Deportaciones al limbo: la oscura política migratoria de EE.UU. y su impacto en África

Una deportación sin destino claro

En un movimiento perturbador y poco transparente, la administración Trump inició una práctica de deportación de inmigrantes condenados por delitos graves a terceros países sin vínculos previos con dichos individuos. En su más reciente episodio, cinco personas procedentes de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos fueron deportadas a Eswatini (anteriormente conocida como Suazilandia), país africano de apenas 1.2 millones de habitantes y gobernado por una monarquía absoluta.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. justificó esta acción afirmando que los hombres habían sido condenados por crímenes “particularmente bárbaros” —asesinato y violación infantil incluidos. Al no poder repatriarlos a sus países de origen, que se negaban a recibirlos, la administración optó por enviarlos a una nación sin relación con ellos.

Eswatini: ¿nuevo destino carcelario?

Los hombres fueron trasladados al Complejo Correccional de Matsapha, la prisión de máxima seguridad más estricta de Eswatini, próxima a su capital administrativa Mbabane. Según el gobierno swazi, se encuentran en confinamiento solitario "de forma indefinida".

Thabile Mdluli, vocera del gobierno, señaló que el objetivo es repatriarlos eventualmente a sus países de origen con la ayuda de una agencia de la ONU. Sin embargo, también reconoció que “no estamos en condiciones de determinar los plazos de repatriación”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asegura que no fue informada ni participó en la transferencia, aunque estaría dispuesta a colaborar si se le solicita. Esto contradice directamente las afirmaciones de seguridad nacional de EE.UU.

¿Por qué Eswatini?

La pregunta más inquietante gira en torno a por qué Eswatini aceptó recibir a estos individuos. Tanto EE.UU. como Eswatini se han negado a divulgar los términos del acuerdo bilateral, argumentando que son clasificados. Hay precedentes de negociaciones similares. Por ejemplo, a principios de año, EE.UU. deportó a ocho individuos al inestable Sudán del Sur.

Analistas políticos han sugerido que estos pequeños estados africanos podrían estar accediendo a tales acuerdos a cambio de favores diplomáticos, exenciones comerciales o reinicio de programas de ayuda económica, los cuales fueron drásticamente recortados por Trump.

Terceros países como solución controversial

Esta política recuerda a programas similares con Costa Rica, El Salvador y Panamá, adonde también ha deportado EE.UU. a otros extranjeros. Sin embargo, el caso de Eswatini introduce nuevos factores preocupantes:

• Falta de transparencia: La población ha sido informada por medios extranjeros, no por sus propios gobiernos.
• Condiciones carcelarias críticas: Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado las condiciones inhumanas y hacinamiento de las prisiones de Eswatini.
• Ausencia de asistencia legal: Estos individuos están retenidos sin saber cuánto tiempo estarán detenidos ni con acceso a representación legal internacional.

Una política migratoria bajo fuego

La administración Trump también ha enfrentado duras críticas por la destrucción de 500 toneladas métricas de ayuda alimentaria almacenadas en Dubái, por haberse vencido sus fechas de consumo. Estas galletas energéticas estaban destinadas especialmente a niños en situaciones de crisis.

La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, defendió la destrucción alegando que el producto no era seguro para su distribución. Sin embargo, esto ha suscitado la indignación de congresistas como Jeanne Shaheen, quien exigió que, si el gobierno estadounidense no puede distribuir la ayuda, que al menos se la entregue a organizaciones que sí puedan hacerlo.

Todo esto ocurre mientras 319 millones de personas enfrentan hambre aguda en el mundo, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Países como Gaza, Sudán del Sur, Haití y Mali se encuentran al borde de la hambruna, mientras alimentos pagados por los contribuyentes estadounidenses están siendo destruidos en almacenes.

¿Legal o inmoral?

Desde el punto de vista legal, este tipo de deportaciones podrían violar tratados internacionales de derechos humanos y de protección contra tortura y tratos inhumanos. En especial, si los países receptores —como Eswatini— no pueden garantizar la seguridad ni el debido proceso de los atrapados en esta compleja telaraña jurídica.

Además, la ausencia de procesos judiciales transparentes en estos acuerdos secretos recuerda a las detenciones ilegales en Guantánamo o las llamadas extraordinary renditions, donde los detenidos eran enviados a países con antecedentes en tortura para evitar los límites legales estadounidenses.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar por medio de organizaciones no gubernamentales y agencias de prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estudiar la legalidad de estas prácticas si se demuestra que hay ciudadanos con doble nacionalidad involucrados en América Latina.

Amnistía Internacional publicó una declaración condenando esta política migratoria, señalando que “constituye una externalización cruel y selectiva de la responsabilidad estatal”.

EE.UU. y su giro geopolítico

Los expertos advierten que la política migratoria de Trump se alinea con una estrategia de endurecimiento global: menos asistencia internacional, mayor presión comercial y acuerdos bilaterales secretos con países con escasa capacidad para resistirse diplomáticamente. Eswatini no tiene siquiera intercambios comerciales significativos con EE.UU., lo que hace pensar que la negociación puede haber incluido otras formas de ayuda.

La participación de países como Sudán del Sur, otro estado acusado de años de tortura sistemática, genocidio étnico y persecución de opositores, confirma que EE.UU. está buscando —y encontrando— socios autoritarios dispuestos a ejecutar sus nuevas estrategias migratorias.

Un precedente inquietante

A medida que el mundo intenta responder a crecientes flujos migratorios y crisis humanitarias, medidas como esta establecen un precedente peligroso. Deportar a individuos a países con registros oscuros en derechos humanos, sin acceso claro a defensa o procesos judiciales adecuados, vulnera principios fundamentales del orden internacional.

Este sistema genera una cadena de sufrimiento y opacidad, donde quienes fueron condenados (muchas veces tras procesos judiciales cuestionables en EE.UU.) quedan atrapados en una dimensión legal sin salida.

El silencio de los países involucrados, la complicidad mutua y la falta de condena masiva en foros como la ONU o la OEA, revelan un alarmante nivel de aceptación tácita. La pregunta que queda es: ¿qué sucederá cuando este modelo se aplique masivamente a cientos o miles de personas?

Lo que está claro es que públicos del mundo —desde Washington hasta Mbabane— merecen respuestas claras, rendición de cuentas y transparencia en asuntos que involucran tanto los derechos humanos como la moral pública y los principios universales del Derecho Internacional.