral.

Además del requisito de prueba de ciudadanía, también se bloqueó la sección que exigía que las boletas enviadas por correo fueran “recibidas” (y no solo “mataselladas”) dentro del plazo de elecciones, otra maniobra que buscaba reducir la validez del voto por correo, popular entre los votantes demócratas.

¿Reforma o desmantelamiento encubierto?

Ante este panorama, hay una pregunta clave que flota como sombra sobre las decisiones tomadas por esta administración: ¿se trata de reformas bien intencionadas para aumentar la eficiencia del Estado o de un desmantelamiento institucional estratégico?

Para algunos analistas, como el politólogo Daniel Ziblatt, autor de “How Democracies Die”, estas acciones son “manifestaciones de cómo líderes populistas manipulan normas e instituciones para consolidar poder”. Ziblatt sostiene que erosionar la independencia burocrática, como se ha hecho en EPA o en el manejo de investigaciones judiciales como la de Epstein, abre la puerta a un sistema menos democrático.

Datos históricos también parecen reforzar esta hipótesis. EPA fue fundada en 1970 bajo el mandato republicano de Richard Nixon, como respuesta nacional al deterioro ambiental. Su misión ha sido esencial para lograr hitos como la Ley de Aire Limpio de 1970 y la Ley de Agua Limpia de 1972. El debilitamiento de su brazo científico contradice décadas de política bipartidista en defensa del medio ambiente.

Una estrategia de consolidación: poder y narrativas

Las decisiones recientes no se limitan a instituciones o procesos aislados. Forman parte de un marco más amplio en el que Trump y su círculo buscan centralizar poder, controlar el flujo de información y debilitar contrapesos institucionales. Desde la reforma de reglas electorales hasta el manejo mediático de casos sensibles como Epstein, se configura una narrativa de “recuperación” o “gran regreso” —retórica usada frecuentemente por Trump—, que propone una utopía ordenada bajo fuertes restricciones al disenso y una administración más vertical.

De hecho, como señala el periodista David Frum en The Atlantic: “Si los conservadores se convencen de que no pueden ganar democráticamente, no abandonarán el conservadurismo. Abandonarán la democracia.”

En este sentido, el rediseño del gobierno federal impulsado por Trump podría no ser un fin en sí mismo, sino una estrategia radical de control político a largo plazo.

Balance y lo que está en juego

Lo que se decide hoy en EE. UU. impacta más allá de sus fronteras. Desde la legitimidad de comicios democráticos hasta el futuro del planeta a través de políticas medioambientales, muchas de estas transformaciones no son simplemente “reformas internas”. Son síntomas de una era política global donde líderes autoritarios adaptan viejas democracias a nuevos formatos de poder.

Más allá del caso Epstein o los despidos de científicos, está en juego la noción misma de gobierno como árbitro neutral del interés público. ¿Sigue siendo el Estado estadounidense una herramienta al servicio común o se transforma en vehículo de agendas personales y partidistas?

La respuesta, como siempre en democracia, dependerá de la vigilancia ciudadana, el trabajo de prensa y la independencia judicial. Pero el reloj corre.