La apuesta radical de Trump: ¿Desmantelar el Departamento de Educación como estrategia política?
Entre promesas de campaña y conflictos legales, el expresidente avanza con uno de sus planes más controvertidos
El plan de Trump vuelve al ruedo
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde al expresidente Donald Trump para reactivar su polémico plan de desmantelar el Departamento de Educación. Esta controversial decisión permite a la administración Trump continuar con los despidos de aproximadamente 1.400 empleados federales vinculados a la educación, una de las promesas emblema de su campaña.
El fallo se produce después de que el juez federal Myong Joun en Boston emitiera una orden judicial preliminar para frenar dichos despidos argumentando que la medida podría “paralizar el departamento”. La Corte de Apelaciones se negó a suspender esa orden mientras el caso se apelaba hasta que ahora, el máximo tribunal intervino para anularla, permitiendo que Trump retome la ejecución de su plan.
Sotomayor y los límites del poder ejecutivo
El fallo no estuvo exento de críticas. Las tres juezas liberales del tribunal —Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan— disintieron enérgicamente. Sotomayor escribió:
“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego actúa en consecuencia, es deber del Poder Judicial frenar esa ilegalidad, no facilitarla.”
Es una advertencia potente sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia administrativa.
¿Qué hay detrás del cierre?
El argumento de Trump para reducir el tamaño del Departamento de Educación gira en torno a la eficiencia gubernamental y a restar el rol federal en áreas que, según su visión, deben ser responsabilidad de los estados. En su primer mandato, ya había criticado al Departamento como una instituación “ineficiente y hostil al pensamiento conservador”.
Linda McMahon, Secretaria de Educación, defendió la decisión: "Hoy, la Corte Suprema nuevamente reafirma lo obvio: el Presidente tiene la autoridad final sobre la administración de las agencias federales".
Sin embargo, las repercusiones son profundas: los despidos afectarían programas esenciales como:
- Educación especial
- Distribución de ayuda financiera estudiantil
- Aplicación de leyes de derechos civiles en escuelas
Movilización judicial: escuelas y estados contra la decisión
La medida desencadenó dos grandes demandas federales. Una fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton (Massachusetts), junto con la Federación Americana de Maestros. La otra fue iniciada por 21 fiscales generales demócratas.
Ambas alegaban que el cierre de facto del departamento iba contra la ley federal, ya que imposibilitaba funciones obligatorias impuestas por el Congreso. Se señaló además que los despidos dejaron a muchos empleados en un limbo legal: en licencia paga desde marzo, no despedidos oficialmente pero sin poder trabajar. El sindicato AFGE Local 252 denunció esta situación como una forma de “invisibilización laboral”.
Trump contra el 'Estado profundo'
Este intento de reducción drástica del aparato estatal se enmarca dentro de una ideología que ha venido ganando fuerza en sectores ultraconservadores: el desmantelamiento parcial del Estado Administrativo. Según esta visión, múltiples agencias federales habrían usurpado funciones no autorizadas, generando lo que llaman un “Estado profundo” que frena la agenda de la mayoría elegida democráticamente.
La Heritage Foundation, un influyente think tank conservador, publicó en 2023 el informe Project 2025, que propone liquidar, abandonar o privatizar varias agencias, entre ellas la de Educación. Trump parece estar ejecutando esta hoja de ruta.
¿Dónde queda la educación pública?
Según datos del National Center for Education Statistics, el Departamento de Educación gestiona más de $75 mil millones de dólares al año en subvenciones, programas y proyectos dedicados, entre otras cosas, a:
- Programas de apoyo escolar en zonas vulnerables
- Educación bilingüe y multicultural
- Becas Pell para estudiantes universitarios de bajos ingresos
Eliminar buena parte del personal sin una estrategia de reparto de responsabilidades podría dejar miles de proyectos sin supervisión y millones de estudiantes sin acceso a programas vitales.
Precedentes: ¿esto ya pasó antes?
La idea de cerrar el Departamento de Educación no es nueva. En 1980, el presidente Jimmy Carter fundó formalmente esta agencia tras separar sus funciones del Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Desde entonces, ha sido blanco recurrente del ala más conservadora del Partido Republicano.
El excongresista Ron Paul propuso en varias ocasiones abolirlo totalmente. En 2012, el entonces candidato presidencial Rick Perry afirmó: “Eliminaré tres agencias federales: Comercio, Educación y... (olvidó la tercera durante el debate)”. Su lapsus fue emblemático, pero su intención es eco de lo que ahora Trump consigue poner en marcha.
Implicaciones políticas en año electoral
El desmantelamiento parcial representa también una jugada política. Trump busca reforzar su imagen de “outsider” que combate a la burocracia federal, idea muy valorada por una base electoral que considera al gobierno como parte del problema, no de la solución.
No obstante, en un año electoral como el 2024, con Trump buscando regresar a la Casa Blanca, las consecuencias de esta medida podrían volverse un arma de doble filo: moviliza a su base, pero también ofrece munición a sus opositores.
¿Y ahora qué?
El futuro inmediato es incierto. El gobierno federal deberá justificar cómo reconfigurará las funciones esenciales sin el personal adecuado. Organizaciones como la American Federation of Teachers ya anunciaron que seguirán batallando en los tribunales.
Trump, mientras tanto, avanza en una narrativa cada vez más disruptiva de lo que significa gobernar el país. Su objetivo, más allá de la educación, es demostrar que el Presidente tiene la autoridad y —según sus seguidores— el deber de recortar el tamaño del “monstruoso” gobierno federal.
En palabras de su campaña: “Menos Washington, más libertad”. Pero, ¿a qué costo?
