¿Por qué EE. UU. sancionó a Francesca Albanese? Entre la libertad de expresión y la política internacional

Francesca Albanese no es una figura cualquiera dentro del engranaje diplomático mundial. Como relatora especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, ha estado en el centro de la controversia desde que asumió el cargo en mayo de 2022. Su nombre volvió a ocupar titulares cuando, el miércoles pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que le impondría sanciones por sus declaraciones y acciones durante su mandato.

¿Es esto un abuso de poder? ¿O una medida legítima para frenar lo que EE. UU. considera una postura radical? El caso de Albanese revela las fricciones crecientes entre el sistema multilateral representado por las Naciones Unidas y la política exterior de Estados Unidos e Israel frente al conflicto en Palestina.

¿Quién es Francesca Albanese?

Italiana de nacimiento y abogada especializada en derechos humanos, Francesca Albanese cuenta con una trayectoria respetable en el ámbito internacional. Ha trabajado con distintas agencias de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). También ejerció como asesora durante la crisis del Ébola en África Occidental, colaborando con una ONG estadounidense basada en Washington.

En 2022, fue nombrada relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, un cargo que no representa oficialmente al sistema de la ONU, pero cuya influencia simbólica y política es elevada.

¿Qué dijo Albanese que molestó tanto a EE. UU.?

Sus críticas hacia Israel han sido persistentes. Desde su llegada al puesto, ha denunciado acciones que, en sus palabras, podrían constituir "genocidio contra el pueblo palestino en Gaza". Esto le ha valido elogios por parte de organizaciones pro derechos humanos y críticas virulentas por parte de Israel, Estados Unidos y sectores vinculados al lobby pro-israelí.

Más recientemente, emitió un informe señalando a empresas estadounidenses que, a su parecer, están lucrando con la guerra en Gaza: "Mi informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos", dijo de forma rotunda.

Además, ha respaldado las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusados preliminarmente de crímenes de guerra. La investigación aún sigue en marcha, pero muestra cómo la percepción de impunidad progresa cuando potencias como Israel son señaladas.

¿Cuál fue la reacción del gobierno estadounidense?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las sanciones contra Albanese con acusaciones severas: "Ha propagado antisemitismo sin tapujos, expresado apoyo al terrorismo, y mostrado desprecio abierto por Estados Unidos, Israel y Occidente".

Albanese ha negado todas estas acusaciones y respondió durante una conferencia en Eslovenia: "¿Me sancionan por haber expuesto un genocidio? ¿Por denunciar un sistema? Nunca me han desafiado sobre los hechos", declaró.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la revocación inmediata de las sanciones, asegurando que tales medidas "no son el camino adecuado incluso ante desacuerdos acalorados". Su apoyo ha revitalizado el debate sobre la independencia de los expertos de la ONU.

El contexto: Gaza, Israel y la CPI

Desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza en 2023, las cifras han sido alarmantes. Según datos de la organización OCHA de Naciones Unidas, más de 35.000 palestinos han muerto desde 2022 como resultado de las operaciones militares israelíes. Del lado israelí, más de 300 soldados y civiles han perdido la vida, especialmente desde el ataque lanzado por Hamas en octubre de 2023.

En este escenario, la CPI ha abierto investigaciones tanto a líderes de Hamas por crímenes de guerra como a funcionarios israelíes. Sin embargo, ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de este tribunal internacional, socavando los esfuerzos de justicia transnacional.

¿Qué papel juega la ONU y sus relatores?

Los relatores especiales son parte del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Actualmente, hay 14 relatores asignados a países específicos —como Myanmar, Siria, Irán, Rusia, Eritrea o Afganistán— y otros más enfocados en temas globales como la tortura, la trata de personas o los desplazamientos forzados.

Sus mandatos, por regla general, duran un año y pueden ser renovados. No cuentan con el respaldo obligatorio de los países que investigan, lo cual, paradójicamente, refuerza su papel como observadores independientes. Sus informes alimentan debates en el Consejo de Derechos Humanos, y muchas veces —como es el caso del informe publicado por Albanese—, son utilizados por tribunales internacionales como prueba documental.

El debate que arde: ¿libertad o censura?

El trasfondo político no puede ser ignorado. Hay quienes consideran que las sanciones contra Albanese representan una medida política para silenciar posturas incómodas, especialmente en un momento donde Occidente intensifica su apoyo a Israel.

Usualmente, las voces dentro de las Naciones Unidas que señalan excesos de Israel encuentran escasa acogida en los medios y gobiernos occidentales. "La ONU y sus relatores deben gozar de independencia. Nadie quiere un sistema de derechos humanos que solo diga lo que conviene a las potencias", escribió la ONG Human Rights Watch en un comunicado posterior a las sanciones.

Incluso dentro de sectores académicos estadounidenses, las sanciones han generado incomodidad. Expertos de Georgetown, donde Albanese fue investigadora afiliada en migraciones, criticaron la medida como "un ataque a la libertad académica y a la rendición de cuentas internacional".

¿Qué dice Israel?

El gobierno israelí, históricamente crítico hacia el Consejo de Derechos Humanos —al que ha acusado en múltiples ocasiones de estar sesgado—, rechazó rotundamente los informes de Albanese. El embajador de Israel ante la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, declaró que "los relatores como Albanese no buscan la verdad, sino demonizar a Israel".

Israel ha boicoteado a otros órganos similares, como la Comisión de Investigación que fue creada tras la escalada de violencia en 2021. Para Tel Aviv, estos mecanismos carecen de imparcialidad y están políticamente alineados con causas contrarias a su existencia.

¿Y ahora qué sigue?

Albanese no planea dimitir. Ha sido clara en su posición: "Siempre me han atacado desde el inicio de mi mandato... pero la misión es amplificar la voz de aquellos que no son escuchados".

En un entorno donde la presión diplomática, las amenazas legales y la polarización alcanzan niveles sin precedentes, la historia de Francesca Albanese invita a una reflexión profunda sobre el valor de la verdad en la política internacional. Y también sobre cuán dispuesto está el sistema internacional a proteger a quienes desafían el statu quo.

El conflicto no se resolverá pronto. Pero si el silencio es cómplice, la voz de Albanese es —para muchos— el eco de una conciencia que incomoda, sí, pero también inspira.