Una tragedia en Fall River: Incendio en residencia asistida revela fallos críticos en seguridad y regulación

Diez personas fallecidas y más de 30 heridas subrayan los peligros ocultos en hogares para adultos mayores que carecen de supervisión adecuada

FALL RIVER, Massachusetts — Una semana después del devastador incendio en el centro de vida asistida Gabriel House, la cifra de muertos ha ascendido a diez. Lo que comenzó como una tragedia local ha expuesto una preocupante realidad nacional: los vacíos regulatorios y la falta de recursos de emergencia adecuados en instalaciones que atienden a una de las poblaciones más vulnerables del país: los adultos mayores.

Una tragedia anunciada

El incendio que se desató el domingo pasado en el segundo piso del centro Gabriel House, en la ciudad de Fall River, ha dejado no solo 10 fallecidos —todos mayores de 60 años— sino también al menos 30 personas heridas. El jefe de bomberos Jeffrey Bacon explicó que el fuego comenzó en la parte este del edificio, aunque la causa aún continúa en investigación y no se considera sospechosa.

El momento del incendio fue descrito como caótico: residentes asomados por las ventanas gritando por ayuda, el humo envolviendo todo el edificio y equipos de rescate que parecían insuficientes ante la magnitud del desastre.

Una respuesta de emergencia limitada

Unos 50 bomberos respondieron a la llamada de emergencia, de los cuales 30 estaban fuera de turno. Esto ha generado críticas hacia el municipio: sindicatos de bomberos afirman que no había suficiente personal en turno para atender eficazmente una emergencia de tal magnitud, lo que pudo haber costado vidas.

Ante estos señalamientos, funcionarios locales han prometido soluciones a corto plazo con horas extras y a mediano plazo con la contratación de nuevos bomberos. Sin embargo, la realidad sigue siendo que el sistema falló precisamente cuando más se lo necesitaba.

¿Quiénes eran las víctimas?

La tragedia cobró la vida de Joseph Wilansky (77), Rui Albernaz (64), Ronald Codega (61), Margaret Duddy (69), Robert King (78), Kim Mackin (71), Richard Rochon (78), Eleanor Willett (86), una mujer de 70 años cuya identidad aún no ha sido revelada, y la más reciente víctima identificada: Brenda Cropper (66), quien falleció el miércoles tras haber estado en estado crítico desde el incendio.

Estas personas mueren no solo víctimas del fuego, sino también de un sistema que no los protegió adecuadamente.

Un historial cuestionable

El centro Gabriel House ya había estado bajo vigilancia. Reguladores estatales habían emitido múltiples advertencias al propietario del establecimiento por retrasos en la notificación de incidentes relacionados con la salud y la seguridad de los residentes.

Esto plantea una interrogante indignante: ¿cómo es posible que una instalación con antecedentes problemáticos continúe operando sin una supervisión más estricta?

Massachusetts, como muchos estados en EE.UU., presenta una situación crítica en cuanto al marco regulador de instalaciones de vida asistida. Al estar consideradas como “no médicas”, muchas de ellas escapan a las normativas estrictas que rigen los hogares de ancianos u hospitales. Esto las deja en un limbo legal que puede poner vidas en peligro.

Desprotección en cifras

Según AHCA/NCAL, existen más de 30,000 centros de vida asistida en Estados Unidos, con aproximadamente un millón de residentes. En muchos casos, estas instalaciones tienen personal mínimo, infraestructura antigua y planes de evacuación poco claros.

En un informe de 2021 del Gobierno de Supervisión de la Responsabilidad (GAO, por sus siglas en inglés), se encontró que menos del 60% de los estados exigen que estas instalaciones tengan planes de emergencia aprobados. En varios estados, ni siquiera se exige que el personal sea capacitado en protocolos de evacuación.

El drama humano detrás de las cifras

Más allá de estadísticas y regulaciones, esta tragedia trae rostros y voces al frente. Varios residentes que sobrevivieron relatan cómo esperaron más de 15 minutos para ser rescatados, mientras veían cómo el humo invadía sus habitaciones. Algunos no podían siquiera moverse sin ayuda debido a movilidad reducida.

Un residente rescatado, Robert Mendes, de 72 años, declaró al periódico local Herald News: “Vi a una señora colgada de la ventana gritando que no podía respirar. Nadie llegaba. Pensé que todos íbamos a morir allí”.

¿Qué se necesita para evitar otra tragedia?

Los expertos en gerontología y seguridad advierten que es necesario un replanteamiento drástico del modelo de vida asistida. Entre las recomendaciones más urgentes:

  • Inspecciones más frecuentes de las instalaciones.
  • Capacitaciones obligatorias para el personal, especialmente en manejo de emergencias.
  • Revisión de los protocolos de evacuación y realización de simulacros regulares.
  • Sanciones más severas para propietarios que incumplen las normativas de seguridad.

En palabras de Janice Warren, directora del Consejo Nacional de Protección a Adultos Mayores: “No podemos seguir permitiéndonos un sistema donde lo económico se imponga sobre la vida humana. Estas personas merecen más que morir atrapadas en sus habitaciones”.

Héroes anónimos

Dentro del horror de esa noche también surgieron historias de entrega y valentía. Un grupo de policías ayudó a derribar puertas y cargaron a residentes en brazos hasta sacarlos del edificio. Cinco bomberos resultaron heridos durante las operaciones de rescate, pero todos fueron dados de alta el lunes.

“Vi cosas que nunca quiero volver a ver. Pero también vi a mis compañeros arriesgando sus vidas sin pensarlo”, expresó uno de los bomberos, cuyo nombre no fue revelado.

¿Un punto de inflexión?

Fall River ha sido golpeada por esta tragedia, pero el eco del incendio puede sentirse a nivel nacional. Diversos legisladores han comenzado a hablar sobre reformas en los estándares de vida asistida.

La representante estatal Carol Fiola afirmó que impulsará un proyecto de ley para “endurecer las regulaciones de estas instalaciones y asegurar que cuenten con personal capacitado y suficiente”.

Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan respuestas y, sobre todo, justicia. Una investigación sigue en curso y no se descartan posibles demandas.

La muerte de diez personas no debe quedar en estadísticas. Debe ser el catalizador para un cambio que evite futuras tragedias. Porque si no, como sociedad, habremos fallado a quienes más nos necesitaban.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press