Los operativos que desgarran: la redada en California que encendió las alarmas sobre inmigración, derechos laborales y cannabis

Un operativo que dejó más preguntas que respuestas

El pasado 10 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos llevó a cabo una de las redadas más grandes de los últimos años en dos granjas de marihuana ubicadas en Camarillo y Carpinteria, California. Estas acciones resultaron en la detención de más de 360 personas y la trágica muerte de un trabajador agrícola. La operación, que fue calificada como una “investigación criminal”, despierta profundas inquietudes sociales, políticas y humanas.

En este artículo de opinión exploraremos cómo este acontecimiento va mucho más allá de una simple incursión de inmigración. Abarca temas que incluyen la política migratoria, el uso del cannabis, las condiciones laborales en el campo y el papel del Estado como garante —o violador— de derechos.

La empresa en la mira: Glass House Farms

Glass House Brands, con más de una década de existencia, inició operaciones en Carpinteria y más tarde expandió su base hasta Camarillo, donde adaptó dos de seis invernaderos originalmente enfocados a tomates y pepinos para el cultivo de cannabis.

Curiosamente, familiares de trabajadores aseguran que todavía se cultivaban tomates en uno de los invernaderos intervenidos, lo que añade una nueva capa de complejidad al operativo, considerando que los derechos laborales en el sector agrícola y los del cannabis tienen normativas distintas.

¿Una redada o una operación mediática?

Los primeros informes indicaban que aproximadamente 200 personas estaban ilegalmente en el país. Sin embargo, ese número fue actualizado hasta llegar a 361, lo que fue destacado por Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, como uno de los operativos más grandes bajo la administración de Donald Trump desde su retorno al poder en 2024.

“Está rápidamente convirtiéndose en una de las operaciones más grandes desde que el presidente Trump asumió el cargo”, escribió Noem en la plataforma X.

Pero el aumento progresivo de las cifras y la falta de claridad respecto al procedimiento judicial siembra dudas. ¿Se está priorizando una narrativa política por encima de la investigación penal real?

La muerte de Jaime Alanis: un reflejo del costo humano

En medio del caos, Jaime Alanis, un trabajador agrícola de 57 años, cayó desde el techo de un invernadero y murió por las heridas. Su sobrina, Yesenia Durán, confirmó que Alanis era el único proveedor económico de su familia en México.

“Llamó a su esposa escondido, mientras los agentes patrullaban”, escribió Durán en GoFundMe. Según los médicos, cayó desde unos nueve metros.

Es el primer fallecimiento confirmado durante una operación migratoria bajo el segundo mandato de Trump.

Los menores de edad y el trabajo agrícola

Uno de los focos más sensibles del operativo ha sido la presencia de menores. Primero se reportaron 10 niños y luego la cifra ascendió a 14. No obstante, a la fecha, no se han presentado pruebas de tráfico ni abuso, y no está claro qué hacían esos menores en las instalaciones.

Según las leyes federales y del estado de California, los menores pueden trabajar en granjas bajo estrictas condiciones (fuera del horario escolar y con edades mínimas de 12 años). Ningún menor de 21 años puede trabajar legalmente con cannabis, lo que coloca un velo de ilegalidad si se confirma su involucramiento directo con dicho cultivo.

Sin embargo, el Departamento de Control de Cannabis de California realizó una inspección en mayo y no encontró menores en el lugar. Entonces, ¿hasta qué punto se basa la acusación en hechos contrastables o simplemente en sospechas?

Arrestos de ciudadanos estadounidenses: una señal de alarma

Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron arrestados, entre ellos el profesor universitario Jonathan Caravello, quien fue acusado de lanzar una granada de gas lacrimógeno hacia los agentes. Testigos afirman que Caravello solo estaba intentando alejar el gas lacrimógeno de una persona en silla de ruedas.

Otro caso es el de George Retes, veterano discapacitado del ejército y guardia de seguridad de la granja, quien fue violentamente detenido mientras intentaba salir del área. Su familia asegura que intentaron comunicarse con él durante días sin éxito.

Estos arrestos sugieren que el operativo también tuvo una fuerte carga disuasiva contra quienes cuestionaron la redada o trataron de proteger a otros.

Un operativo sin transparencia

Lo más preocupante es que las autoridades rehusaron mostrar las órdenes judiciales utilizadas en el operativo. Tampoco han brindado más información sobre los menores, o sobre las supuestas razones de abuso o trata de personas.

Esta falta de transparencia pone en entredicho tanto la legitimidad como la legalidad de la operación. Además, la empresa no ha sido acusada formalmente de ningún crimen.

La guerra económica contra el tomate mexicano

En un movimiento coincidente con la redada, el gobierno estadounidense anunció un arancel del 17% a los tomates frescos mexicanos, una medida que afecta directamente a una industria que satisface el 70% del consumo estadounidense.

“La industria del tomate en EE.UU. está en crisis”, dijeron desde el Florida Tomato Exchange. Pero otros expertos, como el profesor Tim Richards (Arizona State University) aseguran que esto provocará un aumento del 8.5% en los precios de los tomates en el mercado minorista estadounidense.

Además, más de 50,000 empleos en EE.UU. están relacionados con la importación de tomates mexicanos, lo que podría agravar el desempleo interno.

¿Una política migratoria o una estrategia de intimidación?

Para muchos, este operativo representa una forma de “gobernar mediante el miedo”. Una combinación de militarización, ampliación de poderes federales y mensajes nacionalistas que, lejos de resolver problemas estructurales, polariza a la sociedad y vulnera derechos humanos.

“No se trata sólo de una redada, sino de enviar un mensaje claro: aquí mandamos nosotros”, opinó un vocero anónimo de una ONG que lucha por los derechos migrantes en California.

La invisibilización del cambio climático, otra cara de una misma moneda

Por si fuera poco, esta redada coincide con otra preocupante decisión del gobierno: remover los informes oficiales sobre el cambio climático de sitios web públicos. La NASA se negó a alojar los informes que hasta entonces ofrecía el portal GlobalChange.gov.

“No quieren que la ciudadanía vea la evidencia científica sobre cómo el cambio climático afecta nuestros bosques, cosechas, tormentas o inundaciones”, indicó el científico John Holdren.

Pareciera que el enfoque de esta administración es claro: eliminar aquello que genera cuestionamientos y reforzar discursos de poder, sin importar el costo humano, ambiental o democrático.

El campo, la marihuana y los migrantes: ¿triplemente invisibles?

La redada en Glass House Farms no es un hecho aislado. Es un síntoma de una política que coloca en el filo a quienes viven en las fronteras de la legalidad: trabajadores agrícolas, migrantes, cultivadores de cannabis y minorías raciales.

Los hechos revelan la situación trifásica de invisibilidad que enfrentan muchos de estos individuos: primero como migrantes irregulares, luego como trabajadores no protegidos, y finalmente como actores dentro de una industria cuyo marco legal aún es contradictorio y en evolución.

¿Qué sigue ahora? Las investigaciones deben esclarecer si realmente existió trata de personas o abuso infantil. Mientras tanto, un hombre está muerto, cientos de familias separadas y la confianza pública una vez más se erosiona ante una administración que parece más interesada en la fuerza que en la justicia.