El gobierno de Trump bajo fuego: despidos masivos, redadas migratorias y amenazas autoritarias

Despidos en el Departamento de Justicia: ¿venganza política?

En los últimos meses, el Departamento de Justicia estadounidense ha sido el escenario de una purga como no se veía desde la era de Richard Nixon. A partir de enero de 2025, decenas de fiscales y personal de apoyo fueron despedidos por haber participado en casos relacionados con el expresidente y ahora nuevamente presidente Donald Trump.

Los despidos, según fuentes internas del mismo departamento, incluyeron a fiscales destacados en las investigaciones contra Trump por la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago y por presunta conspiración para revertir los resultados electorales de 2020. Ambos casos judiciales fueron finalmente abandonados después de que la Corte Suprema emitiera un fallo clave que otorga inmunidad amplia a exmandatarios por actos realizados en el ejercicio del cargo. Esta decisión, calificada de "decepcionante y peligrosa" por sectores jurídicos, fue vista por analistas como una forma de blindaje total a Trump.

El trasfondo político no es menor. Las purgas en el Departamento de Justicia representan un ataque frontal a la independencia judicial y al estado de derecho. En palabras de The New York Times: "Esta es una administración que busca borrar todo rastro de oposición, incluso dentro del andamiaje judicial del país".

Amenazas a la ciudadanía: el caso Rosie O’Donnell

En una de sus declaraciones más polémicas hasta la fecha, Trump anunció a través de redes sociales su intención de retirar la ciudadanía estadounidense a la actriz y comediante Rosie O’Donnell, su rival de años. "Porque Rosie no representa lo mejor de nuestra Gran Nación, estoy considerando seriamente retirarle la ciudadanía", escribió Trump, a pesar de que existe precedente constitucional en contra de tal posibilidad.

En efecto, el fallo de la Corte Suprema de 1967 en el caso Afroyim v. Rusk establece claramente que el gobierno no puede revocar de manera unilateral la ciudadanía de un ciudadano nacido en Estados Unidos. Como lo explicó Amanda Frost, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia: “El gobierno no puede elegir quién pertenece a la nación; eso va contra el espíritu fundacional de nuestra democracia.”

Rosie O’Donnell respondió desde Irlanda, donde reside actualmente, reiterando que se opone firmemente al presidente. Esta no es la primera vez que Trump sugiere revocar ciudadanías a aquellos que considera "enemigos del pueblo". En el pasado, sus amenazas se han extendido incluso hacia figuras como Elon Musk, quien aunque nacido en Sudáfrica, obtuvo la nacionalidad estadounidense por naturalización.

Redadas migratorias: muerte, miedo y política

La política antiinmigrante del actual gobierno vivió uno de sus momentos más trágicos este mes, tras la muerte de Jaime Alanis, un trabajador agrícola de 57 años, durante una redada de ICE en una instalación de cannabis en California. Alanis, quien llevaba una década trabajando en Glass House Farms, cayó de un techo cuando, según familiares, huía de los agentes federales.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó que Alanis haya estado bajo custodia de inmigración, el contexto en el que cayó resulta claramente vinculado a la redada. Según testigos y organizaciones sindicales como United Farm Workers (UFW), los operativos federales crearon una atmósfera de pánico, caracterizada por “uniformados encapuchados, humo y gritos”. La redada resultó en la detención de más de 200 inmigrantes, incluidos al menos 10 menores.

La indignación pública ha sido notable. “Las acciones violentas y crueles del gobierno federal aterrorizan a comunidades, interrumpen el suministro alimentario y separan familias”, declaró el sindicato.

Por otro lado, la empresa Glass House, que cultiva cannabis legalmente y también cultivos como tomates y pepinos, afirmó que los agentes contaban con órdenes judiciales válidas y ofreció representación legal a sus trabajadores arrestados. La empresa es propiedad de Graham Farrar, conocido por sus donaciones al partido Demócrata en California, lo que ha despertado sospechas de que la redada tuviera motivaciones políticas.

Un patrón preocupante: represión sistemática desde el poder

La combinación de estas acciones —los despidos en el Departamento de Justicia, las amenazas de revocar ciudadanías y las redadas migratorias con saldo trágico— conforman un patrón de revancha política y concentración de poder totalmente preocupante.

Entender el alcance de estas decisiones requiere remontarse a la historia constitucional del país. Ni siquiera en momentos de guerra fría o durante el McCarthismo se produjo una intromisión tan directa en la maquinaria judicial y ciudadana por parte del Poder Ejecutivo.

Además, la intensa personalización del poder presidencial, centrado en la figura de Trump, ha generado una división peligrosa entre quienes le apoyan sin condiciones y quienes son considerados enemigos de estado. Esta atmósfera de confrontación ha debilitado pilares básicos como la separación de poderes, la libertad de expresión y los derechos individuales.

¿Y ahora qué?: Estados Unidos frente a un espejo autoritario

La elección de noviembre de 2024 marcó el regreso de un Trump con aún menos frenos institucionales. Con un Congreso controlado por aliados leales y una Corte Suprema favorable, el terreno para nuevas reformas y decisiones ejecutivas resulta casi ilimitado. Entre los rumores que circulan en Washington figuran propuestas como:

• El control ejecutivo sobre el FBI y organismos de inteligencia.
• La represión contra universidades con cátedras críticas al gobierno.
• Planes para redefinir qué se entiende por "ciudadanía leal".

Como señaló el jurista y exjuez federal Bill Fletcher: “Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la transición sutil de una democracia liberal hacia un régimen democrático autoritario, una especie de ‘trumpismo institucionalizado’”.

Esta frase resume el temor de muchos: que las normas fundamentales del sistema de pesos y contrapesos sean burladas lentamente, sin causar el suficiente escándalo para generar resistencia.

Resistencia y conciencia: la última frontera democrática

Así como las decisiones recientes del gobierno de Trump han inquietado a muchos, también han activado redes de legalistas, académicos, políticos y ciudadanos comunes que advierten sobre los riesgos del rumbo que lleva el país.

Organismos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Protect Democracy han prometido enfrentar en los tribunales cada nuevo abuso de poder, y las universidades han multiplicado foros sobre autoritarismo moderno y Constitución.

El pueblo estadounidense, y especialmente sus jóvenes, parecen cada vez más conscientes del momento histórico que viven. Las calles, las redes sociales y los tribunales siguen siendo espacios activos de resistencia.

Pero como advirtió la profesora Amanda Frost, “Una democracia no cae de un día para otro, pero tampoco se salva sola. Se salva cuando sus ciudadanos —todos, desde el más poderoso hasta el más ignorado— creen realmente en su promesa y actúan en consecuencia.”