El derecho de nacimiento en la mira: ¿qué está en juego con la ofensiva de Trump?

La raíz del conflicto: la ciudadanía por nacimiento

El principio del jus soli, o "derecho del suelo", garantiza la ciudadanía estadounidense a toda persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este concepto ha sido fundamental en la historia del país desde la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, lo que garantizó la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes.

Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha intentado, desde su mandato, revertir este derecho para casos en que los padres están en EE.UU. de forma ilegal o temporal. En su visión, esto desincentivaría la inmigración ilegal y frenaría lo que él y varios líderes republicanos llaman "turismo de nacimiento". Pero más que una cuestión migratoria, se trata de un debate profundo sobre el significado de ser ciudadano estadounidense y sobre los límites del poder ejecutivo.

El revés judicial: protección ante la acción ejecutiva

En las últimas semanas, dos jueces federales han bloqueado los intentos del gobierno de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante orden ejecutiva. El juez Joseph LaPlante en New Hampshire permitió que su bloqueador entrara en vigor este viernes, tras no recibir ninguna apelación por parte del Departamento de Justicia.

"La orden del juez protege a cada niño cuya ciudadanía fue puesta en duda por una orden ejecutiva ilegal", declaró Cody Wofsy, abogado de la ACLU. La orden de LaPlante es eficaz a nivel nacional por tratarse de un caso de demanda colectiva.

Simultáneamente, en Boston, el juez Leo Sorokin analiza mantener dicho veto nacional o adaptarlo a las condiciones económicas de los estados demandantes. Todo indica que Sorokin simpatiza con la idea de que el intento de Trump es inconstitucional y dañino para millones de familias.

¿Qué dicen las leyes y la Constitución?

La Enmienda 14 es clara: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Esta disposición ha sido defendida por demócratas, académicos de derecho constitucional, líderes religiosos y grupos comunitarios que enfatizan que ninguna autoridad ejecutiva puede anular un principio consagrado en la Carta Magna.

Según un análisis del Cato Institute, alrededor de 4,5 millones de niños en EE.UU. son ciudadanos por nacimiento pese a tener padres indocumentados. Un cambio como el propuesto por Trump afectaría directamente su estatus legal, educación, servicios de salud y más.

Incluso el Tribunal Supremo, en el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, reafirmó este derecho al declarar ciudadano norteamericano a un hombre que, aunque nacido en suelo estadounidense, tenía padres chinos sin ciudadanía.

La presión estatal: protestas, demandas y consecuencias financieras

Más de una docena de estados han demandado al gobierno, argumentando que el fin de la ciudadanía por nacimiento podría hacer colapsar sus sistemas de salud, educación y bienestar social. La fiscalía de California lidera estas acciones legales, subrayando el impacto financiero de negar ciudadanía a cientos de miles de niños.

Sin esta ciudadanía, los menores perderían acceso a Medicaid, escuelas públicas, alimentos subsidiados y más. A largo plazo, se estima que cada niño excluido podría coste al Estado más de $30,000 anuales en servicios sociales no recuperables (National Immigration Law Center).

Un debate que podría llegar al Tribunal Supremo

Aunque los tribunales inferiores han bloqueado la acción ejecutiva, se espera que la batalla llegue pronto al Tribunal Supremo. La pregunta será si el presidente tiene autoridad para redefinir quién es americano sin pasar por el Congreso, y si las decisiones inferiores pueden establecer medidas con impacto nacional sin violar el principio de separación de poderes.

El dilema es importante porque en 2023, el Supremo estableció que los tribunales deben tener cuidado al emitir "injunctions" (medidas de protección judiciales) de alcance nacional. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que estas medidas sí sean válidas en casos de demandas colectivas o interpuestas por estados.

Una batalla legal con consecuencias humanas

Al fondo de esta controversia existe una dimensión profundamente humana. Niños nacidos en ciudades como Houston, Los Ángeles o Chicago verían reducida su existencia a un limbo legal. "Mi hija nació aquí, va a la escuela aquí, ¿cómo puede alguien decirme que esto no es su casa?", se pregunta Mairelise Robinson, una ciudadana estadounidense cuya familia inmigrante asiste a las marchas en Washington.

Mairelise Robinson, embarazada y ciudadana estadounidense, en protesta por el derecho de nacimiento frente a la Corte Suprema (Foto: Jacquelyn Martin)

El papel del Congreso y los equilibrios de poder

Mientras tanto, en el Congreso, las divisiones se acentúan. Varios legisladores republicanos moderados se han unido a demócratas para condenar la medida de Trump, calificándola como "radical" e "impracticable".

"No podemos permitir que el presidente, con un solo decreto, determine qué niños tienen acceso a los derechos que esta nación ha garantizado durante más de 150 años", dijo la senadora Patty Murray.

Por otro lado, algunos legisladores más conservadores insisten en que la Enmienda 14 no se pensó para cubrir a hijos de inmigrantes ilegales, pero esta interpretación ha sido refutada en múltiples ocasiones por estudios constitucionales.

¿Una estrategia política?

La ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento podría entenderse también como una estrategia política. Trump ha utilizado la retórica migratoria como una de sus herramientas claves para movilizar a su base electoral. En elecciones anteriores, temas como el muro fronterizo, las "ciudades santuario" o el fin de DACA fueron centrales en su discurso.

Estudios del Pew Research Center muestran que casi un 70% de los votantes republicanos apoyan limitar la ciudadanía por nacimiento solo a hijos de ciudadanos o residentes permanentes, en contraste con el 17% de los demócratas.

La polarización, entonces, se profundiza. Grupos progresistas insisten en que la exclusión y el miedo no son políticas de Estado, sino tácticas electorales.

Un tema más grande que Trump

Más allá del expresidente, esta controversia refleja un choque cultural persistente en la historia de Estados Unidos. La definición de la identidad nacional, de quién pertenece y quién no, ha sido fuente constante de disputa, desde la naturalización de los italianos y polacos en el siglo XX hasta la lucha por la inclusión de los dreamers en el siglo XXI.

Hoy, el derecho de nacimiento representa una frontera simbólica donde se juega más que una política migratoria: se disputa el alma misma de un país construido por inmigrantes.