Alligator Alcatraz: El infierno oculto en los pantanos de Florida

Un modelo de disuasión o una violación a los derechos fundamentales

"Alligator Alcatraz". Así llaman ya al nuevo centro de detención de migrantes construido en tiempo récord por la administración del gobernador Ron DeSantis en un apartado rincón de los Everglades de Florida. El lugar fue mostrado como una medida ejemplar en la lucha contra la migración irregular por parte del expresidente Donald Trump, quien realizó una visita televisada al sitio junto con DeSantis a pocos días de su apertura. Sin embargo, lo que ocurrió después revela una realidad escalofriante que contradice todo intento de maquillar la situación.

Una jaula tropical donde la dignidad humana se extingue

Gusanos en la comida, baños desbordados que inundan de heces los suelos, días sin ducharse, sin acceso a medicamentos, aire acondicionado intermitente y luces encendidas toda la noche. Estos son solo algunos de los testimonios que detenidos, abogados defensores y familiares han logrado sacar del centro de detención, a pesar del estricto control del gobierno sobre la información y la imposición de comunicaciones bajo grabación.

Según relata la abogada de inmigración Josephine Arroyo, muchos de los internos se enfrentan no solo al aislamiento físico en medio del pantano, sino también a una erosión completa de sus derechos: “Estas son personas con derechos inherentes, y el derecho a la dignidad está siendo violado por completo aquí”, dijo a medios.

Condiciones “tóxicas” que deshumanizan

Situado en una pista aérea abandonada y envuelto por zonas pantanosas infestadas de insectos, el centro de detención fue concebido para albergar a cientos de migrantes. Lo paradójico es que entre sus rejas hay personas sin antecedentes criminales, como al menos un adolescente de 15 años según reportes jurídicos, o incluso beneficiarios del programa DACA como el cliente de la abogada Blankenship.

La situación roza lo inhumano. Una mujer cuyo esposo cubano fue recluido en el centro declaró lo siguiente: “No tienen cómo bañarse, no pueden cepillarse, el baño rebosa y el suelo se inunda con orina y excremento. Comen una sola vez al día y solo tienen dos minutos para hacerlo. La comida tiene gusanos”. La joven madre (28 años), con tarjeta de residencia legal y madre de una ciudadana estadounidense de solo dos años, teme represalias por hablar, solicitando permanecer en el anonimato.

Una guerra contra el derecho al debido proceso

Uno de los aspectos más alarmantes es la virtual eliminación del derecho al debido proceso legal. Tanto Arroyo como Atara Eig y Katie Blankenship, abogadas de inmigración, denuncian múltiples intentos fallidos de acceder a sus clientes. Blankenship incluso relató cómo un guardia le negó el ingreso después de varias horas de espera, redirigiéndola a esperar una llamada telefónica sin número concreto o garantía alguna de seguimiento.

“Me dijeron que esperara una llamada en 48 horas. Les pregunté el número al que podía llamar para hacer seguimiento. No hay ninguno. Esto es una violación directa al debido proceso”, relató indignada.

Muchos casos, según Eig, no tienen siquiera una jurisdicción clara. No se sabe qué corte migratoria lleva los procedimientos de los detenidos, lo que añade una capa de incertidumbre que puede prolongar las detenciones indefinidamente. Para un sistema judicial ya congestionado, estas prácticas suponen una erosión más del acceso a la justicia.

¿Disuasión o castigo ilegítimo?

El discurso público de Trump y aliados como DeSantis se ha centrado en vender esta instalación como “la respuesta ejemplar” a lo que llaman inmigración ilegal descontrolada. Con frases como “esto es lo que se necesita para que los migrantes se auto-deporten”, el centro ha sido glorificado por sectores conservadores en EE.UU. como una forma dura pero necesaria de frenar los cruces fronterizos. El problema es que la severidad del castigo está siendo aplicada a personas sin historial delictivo, muchos de los cuales han construido sus vidas en suelo estadounidense durante años.

Esto conlleva una serie de dilemas éticos, políticos y legales. ¿Es legítimo condenar a alguien a condiciones infrahumanas por una falta administrativa o migratoria? La respuesta que sugiere el caso de Alligator Alcatraz es rotunda: no.

Una historia que no es nueva, pero sí más extrema

Las críticas a las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos no son nuevas. Desde los escándalos de 2018 durante el gobierno de Trump con la separación forzada de familias migrantes hasta las denuncias de mala alimentación en centros operados por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la narrativa se repite.

Sin embargo, Alligator Alcatraz lleva esta crisis al extremo. El aislamiento geográfico imposibilita visitas regulares de abogados y familiares, la estructura física es provisional (carpas blancas y jaulas con camas amontonadas), y el sistema de supervisión parece virtualmente ausente.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, encargado del proyecto, ha negado todas las acusaciones. Su portavoz Stephanie Hartman afirmó: “El reporte sobre las condiciones es completamente falso. El centro cumple todos los estándares requeridos”. Pero ¿a qué estándares se refiere? Desde luego, no parecen ser los de derechos humanos internacionales ni los mínimos de salud y bienestar.

Visitas restringidas y control de la narrativa

A raíz de la presión pública y de una demanda interpuesta por legisladores demócratas, se ha accedido a permitir visitas controladas de congresistas y legisladores estatales. Una delegación política realizará una inspección el 12 de julio, bajo normas estrictas y sin presencia mediática.

Mientras tanto, se ha vetado completamente el ingreso de periodistas, limitando el flujo de imágenes o testimonios desde dentro. Esto genera dudas razonables sobre el intento del gobierno estatal de controlar la narrativa a toda costa, incluso a expensas de la transparencia democrática.

Los teléfonos con comunicación grabada son actualmente la única vía para los detenidos, quienes ven interrumpida cada conversación cada tres minutos con un mensaje que les recuerda que todo está siendo monitoreado. La opresión parece ser parte integrada del sistema.

Una llamada a la humanidad

“La dureza no puede justificar el abuso”, afirma la abogada Atara Eig, visiblemente frustrada por la imposibilidad de representar a su cliente de más de 50 años, quien está bajo orden de suspensión de deportación mientras presenta su apelación.

Muchos expertos coinciden en esto. La abogada Blankenship resume la preocupación perfectamente: “Estoy empezando a preguntarme quién está a cargo allí. Esto no debería estar pasando, ni aquí ni en ninguna parte de Estados Unidos”.

No es una exageración decir que el caso de Alligator Alcatraz marca un punto crítico en la política migratoria estadounidense contemporánea. Si bien la migración ilegal es un problema real y complejo, la respuesta jamás puede ser borrar de un plumazo los fundamentos del estado de derecho y los derechos humanos básicos. Estados Unidos se ve a sí mismo como un faro del mundo libre. Pero mientras haya personas comiendo gusanos bajo luces perpetuas y entre charcos de excremento humano, ese faro tiene una sombra demasiado larga.