La salud presidencial bajo escrutinio: ¿transparencia o persecución política?

Por años, la salud de los presidentes ha sido un tema envuelto en secretismo, mitos y rumores. Ahora, el Congreso de Estados Unidos reabre la caja de Pandora al poner bajo escrutinio la salud mental de Joe Biden, con implicaciones legales y políticas de gran envergadura.

Un médico bajo juramento… y en silencio

El doctor Kevin O’Connor, médico de cabecera del presidente Joe Biden durante su estancia en la Casa Blanca, se negó recientemente a responder preguntas del Comité de Supervisión en la Cámara de Representantes. Durante su comparecencia, el médico invocó el privilegio doctor-paciente y sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución.

Según su abogado, David Schertler, O’Connor no podía violar el principio fundamental de confidencialidad médica, y menos mientras hay una investigación federal en curso dirigida por la fiscal general Pam Bondi sobre el uso del autopen presidencial: una herramienta usada para firmar documentos cuando el presidente no está físicamente presente, pero cuya validez está siendo duramente cuestionada por los republicanos.

“El doctor O’Connor no tiene otra opción que invocar sus derechos constitucionales a no responder a ninguna pregunta planteada por el Comité", sentenció Schertler.

¿Qué es el autopen y por qué importa tanto?

El autopen, un dispositivo utilizado por varias administraciones previas —incluidas las de Obama y Bush—, permite firmar documentos oficiales de forma remota. Su uso normativo ha sido aceptado dentro del gobierno federal, pero ahora está siendo politizado.

Bajo la acusación de que ciertas acciones tomadas a través del autopen se realizaron mientras el presidente “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales”, los republicanos alegan que dichas decisiones podrían ser inválidas. Esto abre un frente legal complejo en torno a la legitimidad ejecutiva.

El presidente Biden ha rechazado rotundamente cualquier insinuación sobre una presunta incapacidad mental, calificando el argumento como “ridículo y falso”.

¿Un precedente peligroso?

James Comer, representante republicano de Kentucky y presidente del Comité de Supervisión, afirma que el silencio de O’Connor es “una clara señal de conspiración”. Para Comer, negar información médica sobre el presidente, incluso basándose en el juramento hipocrático, es un acto de ocultación.

“El pueblo estadounidense exige transparencia, pero el doctor O’Connor prefiere ocultar la verdad”, sostuvo Comer en un comunicado reciente.

Ha citado incluso el Código de Ética de la Asociación Médica Americana (AMA) que, aunque establece reglas de confidencialidad, contempla excepciones cuando existe una investigación legal conforme al ordenamiento jurídico, como una citación del Congreso.

Los límites de la privacidad presidencial

Este caso reabre una delicada interrogante: ¿hasta qué punto un presidente debe revelar cuestiones sobre su salud mental o física? Históricamente, líderes como Franklin D. Roosevelt ocultaron la magnitud de su discapacidad, John F. Kennedy mantuvo en secreto su adicción a medicamentos y Ronald Reagan fue diagnosticado con Alzheimer pocos años después de dejar el cargo.

La Constitución de EE.UU., en su Enmienda 25, contempla el mecanismo para que el vicepresidente asuma funciones si el mandato del presidente se ve afectado por discapacidad, pero requiere un proceso institucional riguroso, que nunca ha sido plenamente ejecutado.

Ante ello, algunos expertos en derecho aseguran que este tipo de investigaciones sientan un precedente peligroso sobre la intromisión política en evaluaciones médicas.

Una investigación extensiva y de tono partidista

La pesquisa dirigida por los republicanos abarca más que aspectos médicos. Hay múltiples citaciones dirigidas a exfuncionarios de la Casa Blanca vinculados a la presidencia de Biden, incluyendo a Neera Tanden, exjefa del Consejo de Política Doméstica, y al ex jefe de gabinete Ron Klain.

Incluso se ha cuestionado la autoridad de la primera dama, Jill Biden, dentro de decisiones que habrían sido tomadas supuestamente mientras su esposo no estaba en condiciones mentales óptimas. Esto llevó al Comité a solicitar el testimonio de Anthony Bernal, principal asistente de la entonces primera dama.

El efecto espejo: Trump y la salud presidencial

Curiosamente, la administración del expresidente Donald Trump también enfrentó múltiples cuestionamientos por la salud y comportamiento errático del entonces mandatario, desde sospechas sobre su salud mental hasta datos físicos como su peso o el uso de medicamentos no autorizados.

Trump fue hospitalizado en octubre de 2020 por COVID-19 y posteriormente recibió tratamientos experimentales que no fueron divulgados completamente en su momento, despertando críticas por la falta de transparencia.

No obstante, durante su administración, se negó varias veces a someterse a evaluaciones mentales completas o a publicar resultados médicos detallados.

Reacciones divididas: ¿Derecho a saber o ataque con motivaciones políticas?

Para sectores progresistas, esta investigación representa una estrategia política para debilitar la figura presidencial de cara a las elecciones de 2024. Relevantes figuras del Partido Demócrata consideran que se busca erosionar la confianza pública en la capacidad de Biden para gobernar.

En contraste, agrupaciones conservadoras consideran vital proteger la integridad institucional de la Casa Blanca y ven imperativo saber si el comandante en jefe está realmente “comandando”.

La senadora republicana Marsha Blackburn expresó: “¿Cómo puede aprobar políticas tan trascendentes si ni siquiera está al tanto de lo que firma?”

Pero el analista político Walter Shapiro advirtió: “Cuestionar la competencia médica de un presidente sin pruebas concretas y usarlo en batallas partidistas puede abrir una caja de Pandora que ninguna administración querrá ver abierta en el futuro”.

La salud mental: un tabú difícil de erradicar

Más allá de lo político, esta controversia sigue demostrando los enormes prejuicios residuales que existen sobre la salud mental. Se espera que los líderes sean inquebrantables, aunque esto invisibilice aspectos humanos inevitables como el envejecimiento, el estrés o enfermedades tratables.

EE.UU. tuvo presidentes en estado grave que continuaron ejerciendo: Woodrow Wilson sufrió un derrame cerebral y su esposa, Edith, asumió durante meses buena parte de sus atribuciones. Dwight Eisenhower tuvo problemas cardíacos que fueron ocultados estratégicamente. Incluso el caso de Reagan plantó dudas sobre su lucidez en sus últimos años en el cargo.

Tal vez el verdadero problema siga siendo la negativa a hablar abiertamente sobre la necesidad de salud mental en el ejercicio del poder.

¿Transparencia futura o cicatriz institucional?

Mientras el Comité liderado por Comer prepara un informe final sobre sus hallazgos, la tensión continúa creciendo en torno a los límites del poder del Congreso y el derecho de privacidad del presidente. Biden, con 81 años, podría convertirse en el presidente más longevo en la historia de EE.UU. en buscar la reelección, lo que avivará aún más este polémico debate.

La pregunta que flota en el aire es: ¿es esta una justa búsqueda de responsabilidad o el inicio de una peligrosa instrumentalización política de la salud presidencial?

El tiempo, los tribunales y, más importante aún, la opinión pública serán los jueces finales.