El caso Kilmar Abrego García: ¿Justicia o represalia política?

Un juicio con sabor a revancha

La historia de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que residía en EE.UU. desde hace más de una década, ha escalado a un conflicto legal, político e incluso humanitario. Mal deportado a El Salvador en marzo de 2025 a pesar de una orden judicial que lo protegía, hoy enfrenta cargos federales por tráfico humano, en un caso que sus abogados aseguran es una maniobra del gobierno para encubrir una grave negligencia judicial.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Trabajador de la construcción, padre de familia, esposo de una ciudadana estadounidense y residente en Maryland por más de 10 años. Así describen a Abrego García quienes lo conocen.

En 2019, un juez de inmigración estadounidense determinó que el salvadoreño debía permanecer en el país, ya que podría ser víctima de persecución de pandillas en su país natal, especialmente de la temida MS-13. Pero en marzo de 2025 fue deportado pese a esa decisión judicial, una acción que ahora se considera una violación al debido proceso.

Deportación y detención en El Salvador

Tras su llegada a El Salvador, fue trasladado directamente a una de las megacárceles recientemente construidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, como parte de su controvertida guerra contra las pandillas.

Desde dicha prisión, Abrego denunció haber sido víctima de golpes y tortura psicológica. Aunque el gobierno salvadoreño niega estas acusaciones, múltiples organizaciones de derechos humanos han cuestionado las condiciones de las cárceles del país.

Retorno forzado a EE.UU.

Tras una presión mediática, política y una orden de la Corte Suprema de EE.UU., el gobierno de Joe Biden se vio obligado a repatriar a Abrego y permitirle defenderse ante la justicia estadounidense. Sin embargo, su regreso no lo ha liberado del escrutinio: ahora enfrenta cargos federales por tráfico humano, un delito que podría costarle décadas en prisión.

Los cargos derivan de un incidente ocurrido en 2022, donde fue detenido por exceso de velocidad en Tennessee con nueve pasajeros en su vehículo. No llevaban equipaje—algo, según las autoridades, típico en operaciones de tráfico humano.

¿Un montaje judicial?

“Absurdo e infundado.” Así califican los abogados de Abrego García los nuevos cargos. Alegan que el caso es un intento por justificar su deportación ilegal con una narrativa criminal, envolviéndolo en un juicio público antes de una audiencia justa en los tribunales.

Además, señalan que varios de los testigos del gobierno testificaron a cambio de beneficios migratorios o rebajas en sus propias sentencias, lo que cuestiona su credibilidad.

Batalla jurídica en dos estados

Actualmente, el caso está atrapado en un interesante conflicto de jurisdicciones. Sus abogados han pedido que sea trasladado a Maryland, estado donde residía antes de su deportación. Pero el gobierno federal insiste en mantenerlo en Tennessee, argumentando razones operativas y de seguridad.

La jueza Paula Xinis, de la Corte Federal en Maryland, incluso cuestionó si podía ordenar una “medida interina” para evitar que Abrego fuera deportado una vez más. Según la abogada del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, Xinis no tiene jurisdicción suficiente para dictaminar sobre dónde se le debe detener.

Mientras tanto, la esposa de Abrego ha interpuesto una demanda contra el gobierno estadounidense por la deportación ilegal de su esposo y exige garantías para evitar una nueva expulsión.

¿Un chivo expiatorio político?

El caso toma un giro político y mediático al ocurrir en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump y las dificultades del actual gobierno de Biden para desmontar los excesos de su predecesor.

Durante el mandato de Trump, se intensificaron los arrestos y deportaciones, bajo una política de tolerancia cero. Los fiscales aseguran que Abrego tenía conexiones con la MS-13, aunque nunca fue imputado por pertenencia a pandillas, ni existen pruebas directas de su afiliación.

Según sus abogados, la administración lo deportó inmediatamente después de conseguir una excusa «creíble», aunque toda la evidencia apuntaba a que el hombre debía permanecer dentro del país por razones humanitarias y judiciales.

El peligro del juicio en la «opinión pública»

El caso también destapa una práctica cada vez más común en EE.UU.: el uso de los tribunales para “lavar” decisiones administrativas cuestionables. Lo que inició como una deportación errónea terminó en la apertura de un caso penal, en una presunta maniobra para cambiar la narrativa: de víctima de un sistema errático, a presunto criminal.

“Quieren condenarlo en la corte de la opinión pública antes que en la corte legal”, han dicho sus abogados a medios locales.

Un símbolo migrante

Abrego García se ha convertido en un símbolo para organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes, que ven en su caso la encarnación de los errores y excesos de un sistema migratorio que todavía funciona con base en prejuicios raciales, estigmatización de nacionalidades y el miedo a las pandillas.

Estos grupos resaltan que su situación no es excepcional: cada año, cientos de inmigrantes son deportados ilegalmente o retenidos sin que se haya agotado su proceso legal.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, entre 2018 y 2021 se documentaron más de 1,500 casos de deportaciones erróneas en EE.UU., muchas no revertidas a pesar de las apelaciones.

¿Qué futuro le espera?

Mientras se espera la audiencia del 16 de julio en Nashville, Abrego García continuará detenido, pero no porque represente un peligro o intento de fuga—de hecho, un juez ya había determinado que podía salir bajo condiciones—sino por la estrategia de sus abogados para impedir una nueva deportación.

La pregunta permanece: ¿logrará su defensa probar no solo que los cargos son infundados, sino que todo el proceso es una represalia política? ¿O será otro caso más en que un inmigrante es consumido por el engranaje del sistema legal mientras su historia se diluye del debate público?

Por ahora, la batalla legal continúa, y con ella, el nombre de Kilmar Abrego García se sigue escribiendo como emblema de lo que muchos consideran una justicia selectiva.