Militarización y Justicia: El precio humano de las decisiones políticas en EE. UU.

En las últimas semanas, los titulares de noticias en Estados Unidos han revelado una serie de acontecimientos inquietantes que reflejan un patrón preocupante en la manera en que el poder estatal y federal ejerce su autoridad. Desde la militarización de Los Ángeles por orden del entonces presidente Donald Trump, hasta el uso excesivo de la fuerza por parte de un oficial fuera de servicio que resultó en la muerte de un civil en Pensilvania, cada caso expone las grietas en las instituciones encargadas de proteger los derechos ciudadanos.

La polémica movilización de la Guardia Nacional en Los Ángeles

En junio, en un contexto de fuertes tensiones derivadas de redadas migratorias en el estado de California, la administración Trump decidió movilizar unos 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, con el objetivo oficial de proteger edificios federales y respaldar a agentes de inmigración.

Sin embargo, esta decisión fue emitida contra la voluntad del gobernador Gavin Newsom, quien calificó la medida como una violación de la soberanía del estado. La movilización fue impugnada legalmente, y un juez inicialmente determinó que Trump había actuado ilegalmente. A pesar de esto, un tribunal de apelaciones permitió continuar con el despliegue mientras el litigio seguía su curso.

Newsom denunció que los soldados estaban siendo usados como “peones políticos del presidente”, alejados de sus familias y ocupaciones civiles sin una misión clara ni perspectiva de retorno cercano. Finalmente, 2,000 de los efectivos comenzaron a retirarse, pero el resto continuó en la región, sus funciones y objetivos bajo un aura de incertidumbre.

Los peligros del poder sin control

La situación en Los Ángeles plantea una pregunta fundamental: ¿Bajo qué criterios se toma la decisión de movilizar tropas dentro del territorio nacional? La Ley Posse Comitatus de 1878 impide que el ejército federal actúe como fuerza del orden civil dentro de Estados Unidos, lo que significa que estas movilizaciones se consideran, al menos, una zona legal gris.

David S. Cloud, analista de defensa en el Los Angeles Times, indicó que esta movilización fue la más significativa en territorio californiano desde las protestas tras la paliza a Rodney King en 1992. “Lo preocupante es cuando se usan recursos militares para suprimir derechos civiles, especialmente durante protestas pacíficas o tensiones comunitarias con las autoridades migratorias,” afirmó Cloud.

La tragedia de Encino: El efecto acumulativo del estrés social

Mientras las tropas eran retiradas en medio del conflicto político en Los Ángeles, otro horror sacudía a la ciudad: los cuerpos de Robin Kaye, supervisora musical de ‘American Idol’, y su esposo Thomas Deluca fueron encontrados sin vida en su hogar en Encino, con heridas de bala.

Aunque las autoridades siguen sin identificar sospechosos, el caso ha conmocionado a la industria del entretenimiento. Kaye estaba vinculada desde 2009 al popular programa televisivo estadounidense, y también había trabajado en eventos como los certámenes de Miss Universo y Hollywood Game Night.

Este suceso atroz se da en un contexto donde la percepción de seguridad urbana ha decaído debido a los discursos polarizados que confrontan a las autoridades con la ciudadanía. Aunque no se ha establecido relación con la militarización, es indudable que el ambiente hipervigilado y militarizado genera una sensación de inestabilidad que podría influir en el deterioro del tejido social.

Del uso excesivo de la fuerza a la justicia por presión

A más de 4,000 km de Los Ángeles, en Beaver, Pensilvania, otro evento evidenció las consecuencias de los abusos de poder por parte de las fuerzas del orden. John J. Hawk, un oficial fuera de servicio, mató de forma indirecta a Kenneth Vinyard, de 48 años, cuando este intentaba proporcionar información sobre un tiroteo fuera de un Walmart.

Hawk, sin estar uniformado ni plenamente identificado como agente, empujó con fuerza al ciudadano, quien cayó y sufrió un trauma contuso que, según el forense, combinado con el estrés, resultó letal. Por este hecho, Hawk aceptó cargos de homicidio involuntario, agresión y conducta temeraria. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional.

La fiscalía y la familia de la víctima criticaron no solo las acciones del oficial, sino la respuesta institucional. “Esta sentencia no resuelve el vacío que dejó Kenneth en nuestras vidas,” declaró Marcy Beatty, prometida de la víctima.

Un patrón preocupante

Lo que une estos tres casos no es la violencia en sí, sino el mal manejo del poder estatal y la militarización de espacios civiles. La constante utilización de recursos del gobierno —ya sean tropas, patrullas o personal armado— para resolver conflictos sociales o ejercer políticas migratorias, criminaliza la protesta y provoca traumas emocionales, físicos y sociales.

Desde las redadas en California hasta las represalias físicas en Pensilvania, pasando por el miedo reinante en vecindarios antes considerados seguros, existe un patrón claro: la violencia estructural como primera respuesta ante el disenso o la sospecha.

¿Cuál es el impacto humano real?

Los costos de estas acciones no se limitan al presupuesto de defensa o al sistema judicial. Hablamos de familias separadas, ciudadanos muertos, carreras destruidas y comunidades enteras traumatizadas. Según un informe del Brennan Center for Justice, la militarización de la policía en EE. UU. aumenta significativamente la violencia letal en intervenciones donde no es necesaria la fuerza letal.

Además, de acuerdo con un estudio de Campaign Zero, las jurisdicciones con mayor presencia militar en actividades policiales tienen un 25% más probabilidades de registrar denuncias por brutalidad. Donde hay policía armada como el ejército, se generan tensiones y se erosiona la confianza ciudadana.

¿Puede la democracia sobrevivir al caos armado institucional?

La militarización interna de un país democrático no solo es sintomática de paranoia institucional sino también de una profunda desconexión entre el pueblo y sus líderes. Si las decisiones se toman funcionalmente por interés político, como lo sugieren las palabras del gobernador Newsom, ¿dónde queda la representación del ciudadano común?

Además, el uso arbitrario de la autoridad, como ocurrió en el caso de Vinyard, muestra que la línea entre proteger y agredir puede desdibujarse rápidamente. Más alarmante aún, las consecuencias penales para quienes transgreden estos límites muchas veces no son proporcionales al daño causado.

Exigencia de reformas desde la base

Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y Black Lives Matter insisten en la reforma urgente de los cuerpos de seguridad, exigiendo mejores sistemas de formación, control civil más estricto y la eliminación de armamento militar en patrullas urbanas.

“No podemos esperar resultados diferentes si seguimos repitiendo patrones de fuerza armada ante cualquier signo de tensión social,” escribió Samantha Jacobs, vocera de ACLU California, en un comunicado.

Las historias que se desarrollan en Los Ángeles, Encino y Beaver no están aisladas. Son la expresión de un sistema que necesita replantear urgentemente su relación con sus ciudadanos.