La pugna política por la salud mental de Biden y los límites del poder presidencial

¿De qué se trata realmente esta investigación?

Desde hace varios meses, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos por investigar al presidente Joe Biden, enfocándose esta vez no en temas de corrupción o política exterior, sino en su estado mental y en el supuesto uso exagerado del autopen —una máquina que permite firmar documentos oficiales electrónicamente.

El foco del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano James Comer, se ha volcado sobre una serie de asesores actuales y pasados del presidente. Entre ellos, uno de los más recientes en ser citado ha sido Anthony Bernal, exjefe de gabinete de la primera dama, Jill Biden. Bernal optó por acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, rehusándose a responder bajo el argumento de protección contra la auto incriminación.

¿Qué es el autopen y por qué causa controversia?

El autopen es un dispositivo eléctrico que reproduce la firma manuscrita de una persona, comúnmente utilizado por altos cargos del gobierno para formalizar documentos cuando se encuentran ausentes físicamente. Aunque su uso por el presidente no es nuevo —ya otros mandatarios como Barack Obama lo usaron—, los republicanos aseguran que este método evidencia que Biden no está al mando real del país.

Comer afirmó que existen preocupaciones públicas sobre si funcionarios “no elegidos” están tomando decisiones presidenciales. Esta narrativa se ha convertido en una especie de mantra electoral del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024, especialmente en momentos en que las encuestas muestran preocupación por la edad avanzada del presidente Biden, quien tendría 82 años si gana un segundo mandato.

Citando a los asesores: ¿una estrategia legítima o espectáculo político?

La citación de Bernal se suma a las de otros exfuncionarios como Ron Klain, Jeff Zients, Anita Dunn y Mike Donilon. Esta ofensiva parlamentaria ha sido criticada por los demócratas como una “pérdida de tiempo” y puramente política. La representante Jasmine Crockett resumió el sentir de su bancada afirmando que la investigación “es simplemente teatro político”.

Sin embargo, desde el lado republicano, figuras como el congresista Byron Donalds van más allá, sugiriendo incluso que deberían citar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la primera dama. “Si no pueden responder preguntas simples sobre las capacidades de Joe Biden, eso demuestra aún más que no está al mando de su administración”, dijo Donalds.

Un precedente: el uso del autopen bajo otros presidentes

El uso del autopen no es nuevo ni ilegal. Durante la presidencia de Obama, el autopen se utilizó para firmar la extensión del Patriot Act en 2011 mientras el presidente estaba en Europa. El Departamento de Justicia aclaró entonces que su uso era legal siempre que la autorización fuese del presidente.

Sin embargo, los críticos actuales argumentan que Biden ha delegado más de lo prudente, mientras sus defensores afirman lo contrario. En una entrevista reciente con el New York Times, Biden fue categórico: “Conscientemente tomé todas esas decisiones”.

La Quinta Enmienda: ¿mecanismo de protección o sospecha?

Pese a las especulaciones, acogerse a la Quinta Enmienda no implica culpabilidad. Como explicó el abogado de Bernal, Jonathan Su, exabogado adjunto de la Casa Blanca: “Pedir la Quinta no es evidencia de mala conducta”. Aun así, para la opinión pública y la arena política esta decisión tiñe de sospecha incluso a los pasos legales más legítimos.

Un Congreso polarizado que se acerca a 2024

Este nuevo capítulo de tensionamiento político ocurre en un Congreso profundamente dividido, donde los republicanos ven en cada oportunidad una forma de debilitar al presidente ante su posible reelección. La salud mental y edad de Biden se han vuelto elementos centrales en el discurso opositor, que busca contrastarlo con candidatos más jóvenes, incluidos Donald Trump —pese a que tiene sólo 3 años menos que Biden— y Ron DeSantis.

De hecho, el propio Senado ha abierto audiencias sobre la edad y capacidad cognitiva del presidente. Paralelamente, el expresidente Trump ha iniciado investigaciones privadas sobre este tema. Una táctica de distracción, según la bancada demócrata.

¿Puede un presidente ser considerado “no apto”?

El mecanismo constitucional establecido para declarar a un presidente “no apto” es la Enmienda 25. Esta prevé que el vicepresidente y una mayoría del gabinete pueden declarar al presidente incapaz de ejercer sus funciones. Pero este es un proceso inusualmente drástico y políticamente complicado, y nunca se ha utilizado exitosamente en la historia de Estados Unidos.

Entonces, ¿por qué tanto ruido ahora? Tal vez porque lo que está en juego no es sólo la aptitud presidencial, sino la narrativa electoral con la que los partidos quieren llegar a 2024.

¿Qué está investigando exactamente el Congreso?

Además del uso del autopen, se investiga quién dio la orden de usarlo. Comer apunta a que miembros “de bajo nivel” ejecutaron físicamente el uso del dispositivo, pero ahora se busca saber quiénes les dieron la orden.

En palabras de Comer: “Estamos subiendo en la cadena. Comenzamos con los empleados de nivel bajo y ahora vamos hacia quienes creemos que les dijeron que usaran el autopen”. No se descarta citar a miembros de la familia Biden.

¿Qué opina la gente?

Según un sondeo de Pew Research de mayo de 2024, el 58% de los encuestados piensa que la edad de Biden es un problema “serio” para su presidencia, aunque sólo un 24% cree que no está tomando decisiones importantes. Esto sugiere que, aunque hay preocupaciones, el escepticismo sobre su capacidad ejecutiva no es universal.

La atención mediática en torno a estas audiencias también ha sido desigual: Fox News ha cubierto extensivamente cada testimonio y postura legal, mientras que MSNBC y CNN han puesto el foco en el trasfondo político de las investigaciones.

Teatro político o legítima preocupación institucional

Frente a este panorama, resulta difícil separar los intereses políticos partidistas de legítimos intentos por garantizar la transparencia de la administración. ¿Realmente se teme por la gobernabilidad de Biden o es esta una herramienta para minar su credibilidad?

Lo cierto es que las audiencias continúan, las citaciones se acumulan y la opinión pública sigue dividida. Y en medio de todo, la maquinaria electoral de 2024 se acelera, con viejos protagonistas jugando nuevos papeles.

Quizá la única certeza en todo este embrollo es que la política en Washington sigue siendo, ante todo, un espectáculo cuidadosamente coreografiado.