El gran retroceso: Cómo el gobierno de Trump está desmantelando la protección al consumidor en EE. UU.
Mientras las corporaciones celebran, millones de consumidores ven evaporarse su defensa ante abusos financieros bajo una administración que prioriza el desmantelamiento regulatorio.
Un viraje radical en la protección al consumidor
Desde que la administración de Donald Trump asumió el control de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), se ha producido un cambio drástico en la filosofía y misión de esta agencia: de ser un vigilante activo contra prácticas abusivas de las grandes corporaciones financieras, a convertirse en un regulador complaciente que revive prácticas cuestionables del pasado.
La CFPB fue creada tras la crisis financiera del 2008 como un baluarte para proteger a los estadounidenses de los abusos de bancos, compañías de tarjetas de crédito y otras instituciones financieras. Sin embargo, en los últimos seis meses, se ha visto una caída alarmante de su efectividad y propósito como consecuencia directa de decisiones políticas promovidas por la Casa Blanca.
Casos emblemáticos de empresas beneficiadas
Bajo el liderazgo de Trump, muchas acciones legales tomadas por la CFPB durante la administración de Joe Biden han sido anuladas o detenidas sin explicación pública. Esto incluye la cancelación de sanciones a empresas previamente acusadas de fraude o prácticas engañosas.
- Navy Federal Credit Union: Acusada de cobrar tarifas excesivas por sobregiros de forma engañosa, esta institución se había comprometido a devolver $80 millones a sus clientes. Pero el nuevo CFPB eliminó la orden sin justificación, dejando en duda si los miembros (en su mayoría militares y veteranos) serán compensados.
- Capital One: Enfrentaba una demanda por ocultar mejores tasas de ahorro a sus clientes. El caso fue eliminado en los primeros días del nuevo gobierno.
- Walmart y Branch: Acusados de engañar a repartidores llevándolos a abrir cuentas con altos cargos. La demanda fue abandonada por la CFPB a pocas semanas del cambio de administración.
- Zelle: El sistema de pagos P2P y sus bancos asociados fueron demandados por no proteger adecuadamente a los usuarios del fraude, que se estima alcanzó $870 millones desde su creación. La demanda fue retirada en marzo.
El retroceso en la regulación de tarifas por sobregiro
Uno de los temas más representativos del viraje ideológico ha sido la eliminación de una regulación que buscaba limitar las tarifas por sobregiro bancario a $5. Actualmente, estas tarifas rondan los $27 en promedio, representando una fuente lucrativa para los bancos. Según datos del CFPB, estas tarifas representaban más de $12 mil millones anuales para las instituciones financieras en su pico.
Bajo la presión del lobby bancario, el Congreso, controlado por los republicanos, anuló la propuesta de reglamentación impulsada por la CFPB durante el mandato de Biden. Esta es una victoria para la industria, pero una derrota dura para consumidores con menos recursos, que son los más impactados por los sobregiros.
La desmovilización desde dentro: conflictos en el aparato federal
Lo que resulta más preocupante es cómo estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia más amplia orquestada por la administración de Trump: desmontar organismos regulatorios desde adentro. Los cargos clave en entidades como la CFPB, la EPA, e incluso el FBI, han sido ocupados por figuras que históricamente han mostrado desprecio por las funciones de las mismas instituciones que ahora lideran.
Esta estrategia ha dejado secuelas. Empleados actuales y pasados de la CFPB han descrito a la agencia como "inútil" y "desdentada" bajo la administración actual. Según The Washington Post, varios empleados han abandonado puestos clave por frustraciones éticas y morales.
¿Quién protege al consumidor?
El desmantelamiento silencioso del CFPB ocurre mientras los consumidores pierden herramientas legales y regulatorias para luchar contra fraudes o cláusulas abusivas en sus productos financieros. La narrativa oficial de la administración es que quiere reducir la burocracia y promover el crecimiento económico mediante menos regulaciones. Pero muchos economistas y expertos en derecho financiero ven un patrón claro: una transferencia deliberada de poder del ciudadano al corporativo.
"Estamos viendo una captura regulatoria sin precedentes", afirma Lisa Donner, directora ejecutiva de Americans for Financial Reform. "La CFPB fue diseñada literalmente para evitar que el ciudadano común fuera aplastado por el sistema financiero; ahora solo responde al poder corporativo".
Datos alarmantes sobre la indiferencia institucional
Las estadísticas afirman lo que la burocracia intenta ocultar:
- En 2022, el CFPB emitió más de 20 multas importantes por un valor acumulado de $3,7 mil millones. En los primeros seis meses de 2025, ha emitido apenas 2.
- Más del 70% de las investigaciones abiertas durante la era Biden han sido cerradas sin resolución pública desde la transición.
- Entre marzo y julio de 2025, se eliminaron más de $9 mil millones en potenciales compensaciones a consumidores.
Además, según una nota interna filtrada al New York Times en junio, los funcionarios de la CFPB tienen orden de "evaluar todos los procedimientos iniciados antes del 20 de enero (fecha de la toma de posesión de Trump) bajo nuevas prioridades de revisión de riesgo corporativo", una señal clara de purga institucional.
Un futuro incierto para la justicia financiera
La administración argumenta que muchas investigaciones pasadas fueron "políticamente motivadas" y que es hora de dar paso a una nueva etapa de colaboración con el sector privado. Sin embargo, esa retórica presenta el riesgo de dejar impune una amplia gama de abusos que afectan a millones de personas, incluyendo a comunidades vulnerables como minorías raciales, personas mayores y familias de bajos ingresos.
En palabras del exdirector de la CFPB, Richard Cordray: "Esto es más que un retroceso político. Es una abdicación del deber moral y legal de proteger a los consumidores, y podría tener consecuencias desastrosas para la confianza ciudadana en el sistema financiero".
¿Qué puede hacer el ciudadano común?
En este contexto, es más importante que nunca que los ciudadanos:
- Se informen sobre sus derechos financieros.
- Reporten abusos aunque no haya respuesta inmediata.
- Presionen a sus representantes políticos para reinstaurar y fortalecer la regulación financiera.
- Apoyen organizaciones civiles especializadas en defensa del consumidor, como Consumer Federation of America.
No se puede confiar en un sistema que ha sido diseñado para protegernos… si permitimos que lo conviertan en un escudo para proteger a los poderosos de la rendición de cuentas.
