Entre represión y resistencia: los casos Soliman, Mogollón y Planned Parenthood revelan un sistema migratorio y sanitario bajo fuego político
Una revisión crítica de cómo Estados Unidos está entrelazando inmigración, derechos civiles y salud pública en una narrativa cada vez más autoritaria
Una fuga que dice mucho más que una simple evasión
En junio de 2024, cuatro detenidos escaparon del centro de detención federal Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Entre ellos se encontraba Andrés Felipe Pineda Mogollón, un colombiano de 25 años con antecedentes por hurto y robo residencial en Nueva Jersey y Nueva York. Después de varios meses de búsqueda, fue arrestado en una parada de tráfico en Silver Lake, Los Ángeles.
Lo que podría parecer un intento audaz de evasión carcelaria encierra más que simple astucia. Los cuatro escaparon rompiendo una pared del segundo piso y lanzando colchones por una abertura para amortiguar la caída. Cubrieron el alambre de púas del perímetro con sábanas. El FBI había ofrecido una recompensa de $25,000 por información que condujera a la captura de Mogollón. Ya fue acusado formalmente de huir de una institución federal.
Ayman Soliman: del consuelo espiritual a prisionero indocumentado
El caso de Ayman Soliman ilustra la otra cara de la moneda en la política migratoria estadounidense. Soliman, de 51 años, llegó a EE.UU. en 2014 después de haber sido perseguido en Egipto por su labor periodística durante la Primavera Árabe. Fue torturado en su país y obtuvo asilo en Estados Unidos en 2018. Trabajó como capellán en un hospital infantil de Cincinnati, donde se convirtió en una figura querida por pacientes y familiares.
Todo cambió en 2024, cuando un funcionario estadounidense revocó su estatus de asilo, señalando que su pertenencia a la junta de una ONG (Al-Jameya al Shareya) constituía "apoyo material al terrorismo" por sus supuestos vínculos con la Hermandad Musulmana. Sin embargo, esta organización no está designada como terrorista por el gobierno de EE.UU.
“Después de que el Sr. Soliman defendiera sus derechos en los tribunales, un funcionario decidió tomar la decisión extrema, inusual e incorrecta de revocar su estatus migratorio”, alegan sus abogados, respaldados por la Ohio Immigrant Alliance.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha negado a comentar sobre el caso. Mientras tanto, el juez federal ha aprobado una orden de restricción temporal para evitar su traslado fuera de Ohio antes de su audiencia de fianza.
Planned Parenthood bajo ataque: salud y política en guerra abierta
En paralelo, las batallas legales se expanden a otro campo profundamente ideológico: la salud pública. El Planned Parenthood Federation of America y sus filiales en Massachusetts y Utah pelean en tribunales federales para detener una disposición de la ley fiscal redactada durante la presidencia de Donald Trump. Esta normativa busca quitar la financiación de Medicaid a proveedores de aborto, a pesar de que Medicaid no cubre servicios de aborto con fondos federales salvo en casos de violación, incesto o riesgo materno.
Más del 50% de los pacientes de Planned Parenthood dependen de Medicaid. En 2023, la organización recibió más de $800,000 en fondos federales. Aunque el texto legal no menciona directamente a Planned Parenthood, el abogado Alan Schoenfeld lo describió durante la audiencia como:
“Una provisión podrida hasta el fondo por su enfoque de afiliación, diseñada para afectar al proveedor más visible del país.”
La jueza federal Indira Talwani impuso una orden temporal para frenar los recortes por dos semanas, que expira el 21 de julio. Durante la audiencia, Talwani cuestionó si dejar de practicar abortos bastaría para que un centro fuera considerado independiente como para seguir siendo elegible para fondos.
¿Coincidencia o patrón?
Los tres casos —la fuga de Mogollón, el arresto de Soliman y los litigios de Planned Parenthood— parecen distintos en apariencia, pero en realidad están profundamente conectados por una narrativa en ascenso: la criminalización del migrante, el juzgamiento de los disidentes y el ataque institucional a los derechos reproductivos.
Desde 2016, los Estados Unidos han visto un viraje hacia políticas cada vez más represivas en temas migratorios y de salud pública. La revocación arbitraria de asilo, el uso de listas secretas como la del FBI para etiquetar a personas como amenazas potenciales, y las políticas fiscales que recortan acceso a servicios esenciales son síntomas de una fisura sistémica.
¿Un giro peligroso hacia la discrecionalidad política?
Expertos como Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, han advertido:
“Estamos ante una tendencia peligrosa donde el poder administrativo se utiliza para castigar a quienes presentan desafíos legales o ideológicos al sistema.”
De hecho, el caso de Soliman parece ilustrar esta preocupación. Su caso fue reabierto solo después de presentar una demanda para eliminar una ‘marca’ impuesta por el FBI en su historial. Planned Parenthood, a su vez, fue blanco de una estrategia fiscal que parece haber sido diseñada justamente para sortear prohibiciones legales previas sobre desfinanciar clínicas por razones ideológicas.
Crisis de derechos humanos en EE.UU.: ¿hacia dónde va el país?
La comunidad internacional ha comenzado a observar con preocupación. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado cómo las políticas migratorias y de salud estadounidenses han afectado a poblaciones vulnerables. Según HRW:
- Casi 3 millones de personas han sido detenidas en centros migratorios desde 2017.
- Más de 60 clínicas de Planned Parenthood han cerrado entre 2018 y 2024, especialmente en zonas rurales.
- El 72% de los solicitantes de asilo detenidos carecen de representación legal adecuada.
¿Y ahora qué?
Este cúmulo de casos debería servir como campana de alarma para revisar críticamente el rumbo que Estados Unidos está tomando en arenas fundamentales: derechos civiles, protección de refugiados y acceso a servicios sanitarios. Es evidente que hay un patrón de instrumentalización política del aparato burocrático y judicial. La detención arbitraria de migrantes, las fugas provocadas por malas condiciones carcelarias y los litigios médicos en tribunales son solo los síntomas visibles.
Los estadounidenses —y el mundo— deben debatir si están dispuestos a normalizar un sistema que castiga la disidencia, recorta derechos esenciales y transforma el asilo y la salud pública en campos de batalla ideológica.
Como dijo el activista Malcolm X:
“No se puede tener capitalismo sin racismo.”
Tal vez hoy debamos parafrasearlo así: “No se puede tener autoritarismo sin represión migratoria y sanitaria.”
