Infancias rotas: El escándalo de abusos sexuales en centros de detención juvenil en Illinois
Más de 900 sobrevivientes demandan décadas de abusos sistemáticos por parte del personal estatal: una crisis silenciada en el sistema penitenciario juvenil
La punta del iceberg: Más de 900 voces buscando justicia
Illinois enfrenta una de las crisis más severas de abuso sexual infantil en centros de detención juvenil de todo EE.UU. Desde mediados de los años 90 hasta 2018, más de 900 personas han interpuesto demandas relatando abusos sistemáticos cometidos por empleados estatales: desde violaciones y palizas, hasta abusos psicológicos orquestados por consejeros, capellanes, supervisores de cocina y oficiales. El escándalo representa una de las mayores acumulaciones de este tipo en el país, superando incluso casos similares ocurridos en estados como Pensilvania, Nueva Jersey o Maryland.
Las denuncias se han ido acumulando desde mayo de 2024, con más de 100 nuevas demandas presentadas recientemente en Chicago. Las víctimas, muchas de las cuales aún arrastran secuelas devastadoras, comenzaron a movilizarse legalmente con la esperanza de visibilizar lo que consideran una doble moral en la justicia estatal.
Una historia colectiva de horror en silencio
Una de las voces más resonantes es la de Kate-Lynn, una mujer de 26 años que, con lágrimas en los ojos, relató en una conferencia de prensa que fue encarcelada en confinamiento solitario a los 14 años dentro de un centro de detención juvenil en las afueras de Chicago. Aislada y vulnerable, fue víctima de agresiones sexuales y físicas por parte de al menos cinco miembros del personal. Sus palabras, “siento que voy a ser atacada cuando estoy en lugares públicos o interactúo con figuras de autoridad”, reflejan el trauma perpetuo que arrastran quienes pasaron por este sistema cruel e impune.
Según el abogado Jerome Block, quien representa a cientos de demandantes en todo el país, “la magnitud, la escala y la severidad de estos casos en Illinois son algunas de las peores que hemos visto”.
Un sistema que recompensaba el silencio
Los testimonios incluidos en las demandas revelan patrones de manipulación y violencia sistemática. Algunos menores eran amenazados con prolongar sus condenas o ser enviados al aislamiento si denunciaban los abusos. Otros recibían “recompensas” para mantener el silencio: desde hamburguesas de McDonald’s hasta cigarrillos o videojuegos.
Las historias, aunque diferenciadas por rostros e instituciones, tienen elementos comunes que apuntan a una cultura institucionalizada de impunidad. Varios de los acusados son identificados solo con iniciales o descripciones físicas, ya que las víctimas no siempre podían recordar nombres. No obstante, hay presuntos agresores identificados en múltiples denuncias. Uno de ellos, incluso, ocupa actualmente el cargo de alcalde en una pequeña localidad de Illinois, pese a haber sido acusado por al menos 15 personas.
Leyes que limitan la justicia
Las cifras asociadas a las demandas también son alarmantes. Dos de ellas, representando a 83 víctimas, fueron presentadas ante la Corte de Reclamaciones de Illinois y demandan 2 millones de dólares por víctima, que es el máximo permitido por ley. Otras demandas, presentadas en el Condado de Cook, buscan más de 100,000 dólares por demandante.
Sin embargo, pocas han llegado a juicio y aún menos han conseguido acuerdos extrajudiciales. Las posibilidades judiciales están limitadas no solo por la legislación, sino por la actitud de las autoridades: el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul —quien ha encabezado investigaciones contra abusos cometidos por la Iglesia— ha buscado desestimar estos casos en tribunales.
La política del abandono institucional
La respuesta de los funcionarios estatales ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Ni el Departamento de Justicia Juvenil ni el Departamento de Correccionales han emitido comentarios, al igual que la oficina del gobernador de Illinois.
Para Kate-Lynn y cientos como ella, esta indiferencia institucional es una segunda forma de victimización. “Cuando es el Estado el que perpetra el abuso en lugar de sacerdotes, el fiscal general no quiere apoyar a las víctimas”, criticó Block.
Las peticiones de los abogados incluyen: audiencias legislativas, supervisores externos, participación directa de víctimas en la reforma del sistema, y, sobre todo, persecución penal contra los responsables.
No solo Illinois: el panorama nacional del horror
Lo ocurrido en Illinois es parte de un patrón nacional. En este momento, también se investigan o litigan casos similares en otras jurisdicciones importantes. Sin embargo, Illinois destaca por la combinación mortal de volumen de casos, tiempo de impunidad, y aparente despreocupación estatal.
Uno de los sobrevivientes, un hombre de 40 años de Texas identificado como “J.B. 2” en los documentos, fue abusado cuando tenía 14 años en un centro de detención en St. Charles, Illinois. En su testimonio público declaró: “Hablar tu verdad, por más aterradora que sea, puede ayudarte a liberarte del dolor acumulado”.
¿Qué se necesita para un cambio real?
Este caso plantea una pregunta difícil de ignorar: ¿está el sistema estadounidense preparado para enfrentarse a sus propios horrores internos? El abuso infantil cometido por agentes estatales no es solo una violación a los derechos humanos: constituye, en palabras de muchos expertos, una tragedia moral de proporciones históricas.
Mientras se exige justicia, los sobrevivientes siguen adelante con cicatrices físicas y emocionales profundas. PTSD, ansiedad, miedo constante a figuras de autoridad… Son marcas permanentes en la vida de cientos de jóvenes que alguna vez crecieron creyendo que el reformatorio era una segunda oportunidad.
La magnitud de esta debacle exige más que declaraciones. Requiere reformas radicales, manos limpias en lo institucional y, sobre todo, una voluntad real de sanar las heridas de una infancia abandonada.
La deuda pendiente con la niñez encarcelada
El escándalo de los centros de detención juvenil de Illinois es mucho más que un asunto legal. Es una llamada urgente a revisar, reformar y reinventar el sistema de justicia juvenil. Un sistema que, bajo el pretexto de reeducar, encerró a niños en pesadillas de abuso, negligencia e impunidad.
Este caso, más que cualquier otro, debe forzarnos a mirar hacia el fondo de nuestra estructura carcelaria y preguntarnos: ¿A quién estamos castigando realmente? ¿Y quién, si no el Estado, debería ser el primero en proteger?