Trump, protestas y poder: ¿una justicia a la carta?

Una política con sed de venganza

La política en Estados Unidos siempre ha tenido tintes dramáticos. Sin embargo, durante la administración Trump, especialmente en su segundo mandato, la Casa Blanca parece haber optado por un enfoque más personalista de la justicia. Investigaciones reabiertas, funcionarios vitales blanco de presuntos ajustes de cuentas, y tácticas estatales para silenciar voces críticas han generado preocupación tanto dentro como fuera del país.

El regreso de los fantasmas: la sombra rusa nunca se fue

El anuncio de nuevas investigaciones contra dos figuras clave de la comunidad de inteligencia durante la primera investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 —James Comey (exdirector del FBI) y John Brennan (exdirector de la CIA)— ha vuelto a poner el tema en la palestra. Esto ocurre años después de múltiples investigaciones que, si bien revelaron deficiencias de procedimiento, no encontraron evidencia suficiente para imputar a altos funcionarios.

Sin embargo, ahora, bajo la supervisión de leales a Trump como Kash Patel y John Ratcliffe, el Departamento de Justicia ha admitido estar llevando adelante nuevas pesquisas. Al respecto, Greg Brower, ex alto funcionario del FBI, comentó al medio Politico: "Ninguna de las investigaciones pasadas derivó en cargos criminales. Ya fueron escrutados hasta el cansancio".

La nueva narrativa: reinterpretar la historia con otros ojos

Uno de los elementos centrales de este renovado enfoque fue una evaluación desclasificada a pedido de Ratcliffe, la cual cuestiona el liderazgo de Brennan durante la elaboración del informe de inteligencia de 2017. Este informe concluyó que Rusia interfirió activamente en las elecciones para favorecer a Trump sobre Hillary Clinton, algo que incluso las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller respaldaron parcialmente.

La crítica principal hacia Brennan es el haber permitido la inclusión, en una versión clasificada, de un resumen del llamado “dossier Steele”, un informe lleno de rumores no verificados respecto a los lazos del entonces candidato Trump con Rusia. Brennan se defendió explicando que fue el FBI quien presionó para incluir ese contenido, y que él había expresado reservas claras sobre su credibilidad.

La criminalización de la disidencia académica

En paralelo a estas pesquisas, la administración Trump ha intensificado su vigilancia sobre estudiantes y profesores universitarios que han mostrado simpatías por la causa palestina. Esto derivó en un juicio inédito en Boston donde demandantes acusan al gobierno federal de violar la Primera Enmienda al deportar o detener arbitrariamente a manifestantes y académicos.

El Departamento de Seguridad Nacional formó un equipo especial, el "Tiger Team", que elaboró reportes sobre más de 200 individuos (de un total de 5,000 nombres en sus bases de datos), muchos de ellos remitidos por sitios como Canary Mission o el grupo Betar, conocidos por monitorear activistas críticos del Estado de Israel. Entre ellos estaban Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia, y Rumeysa Ozturk, estudiante de Tufts, ambos detenidos por semanas simplemente por su presencia en protestas o sus publicaciones en redes sociales.

Canary Mission: el ojo delator anónimo

Uno de los actores más polémicos en esta historia es Canary Mission, una página web que dice documentar expresiones antisemitas en campus universitarios, pero que ha sido criticada por su secretismo y tendencia a señalar activistas pro-palestinos con criterios poco claros.

Funcionarios del DHS reconocieron que muchos de sus reportes provenían de esta fuente, pero negaron tener una política específica para perseguir a activistas. “No sabíamos quién está detrás del sitio ni trabajamos directamente con ellos”, dijo Peter Hatch, agente de ICE, bajo juramento.

Académicos intimidados, libertad académica en jaque

El impacto en la comunidad académica ha sido inmenso. Megan Hyska, profesora en la Universidad Northwestern y titular de una green card, relató que dejó de apoyar activamente campamentos estudiantiles y temió por su estatus migratorio. Nadje Al-Ali, profesora de Brown University, canceló un viaje de investigación a Medio Oriente por miedo a represalias, e incluso decidió no escribir una crítica feminista contra Hamas.

“Sentí que era muy arriesgado”, declaró Al-Ali al tribunal. Estas declaraciones forman parte clave del juicio que alega que la administración Trump usó el aparato del Estado para castigar políticamente a quienes disienten.

El espejismo del Nobel de la Paz

En contraste con esta ofensiva legal, Trump ha estado recolectando nominaciones simbólicas al Premio Nobel de la Paz. Líderes como Benjamin Netanyahu y autoridades africanas lo han nominado por su papel en supuestos acuerdos de paz, como las conversaciones entre Ruanda y República Democrática del Congo.

Pero la nominación ha sido vista por críticos como un intento de manipular el ego del expresidente. “Él no busca justicia, busca venganza”, afirmó Liz Oyer, exfuncionaria del Departamento de Justicia, quien fue despedida tras negarse a restituir derechos de armas a Mel Gibson, presuntamente por pedido de Trump.

No se puede olvidar que Trump ya fue nominado en 2020 por figuras conservadoras noruegas y que, aunque lo celebró públicamente, fue ampliamente criticado por presionar a estos actores desde su cargo.

¿Politización o justicia legítima?

Mientras la administración sigue reabriendo casos cerrados, descartando acusaciones internas contra propios aliados y alimentando versiones de complots institucionales, crece el temor de que el aparato judicial estadounidense esté siendo instrumentalizado por razones partidistas.

Casos como el de las presuntas visas revocadas de estudiantes por sus opiniones, o la amenaza de investigar a Letitia James (fiscal de Nueva York que demandó a Trump) por fraude hipotecario, fortalecen la tesis de que más que una cruzada por la verdad, se trata de una ofensiva contra los que se atrevieron a desafiar al jefe de Estado.

Los próximos meses en tribunales serán clave para definir si esta tendencia continúa o si, por el contrario, instituciones judiciales y académicas logran defender su independencia.

Un ecosistema político que se reconfigura

El legado de Trump va más allá de decisiones polémicas o leyes modificadas; está reconfigurando silenciosamente las normas éticas que rigen la relación entre poder político y justicia. La inclusión del dossier Steele, las deportaciones arbitrarias, las nominaciones honoríficas, todo parece formar parte de una narrativa donde el enemigo es el disenso y el premio, la lealtad.

En palabras del propio Brennan: “Es un ejemplo triste y trágico de la politización del proceso de seguridad nacional”. Y es que, cuando el ojo del Estado se convierte en herramienta de intimidación, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: la libertad para disentir sin miedo.