El nuevo rostro del miedo migratorio en EE.UU.: arrestos sorpresa en tribunales

Una disputa legal que podría redefinir las fronteras del debido proceso para inmigrantes

Un nuevo capítulo en la compleja política migratoria de Estados Unidos ha desatado alarma y controversia en comunidades de inmigrantes y defensores legales en todo el país. Una demanda colectiva presentada recientemente en el Tribunal de Distrito de Columbia busca frenar una práctica creciente y polémica por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): arrestar a inmigrantes cuando se presentan voluntariamente a audiencias en cortes migratorias.

Esta situación ha generado una seria preocupación por la potencial violación de los derechos constitucionales, en particular la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho al debido proceso legal.

El origen y escalamiento de la crisis

Desde mayo de este año, decenas de inmigrantes han sido detenidos inesperadamente en los pasillos de los tribunales, justo después de que un juez migratorio cierra sus casos o decide sobre su futuro en EE.UU. Muchos acuden a las cortes cumpliendo con los procedimientos legales que el propio sistema exige: presentar su caso, comparecer en persona a las citaciones y demostrar su disposición a acatar las reglas.

Sin embargo, según la demanda presentada, el ICE ha estado utilizando estas apariciones como oportunidades para arrestarlos de inmediato y colocarles en procesos acelerados de deportación.

¿Quiénes están involucrados en la lucha legal?

• La demanda representa oficialmente a 12 inmigrantes que han sido arrestados en audiencias.
• También participan varias organizaciones como Immigrant Advocates Response Collaborative y American Gateways, que brindan servicios legales a inmigrantes en riesgo de deportación.
• Democracy Forward, un grupo legal progresista, lidera el esfuerzo legal contra los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia e ICE.

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, fue contundente: “Las cortes migratorias están siendo instrumentalizadas para generar miedo y desalentar la participación legal y legítima en el sistema de inmigración.”

Las voces detrás de la demanda

Keren Zwick, directora de litigios del National Immigrant Justice Center, advirtió: “Estamos presenciando una toma autoritaria del sistema de cortes migratorias por parte de la administración Trump.” Zwick afirma que los inmigrantes que se presentan con la esperanza de quedarse legalmente en Estados Unidos están siendo “brutalmente arrancados de sus familias, hogares y trabajos”.

Por su parte, Priyanka Gandhi-Abriano, directora interina del Immigrant Advocates Response Collaborative, denunció la hipocresía en el sistema:
“Nuestros amigos, vecinos y familias son instruidos a ‘hacerlo bien’ y seguir el proceso legal, pero cuando lo hacen, terminan arrestados y detenidos.”

El contexto político: ¿una nueva era post-Biden?

Tras el fin de la política de “detener y liberar” implementada en gran parte durante la administración Biden, el entorno legal de inmigración ha cambiado dramáticamente bajo la presidencia de Donald Trump. El expresidente ha prometido llevar a cabo el programa de deportación más grande en la historia del país, priorizando a criminales peligrosos, aunque los datos del gobierno contradicen parcialmente esta postura.

Según cifras recientes, la mayoría de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes penales. Este hecho contradice directamente el argumento oficial de que las detenciones buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de “criminales ilegales peligrosos”.

Debido proceso bajo amenaza

La Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece que ninguna persona puede ser privada de libertad, propiedad o derechos sin un proceso legal justo. Sin embargo, los abogados argumentan que muchos de los arrestados no reciben oportunidad de apelar, responder o siquiera conversar con sus abogados antes de ser detenidos tras sus audiencias migratorias.

Además, algunos de los demandantes indican haber sido separados sin previo aviso de sus familiares, incluyendo hijos y cónyuges ciudadanos estadounidenses, un hecho que agrava las denuncias de violaciones a derechos humanos.

Impacto comunitario: miedo, silencio y evasión

Una de las consecuencias más alarmantes de esta política es el efecto paralizante que tiene sobre las comunidades inmigrantes. Numerosas organizaciones reportan que muchos inmigrantes han comenzado a evitar sus citas legales por temor a ser arrestados, lo cual paradójicamente los pone en mayor riesgo de deportación por incumplimiento.

La estrategia desmonta uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema judicial: la confianza mínima para participar sin que se convierta en una trampa. Esta dinámica podría colapsar el sistema migratorio al saturar aún más los tribunales y sobrecargar a las organizaciones legales sin fines de lucro.

Una práctica no tan nueva, pero ahora sistematizada

Expertos en inmigración han señalado que arrestos durante audiencias ya habían ocurrido en el pasado, pero nunca con la frecuencia ni la aparente organización sistemática que se observa ahora. Incluso existen reportes de abogados intentando interceder durante las detenciones, pero siendo ignorados o apartados por agentes.

Razones para la esperanza: presión judicial y movilización civil

La demanda legal representa una herramienta vital, pero también lo es la movilización pública. Históricamente, la presión ciudadana y mediática ha influido en las políticas migratorias. Cabe recordar el caso de las separaciones familiares masivas en 2018, que despertaron protestas globales y obligaron a revisiones parciales de políticas migratorias.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Cory Booker, entre otros, han solicitado una moratoria inmediata de estas detenciones y han expresado su apoyo a proyectos de ley para proteger mejor los derechos de los asistentes a los tribunales migratorios.

Un sistema que parece arbitrario y deshumanizado

Activistas destacan que muchas de las personas detenidas provienen de contextos traumáticos: violencia, persecución política, pobreza extrema. Llevan años esperando audiencias, a veces sin poder trabajar legalmente. Otros tienen hijos pequeños, cooperan con la ley y aún así son castigados como si fueran fugitivos.

Este ambiente impulsa una narrativa preocupante: la idea de que ningún inmigrante está a salvo, aun cuando sigue las reglas. La erosión de cualquier forma de seguridad jurídica transforma la experiencia de estos inmigrantes en una lotería judicial, donde la lógica pierde ante una política de cero tolerancia.

Próximos pasos: ¿qué se puede hacer?

Activistas, ONGs y abogados de inmigración recomiendan:

• Educar a la población migrante sobre sus derechos en la corte
• Documentar cualquier interacción con ICE dentro y fuera del tribunal
• Apoyar legalmente a organizaciones como ACLU, American Gateways y RAICES
• Presionar a representantes locales y federales para que legislen en protección del debido proceso

Mientras tanto, la incertidumbre reina. La batalla judicial apenas comienza, y el desenlace podría marcar un antes y un después sobre cómo EE.UU. trata a quienes buscan refugio, oportunidades o simplemente una vida segura.