La Corte Suprema, Pam Bondi y el nuevo mapa político de Trump: tres frentes de una misma estrategia

Una tormenta política en tres actos

En Estados Unidos, las controversias políticas rara vez se presentan aisladas. En la actualidad, tres eventos aparentemente separados —la batalla de la fiscal general Pam Bondi en medio del escándalo Epstein, el uso del expediente de emergencia por parte de la Corte Suprema para impulsar el programa de Donald Trump, y el intento de redibujar el mapa político de Texas para garantizar una mayoría republicana— se entrelazan bajo un mismo patrón: la consolidación agresiva del poder por parte del movimiento MAGA.

Pam Bondi en la cuerda floja: ¿justicia selectiva?

La fiscal general Pam Bondi enfrenta una creciente oleada de críticas, especialmente desde dentro de su propio sector político. La decisión del Departamento de Justicia de no publicar más documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein ha enfurecido a figuras influyentes del ala conservadora. Durante una conferencia en la sede de la Drug Enforcement Administration, Bondi intentó desviar la atención hacia las incautaciones de drogas y crisis de opioides, evitando responder sobre Epstein.

“Voy a estar aquí mientras el presidente quiera que esté aquí”, dijo, dejando claro que no piensa renunciar.

Sin embargo, su tensa relación con altos funcionarios del FBI, especialmente con el subdirector Dan Bongino, ha generado más dudas que respuestas. Una controversia interna surgió tras un reporte que aseguraba que el FBI habría publicado los archivos si no hubiera sido bloqueado, lo que fue refutado por otros altos funcionarios, pero no por Bongino.

Bondi ha sido acusada de distribuir documentos vacíos de contenido sustancial en reuniones privadas con figuras conservadoras. A pesar de haber afirmado que recibió “un camión lleno” de nuevos documentos, un memorando reciente del Departamento concluyó que la publicación de más materiales “no era apropiada ni estaba justificada”.

Una Corte Suprema rediseñada y silente

Mientras tanto, la Corte Suprema de los EE. UU., donde tres de los jueces fueron nombrados por Trump, ha facilitado la implementación de su agenda gubernamental con un preocupante silencio. A través del conocido como docket de emergencia, decisiones clave han sido autorizadas sin explicaciones públicas claras.

Este mecanismo, que en gobiernos anteriores se usaba con moderación, ahora se ha convertido en uno de los canales principales del trumpismo en su segundo mandato. Con él, se han permitido desde despidos masivos de empleados federales hasta la eliminación de protecciones legales para más de un millón de inmigrantes.

La jueza Sonia Sotomayor ha alzado su voz en contra de esta práctica. “Cuando el Ejecutivo anuncia su intención de quebrar la ley, la Judicatura debe actuar como freno, no como cómplice”, escribió en una dura disidencia. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió sobre la erosión del sistema judicial: “La complicidad de esta Corte promoverá nuestra caída institucional colectiva”.

Redistritación estratégica en Texas: ¿gerrymandering 2.0?

En otro frente, el presidente Trump ha ordenado reconfigurar los distritos electorales en Texas para crear cinco nuevos escaños favorables al Partido Republicano. Este intento de gerrymandering —diseñar distritos para favorecer a un partido político— llega como parte del esfuerzo por asegurar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del próximo año.

Texas, que ya cuenta con 25 representantes republicanos frente a 12 demócratas, sería el primer estado en emprender una redistritación fuera del ciclo censal regular. Trump instruyó directamente a la delegación texana para ejecutar esta estrategia, poco antes de una sesión especial convocada por el gobernador Greg Abbott.

El gobernador justificó la inclusión de la redistritación en la agenda bajo el argumento de “cuestiones constitucionales” planteadas por el Departamento de Justicia. Sin embargo, críticos apuntan a que el proceso busca aprovechar el momento político más que corregir verdaderas deficiencias jurídicas.

De hecho, incluso dentro del Partido Republicano hay escepticismo. En 2011, una redistritación agresiva terminó con la pérdida de algunos distritos aparentemente seguros en la ola demócrata de 2018. En 2021, los legisladores optaron por un mapa más conservador para evitar sorpresas.

Consecuencias legales, éticas y democráticas

• Legalidad: No existe una prohibición constitucional de rediseñar mapas entre censos. De hecho, en ocasiones los tribunales lo han ordenado. No obstante, el rediseño voluntario por motivos partidistas intensifica la percepción de manipulación electoral.
• Ética: Como señaló el líder demócrata Hakeem Jeffries, este proceso “permite que los políticos elijan a sus votantes, en lugar de que los votantes elijan a sus servidores públicos”.
• Institucionalidad: El uso excesivo del docket de emergencia, la presión sobre fiscales y el rediseño de mapas políticos sugieren un intento sistemático de neutralizar los contrapesos del poder.

Una estrategia bajo un mismo paraguas

El trumpismo parece haber aprendido de los obstáculos institucionales de su primer mandato. Ahora, actúa con mayor agresividad y coordinación: controla el Departamento de Justicia mediante figuras leales, presiona a la Corte Suprema con expedientes acelerados, y reconfigura los mapas electorales para blindar el poder legislativo. Todo esto se hace en un contexto donde las críticas son minimizadas como ataques “antipatrióticos” y donde el debate público se polariza a niveles extremos.

¿El resultado? Una democracia constitucional en tensión constante. Las reglas del juego se están reescribiendo desde adentro, sin necesidad de golpes de Estado ni reformas constitucionales. Bastan presión política, decisiones legales sin explicación, y unas cuantas sesiones legislativas especiales.

“Esto no es normal. El sistema ha entrado en una fase donde sus propios mecanismos están siendo utilizados contra sí mismo”, dijo Pamela Karlan, profesora de derecho de Stanford, en el pódcast Original Jurisdiction.

¿La Corte Suprema como brazo ejecutor?

Un aspecto preocupante es cómo la Corte ha favorecido consistentemente a la administración. El uso del expediente de emergencia ha permitido poner en práctica políticas antes de que los tribunales inferiores puedan emitir juicios definitivos. Estas decisiones, aunque técnicamente temporales, tienen efectos irreversibles.

Según Alicia Bannon, directora del Programa de Justicia del Brennan Center for Justice, “una vez que despides a miles de empleados del Departamento de Educación, no puedes simplemente revertir eso más tarde”.

Lo que antes era un recurso de excepción se ha normalizado. La Corte actúa con silencios, no con pronunciamientos. Los jueces liberales disienten públicamente, pero eso no cambia las mayorías en los fallos.

Un modelo para replicar

Si la estrategia de Texas resulta exitosa, es probable que otros estados controlados por el Partido Republicano intenten lo mismo. Incluso estados demócratas podrían verse tentados a responder en modo espejo. Pero en muchos casos, como en California, los mapas son definidos por comisiones independientes creadas precisamente para evitar este tipo de maniobras.

No obstante, el mensaje ya fue enviado: las reglas pueden adaptarse al contexto político si se tiene suficiente poder institucional. El trumpismo ha comprendido que es más eficaz transformar las estructuras que desafiarlas abiertamente.

“El verdadero peligro no es que rompan las reglas, sino que las vacíen de sentido”, observó Skye Perryman, directora de Democracy Forward.

El futuro inmediato

A pesar de todo, ningún tribunal ha emitido dictámenes finales respecto a todas estas medidas. Pero como advirtió Bannon, para cuando lo hagan, puede que ya sea demasiado tarde. La democracia representativa y el equilibrio de poderes no mueren de un día para otro; a veces simplemente son remodelados hasta quedar irreconocibles.