Burkina Faso borra su comisión electoral: una democracia suspendida entre golpes y soberanías
El país africano elimina su órgano electoral independiente bajo el argumento de soberanía y reducción de costos, consolidando aún más el poder de su junta militar
Un nuevo golpe al proceso democrático
Burkina Faso ha dado un paso más hacia la consolidación de un régimen militar al disolver oficialmente su Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). Esta decisión, anunciada por el Ministro de Administración Territorial, Emile Zerbo, se enmarca dentro de un conjunto amplio de reformas impulsadas desde que el ejército tomó el poder en septiembre de 2022.
Zerbo argumentó que la medida responde a la necesidad de reducir los altos costos de los procesos electorales y “reforzar el control soberano” sobre los mismos. A partir de ahora, la organización de eventuales elecciones estará en manos del Ministerio del Interior, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y credibilidad del futuro democrático del país.
Contexto: una historia reciente teñida de inestabilidad
El caos político en Burkina Faso no es nuevo. Desde su independencia de Francia en 1960, el país ha atravesado por múltiples golpes de estado. Solo en la última década, ha vivido tres transiciones forzadas de poder.
El más reciente ocurrió en septiembre de 2022, cuando el capitán Ibrahim Traoré derrocó al entonces líder militar Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien a su vez había depuesto al presidente democráticamente electo Roch Marc Christian Kaboré en enero del mismo año. Es decir, en menos de nueve meses, Burkina Faso vivió dos golpes.
¿Por qué tanto apoyo popular a los militares?
En gran medida, el respaldo ciudadano a estos movimientos insurreccionales se basa en la frustración frente al deterioro de la seguridad. El país, al igual que muchas otras naciones del Sahel, lucha contra múltiples grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que han desplazado a más de 2 millones de personas y dejado miles de muertos en la última década.
Bajo este clima de inestabilidad, muchos ciudadanos ven a los militares no como usurpadores, sino como salvadores de un sistema colapsado.
Una hoja de ruta democrática que se desvanece
La junta que tomó el poder en 2022 había prometido elecciones para julio de 2024 como parte de una transición hacia un gobierno civil. Sin embargo, en 2023 el gobierno interino aprobó una nueva carta que permite que Ibrahim Traoré se mantenga en el poder hasta 2029.
La eliminación de la comisión electoral es otro clavo en el ataúd de esas promesas.
“No se trata solo de un cambio institucional, sino de la pérdida de uno de los últimos bastiones de independencia en el país” — Amadou Maïga, politólogo de la Universidad de Uagadugú.
Neutralidad vs soberanía: el eterno debate
El gobierno afirma que el cambio permitirá restaurar el control nacional sobre los comicios y evitar interferencias extranjeras. Pero muchos observadores interpretan este argumento como una excusa para reemplazar a una institución autónoma por una completamente subordinada al poder militar.
Según International Crisis Group, la CENI era uno de los pocos órganos con representaciones de partidos políticos, sociedad civil y comunidades religiosas, lo cual garantizaba una participación plural. Su disolución, indican, pone en serio riesgo la legitimidad futura de cualquier proceso electoral.
Un patrón que se repite en el Sahel
Burkina Faso no está solo en esta evolución hacia regímenes militares prolongados. En los últimos cinco años, Malí, Guinea y Níger han vivido golpes de estado similares, todos con el pretexto de restaurar seguridad nacional o independencia política. En estos casos, los militares también han retrasado elecciones y centralizado el poder.
En Malí, por ejemplo, el coronel Assimi Goïta ha mantenido el poder desde 2020 y ha pospuesto reiteradamente las elecciones presidenciales. En Níger, el general Abdourahmane Tchiani asumió el liderazgo en 2023 tras derrocar al presidente electo Mohamed Bazoum, también suspendiendo la constitución y encarcelando a líderes opositores.
Estos eventos no son coincidencia: constituyen un reflejo del fracaso del modelo democrático asistido por Occidente en la región.
El temor a una “soberanía manipulada”
El concepto de "soberanía electoral" que plantea el gobierno de Burkina Faso suena en la teoría como una recuperación del control nacional, pero en la práctica, críticos argumentan que es una maniobra para perpetuar el poder sin supervisión ciudadana ni internacional.
Si bien hay elementos de verdad en la crítica al intervencionismo extranjero —en especial el papel de Francia en la región— también es cierto que sin mecanismos de supervisión electoral neutrales, el país se expone a fraudes, silencios impuestos y represión.
Las futuras elecciones: ¿una formalidad sin fondo?
En este nuevo esquema, el Ministerio del Interior tendrá control exclusivo sobre el calendario electoral, la organización logística, el conteo de votos e incluso la validación de resultados. Esto elimina la posibilidad de auditorías independientes o denuncias transparentes.
Además, con la oposición política fragmentada, muchas ONG proscritas y medios de comunicación bajo vigilancia, no queda claro quién fiscalizará estos procesos.
Una transición que podría durar una década
Ibrahim Traoré, de tan solo 36 años, es ahora uno de los líderes más jóvenes del continente, pero también uno de los que más tiempo pretende mantenerse en el poder. Su permanencia hasta 2029 se presenta como una etapa de transición, pero la experiencia histórica muestra que este tipo de transiciones suelen eternizarse.
En palabras del analista político Souleymane Ouédraogo, “el modelo de transición infinita es la muerte lenta de la democracia. Mientras más se prolongue, menos razones existen para creer que el poder se transferirá pacíficamente”.
¿El final o una pausa en la democracia?
Muchos en Burkina Faso y fuera de ella se preguntan si este es el final de la frágil experiencia democrática en el país. Durante los gobiernos civiles (2015–2022), se realizaron elecciones competitivas, pero la falta de seguridad y la corrupción erosionaron rápidamente la legitimidad de esos gobiernos.
El romanticismo militar, los discursos sobre soberanía y el rechazo al colonialismo extranjero están remplazando el ideal de representación popular y pluralismo. Pero este cambio podría tener consecuencias muy duraderas en la cultura política del país, que ya enfrenta un déficit institucional severo.
Las próximas elecciones, si es que llegan a realizarse, probablemente serán el reflejo de un sistema diseñado para autolegitimarse, en lugar de permitir una verdadera competencia política.
El papel de la comunidad internacional
Organizaciones como la Unión Africana y la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) han condenado en varias ocasiones los golpes en la región, pero también han mostrado una incapacidad preocupante para revertir estos procesos.
En el caso de Burkina Faso, la CEDEAO ha solicitado una hoja de ruta clara hacia elecciones, pero la respuesta del gobierno ha sido mantener una ambigüedad estratégica: se habla de soberanía, de amenazas terroristas, y de apropiación local del proceso democrático, pero no se ofrecen fechas ni mecanismos concretos.
¿Qué viene ahora?
- Un aparato electoral controlado por el poder ejecutivo.
- Una oposición debilitada y fragmentada, con escaso acceso a medios y amenazas constantes.
- Un discurso nacionalista que cierra las puertas a los observadores internacionales.
- Y una población que, cada vez más, normaliza el autoritarismo como única vía posible.
El caso de Burkina Faso debe servir como una advertencia clara sobre cómo las transiciones militares pueden convertirse en regímenes permanentes bajo el disfraz de la seguridad y soberanía. El tiempo dirá si este giro es reversible o si estamos presenciando el descenso hacia una nueva era de autoritarismo postcolonial en África Occidental.