El océano como campo de batalla: pesca, política y conservación en el Pacífico

La reciente decisión del gobierno estadounidense de reabrir más de 400,000 millas cuadradas de océano protegido en el Pacífico para flotas pesqueras ha resucitado un viejo debate entre industrias pesqueras, defensores del medio ambiente y comunidades isleñas del Pacífico.

Una medida envuelta en polémica

La orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump para reabrir zonas del Pacific Remote Islands Marine National Monument —declaradas protegidas desde 2014— fue celebrada por líderes de Samoa Americana y por figuras clave de la industria atunera estadounidense. Según Taotasi Archie Soliai, director de políticas del gobernador de Samoa Americana, esta decisión es vista como una cuestión de “supervivencia económica”.

Sin embargo, los datos contradicen parte del dramatismo que rodea la reapertura. Entre 2009 y 2014, antes de la expansión del monumento marino, los barcos de cerco radicados en Samoa Americana utilizaron solo entre el 0.15% y 0.65% de sus días anuales de pesca en esas aguas, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La cifra fue similar —e incluso menor— para la flota de palangre con base en Hawái.

El cambio de las reglas del juego: costos y competencia

Aun con esta ínfima actividad previa, líderes pesqueros como William Sword, presidente del Consejo de Gestión Pesquera del Pacífico Occidental (Wespac), argumentan que las condiciones han cambiado. Al alza en los costos por pescar en zonas exclusivas de países del Pacífico se suma la crecida presencia de barcos chinos en las aguas internacionales del Pacífico central.

La alianza conocida como Acuerdo de Nauru, integrada por ocho naciones del Pacífico, gestiona la mayor pesquería sostenible de atún del mundo y cobra tarifas diarias crecientes para permitir la pesca en sus zonas económicas exclusivas. Según Sangaalofa Clark, directora ejecutiva del acuerdo, los ingresos anuales subieron de aproximadamente $100 millones a $450 millones entre 2008 y 2023.

Eric Kingma, presidente de la Asociación de Palangre de Hawái, señala que estas subas “han transformado por completo el panorama para la pesca con cerco”, haciendo que áreas más lejanas pero libres de tarifas resulten más atractivas para las flotas estadounidenses.

¿Por qué no pescaban allí antes?

Aunque hoy el acceso es tema prioritario para algunos sectores, históricamente las zonas reabiertas no fueron esenciales para la actividad pesquera estadounidense. En 1997, el año más activo registrado, solo el 21% del tiempo de pesca del total de la flota de cerco se dedicó a esas aguas.

“Ningún barco de palangre o cerco va a desplazarse más allá de lo necesario si puede llenar su bodega más cerca”, explicó Rick Gaffney, integrante de la Pacific Islands Heritage Coalition. “Antes de la expansión de las áreas protegidas, simplemente no lo necesitaban”.

La lógica de optimización de recursos fue compañera inseparable de una política de conservación con raíces más profundas.

Áreas marinas protegidas: ¿cuentas de ahorro de biodiversidad?

La protección de estos vastos sectores oceánicos se basó en una estrategia de gestión ecosistémica. En palabras del Dr. Robert Richmond, director del Laboratorio Marino Kewalo de la Universidad de Hawái: “Estas zonas son cuentas bancarias no solo para la pesca actual, sino para la de futuras generaciones”.

La idea detrás del cierre fue doble: limitar el impacto del cambio climático y la sobrepesca, y proteger especies icónicas como tiburones, tortugas y aves marinas. Análisis del Servicio Nacional de Pesca Marina respaldaron la medida, afirmando que cerca del 85% del atún capturado en esa zona entre 1988 y 2008 fue llevado a Samoa Americana, un dato que indica la relevancia potencial de esas aguas para la industria local.

Papahānaumokuākea: el próximo objetivo

Con la reapertura del Pacific Remote Islands, algunos funcionarios de Wespac e industriales pesqueros han puesto la mirada sobre otro santuario: Papahānaumokuākea. Este extenso parque marino, que abarca 1.5 millones de kilómetros cuadrados en el noroeste de Hawái, está también cerrado a la pesca comercial.

La directora ejecutiva de Wespac, Kitty Simonds, declaró que las políticas actuales necesitan actualizaciones para “apoyar más eficazmente nuestra pesquería”. Estas afirmaciones levantaron alarma entre científicos y ambientalistas.

“Estas áreas protegidas son nuestra mejor herramienta contra la sobreexplotación”, afirma Richmond. “No se trata solo del presente; cerrar estas zonas permite que las poblaciones de peces se regeneren, algo esencial con un océano cada vez más pressionado por múltiples frentes”.

¿Una guerra de intereses?

Más allá de la pesca, esta controversia revela una tensión constante entre intereses económicos inmediatos y estrategias de conservación a largo plazo. Políticamente, también refleja el uso del poder ejecutivo para alterar áreas definidas por expertos en medioambiente y consensos previos alcanzados en administraciones anteriores.

La expansión del monumento marino fue liderada en 2014 por el presidente Barack Obama, quien buscaba posicionar a Estados Unidos como referente en políticas de conservación marina. La reversión de estas decisiones durante el gobierno de Trump no sólo tuvo base en intereses industriales, sino también en una plataforma ideológica de desregulación y rechazo a la sobreintervención federal.

“El discurso de que se está defendiendo la economía local es seductor, pero suele ocultar que estamos cediendo patrimonio natural colectivo por beneficios inmediatos”, alerta Gaffney.

¿Futuro incierto?

Con una nueva administración en la Casa Blanca, el enfoque volvió a alejarse del aperturismo marcado por Trump. Sin embargo, el precedente está sentado y la presión de ciertos sectores para mantener el acceso a estas áreas continúa.

Las aguas reabiertas siguen siendo exclusivas para embarcaciones estadounidenses. Según datos del NOAA, ninguna flota extranjera —incluida la China— puede operar allí legalmente, lo que pone en duda el argumento de que estas zonas están siendo acaparadas por otros países.

“Uno esperaría que, ya que solo nuestras flotas pueden pescar allí, haya un compromiso correlativo con el manejo responsable de esos recursos”, comentó Sally Yozell, investigadora del Stimson Center y experta en seguridad oceánica.

El dilema: sostenibilidad vs. rentabilidad

Si bien el atún representa una enorme fuente de ingresos —las exportaciones tuneras de Samoa Americana superan los $500 millones anuales—, la carrera por acceder a caladeros más ricos a corto plazo puede poner en riesgo la viabilidad del recurso.

“Más no siempre es mejor”, resume Richmond. “Hemos visto colapsos en pesquerías de Europa y del Atlántico por no tomar decisiones a tiempo. Es clave pensar el Pacífico como un sistema único, y no como un buscador de oportunidades momentáneas.”

Con la pesca global ejerciendo presión sin precedentes y el cambio climático alterando ecosistemas marinos a velocidades insospechadas, el Pacífico se erige como símbolo de una batalla crucial: entre conservar hoy para cosechar mañana o explotar sin mirar atrás.