Transparencia a oscuras: el caso Alabama Power y la exclusión pública en decisiones de tarifas eléctricas

¿Qué está pasando en Alabama?

En un fallo que ha provocado indignación entre grupos ambientalistas y defensores de derechos civiles, la jueza del circuito de Montgomery, Brooke Reid, autorizó que la Comisión de Servicios Públicos de Alabama continúe realizando reuniones a puerta cerrada para decidir los ajustes en las tarifas eléctricas. Esta decisión respalda los métodos de decisión interna de la poderosa empresa Alabama Power, aún cuando estos procedimientos contradicen lo que ocurre en la mayoría de los estados vecinos del sur de EE.UU.

El origen del conflicto

El caso surge tras una demanda presentada por el Southern Environmental Law Center en representación de Energy Alabama, una organización sin fines de lucro comprometida con la energía renovable. La demanda intentaba demostrar que negar el acceso público a dos reuniones clave celebradas en 2024 –en las cuales se establecieron aumentos tarifarios vinculados a la volatilidad del mercado internacional de combustibles– violaba derechos fundamentales del público y regulaciones establecidas desde 1981.

¿Qué dice la regulación?

Desde 1981, las reglas de la comisión establecen que el público tiene el derecho de escuchar las pruebas y participar en los procedimientos relacionados con ajustes de precios debido a cambios en los costos de combustibles. Sin embargo, según indica la demanda, en más de 40 años solo se han llevado a cabo dos audiencias públicas. La última ocurrió en 2008, en plena crisis financiera global.

Comparación con estados vecinos: el caso de Georgia

La publicación de datos demuestra que la situación en Alabama no responde a una tendencia nacional, ni siquiera regional. Por ejemplo, en Georgia —donde se regula a una empresa hermana de Alabama Power— la Comisión de Servicios Públicos ha celebrado al menos 26 audiencias públicas formales sobre ajustes de combustibles.

Esto deja en clara evidencia que Alabama se aleja del estándar de transparencia pública, manteniendo en secreto decisiones que afectan directamente al bolsillo de 1.5 millones de consumidores.

La respuesta del tribunal

Durante una audiencia celebrada en junio, la jueza Reid afirmó que debía otorgar “deferencia a la interpretación que la comisión hace de sus propias reglas”. Posteriormente, su decisión concluyó que los derechos de Energy Alabama no habían sido “sustancialmente violados”. Esto dejó desconcertados a muchos sectores, incluyendo a Christina Tidwell, abogada del Southern Environmental Law Center, quien señaló:

“Mientras otros estados del sur fomentan la participación pública en estos procesos, los clientes de Alabama Power seguirán siendo excluidos”.

¿Quién es Alabama Power?

Alabama Power es una compañía subsidiaria del conglomerado basado en Atlanta, Southern Company, que en 2024 reportó ingresos netos de $4,400 millones de dólares. La empresa abastece aproximadamente al 30% de toda la población del estado, si bien la mayoría de los residentes del estado utilizan cooperativas eléctricas o servicios municipales.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en 2023:

• El consumidor promedio de Alabama Power pagaba $159 mensuales por electricidad.
• En comparación, el promedio general en el estado era de alrededor de $132 por mes.

Esto significa un sobrecargo mensual importante, en muchos casos no explicado de forma transparente.

¿Cómo justifican la falta de audiencias públicas?

Los abogados del estado argumentaron que no han iniciado “nuevos procedimientos formales” desde 2008, lo cual técnicamente significa que no están obligados a abrir nuevamente el proceso al público. Sin embargo, en ese período se han realizado al menos 15 ajustes tarifarios.

Además, sostienen que la comisión publica informes mensuales sobre precios de combustibles y que los aumentos de tarifas pueden apelarse públicamente. Esta explicación ha sido tachada de insuficiente y simbólica por los críticos.

Crítica de la sociedad civil

Daniel Tait, director ejecutivo de Energy Alabama, calificó la decisión judicial como un duro golpe para los residentes del estado:

“Resulta decepcionante para los habitantes de Alabama, que no tienen otra alternativa más que pagar los altos costos de los combustibles fósiles reflejados en sus facturas de electricidad de Alabama Power.”

Una práctica desfasada: la opacidad del pasado en el siglo XXI

Vivimos en una época de máxima demanda de rendición de cuentas, especialmente en temas sensibles como tarifas y servicios públicos. En este contexto, que un organismo estatal celebre reuniones privadas para decidir sobre aumentos tarifarios sin permitir participación ciudadana resulta, como mínimo, anacrónico.

En algunos sectores se ha instado incluso a examinar si esto podría constituir una violación de derechos ciudadanos establecidos en la legislación federal, incluyendo el debido proceso.

¿Y el futuro?

Por ahora, la decisión de la jueza Reid significa que la puerta sigue cerrada para los consumidores de Alabama que desean estar presentes —o al menos informados— en la toma de decisiones que afectan directamente su economía familiar.

Sin embargo, este caso ha conseguido lo que muchos intentos políticos y legales no: colocar el tema de la transparencia energética en el centro del debate público. Mientras tanto, los estados vecinos demuestran que una participación ciudadana real no solo es posible, sino deseable, y Alabama se coloca en un incómodo aislamiento administrativo.

¿Qué podemos aprender de todo esto?

En un contexto de cambio climático, aumento de costos energéticos y demandas globales por energías limpias, decisiones como las de Alabama socavan la confianza pública e impiden avances hacia un modelo más democrático y sostenible.

El acceso a la energía es un derecho fundamental en las sociedades modernas. Y si bien las infraestructuras eléctricas son complejas, eso no es excusa para que los procesos regulatorios se manejen a espaldas de quienes más los necesitan: los ciudadanos.