El choque legal entre Texas y Nueva York por el aborto: ¿Una guerra de leyes entre estados?

Una batalla legal con implicaciones nacionales

En medio del debate nacional sobre el derecho al aborto en Estados Unidos, un nuevo capítulo se abre con gran relevancia política y jurídica: la negativa de Nueva York a reconocer una sentencia civil dictada en Texas contra una médica que presuntamente recetó, por telemedicina, píldoras abortivas a una mujer residente en el estado texano. La historia, centrada en la Dra. Margaret Carpenter, está lejos de ser una anécdota aislada; representa una colisión directa entre leyes estatales diametralmente opuestas y podría sentar precedentes importantes a nivel nacional.

El caso Carpenter: entre Texas y Nueva York

La Dra. Margaret Carpenter, radicada en el norte del estado de Nueva York, ha sido objeto de atención legal desde que el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, iniciara acciones contra ella por supuestamente violar leyes texanas relacionadas con el aborto. Paxton busca hacer cumplir en Nueva York un fallo civil que le exige a Carpenter pagar más de $100,000 por haber recetado medicación abortiva en Texas, estado con legislaciones altamente restrictivas sobre el tema.

Sin embargo, la funcionaria encargada del registro civil del condado de Ulster, Taylor Bruck, ha denegado formalmente la presentación de este fallo en su jurisdicción, citando una ley estatal que protege a los proveedores de servicios de aborto en Nueva York de demandas o sanciones impuestas por otros estados cuyos residentes buscan dichos servicios.

Escudos legales: la postura de Nueva York

Nueva York se encuentra entre los ocho estados que han aprobado leyes de “escudo” para proteger a proveedores de servicios reproductivos de acciones legales por parte de jurisdicciones con legislación antiaborto. Estas leyes brindan protección a los médicos, clínicas y otros profesionales que ofrecen acceso a abortos o medicamentos abortivos, incluso si los pacientes residen en estados donde el aborto está prohibido o severamente restringido.

Desde la derogación de Roe v. Wade, múltiples estados han reforzado sus normas, limitando severamente el acceso al aborto, lo que ha generado un cúmulo de tensiones interestatales. Como respuesta, estados como California, Illinois, Oregón y Nueva York han implementado estas medidas escudo. La idea es clara: evitar que la guerra legal antiaborto de estados conservadores se proyecte más allá de sus fronteras.

El argumento de Texas: la Constitución como base

Por el contrario, Texas sostiene que la negativa de Nueva York a registrar el fallo viola la Cláusula de Plena Fe y Crédito (Full Faith and Credit Clause) contenida en el Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos, que exige a los estados respetar las leyes, registros y procedimientos judiciales de otros estados. De ser así, este conflicto podría terminar en la Corte Suprema de EE.UU., que debería dirimir si las leyes escudo estatales son constitucionales cuando chocan con sentencias judiciales de otros estados.

Los republicanos acusan a los estados progresistas de atentar contra el federalismo y la unidad jurídica del país. En cambio, Nueva York defiende su soberanía legal para proteger los derechos reproductivos dentro de su territorio y oponerse a lo que muchas voces consideran un “acoso judicial” contra profesionales médicos.

Kathy Hochul planta cara

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó tanto a Bruck como a Carpenter, rechazando en enero otra solicitud de extradición relacionada con una acusación de Louisiana contra la doctora por haber recetado abortivos a una menor. De forma enfática, Hochul declaró:

“Nuestra respuesta a su reclamo sin fundamento es clara: ni en sueños. Nueva York no será intimidado. Y yo nunca retrocederé en esta lucha”.

Estas declaraciones son coherentes con lo que Hochul ha calificado como la «Nueva Frontera» del derecho al aborto: garantizar que cualquiera, en cualquier parte del país, pueda acceder a servicios reproductivos sin importar las medidas restrictivas de sus estados.

La guerra por el control moral y legal

Este caso no es un incidente aislado. Desde la caída de Roe v. Wade en junio de 2022, más de 20 estados han implementado prohibiciones totales o casi totales del aborto, mientras otros han expandido el acceso. En ese contexto, la capacidad de una mujer de obtener un aborto seguro y legal en EE.UU. hoy depende del código postal donde viva.

Además de la legislación, se está jugando una guerra cultural y moral. Mientras los estados conservadores apelan a valores religiosos y tradicionales, los progresistas apelan a los derechos humanos y la autonomía corporal. Este choque ideológico se traduce ahora en confrontaciones legales sin precedente entre fiscales, jueces y gobernadores.

Implicaciones del caso para el futuro

• Precedente constitucional: Si este caso llega a la Corte Suprema, una decisión podría establecer los límites de los poderes estatales para proteger (o sancionar) prácticas médicas con efectos interestatales.
• Riesgo profesional para médicos: Este tipo de fallos y demandas podría disuadir a médicos de ofrecer telemedicina reproductiva, incluso si es legal en su estado. La amenaza de demandas civiles está creando un clima de temor y autocensura.
• Fragmentación legal: EEUU podría experimentar una desertificación legal donde los derechos básicos varían significativamente de un estado a otro, generando desigualdad jurídica severa.

Una ciudadanía atrapada entre leyes estatales

Los verdaderos afectados de este choque legal son, como siempre, los ciudadanos. Mujeres que viven en estados como Texas, Mississippi o Alabama ahora deben viajar cientos de kilómetros para acceder a un aborto legal. Y muchas no tienen los recursos financieros, tiempo o redes de apoyo para realizar tales desplazamientos.

Además, el concepto de telemedicina, antes una solución moderna y eficaz, está siendo criminalizado en varios estados, lo cual representa un retroceso grave para varias comunidades rurales o marginales que dependen de la atención remota.

¿Hacia una guerra judicial entre estados?

El caso Carpenter podría convertirse en el primero de muchos litigios similares, donde un estado demanda a proveedores en otro estado por haber ofrecido servicios reproductivos a sus residentes. Y si más estados implementan leyes escudo, Estados Unidos podría ver multiplicarse los conflictos legales entre fiscales generales de distintos signos políticos.

La situación podría incluso llegar a extremos donde las extradiciones entre estados sean denegadas sistemáticamente, debilitando el principio básico de coordinación jurídica entre jurisdicciones estatales. En otras palabras, Estados Unidos estaría creando su propio “archipiélago legal”, donde las leyes y derechos básicos cambian dramáticamente según el estado en el que uno se encuentre.

Lo que está en juego

No se trata solo de un caso aislado o de una doctora acosada legalmente. Lo que está en juego en este momento es la redefinición del federalismo estadounidense y la validez del derecho constitucional al libre ejercicio médico, la autonomía corporal y la protección contra la extraterritorialidad jurídica.

A medida que los años posteriores a la caída de Roe v. Wade se desarrollan, cada tribunal, cada sentencia y cada rechazo a registrar fallos como en Nueva York se convierten en parte de la historia más amplia de una nación dividida entre visiones profundamente enfrentadas sobre el cuerpo, la ley y la moralidad.