Con la ley en la mano: América Latina enfrenta la crisis climática como un asunto de derechos humanos
La histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos convierte el cambio climático en un imperativo legal para los gobiernos de la región
Una opinión con impacto continental
En una decisión considerada histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una opinión consultiva sin precedentes que establece la conexión entre los derechos humanos y la urgencia de enfrentar el cambio climático. Solicitada en 2023 por los gobiernos de Colombia y Chile, esta opinión marca un cambio de paradigma en la región: ahora los estados no tienen solo una responsabilidad política o moral frente a la crisis climática, sino también una obligación legal internacional.
Del derecho a un medio ambiente sano al derecho a un clima estable
La Corte ya había pronunciado en 2017 que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano autónomo. La opinión de 2024 profundiza ese precedente, identificando que el derecho a un clima estable también es inherente a los derechos humanos, y debe ser garantizado no solo a las generaciones presentes sino también a las futuras.
Como lo afirmó la presidenta de la Corte, la jueza Nancy Hernández López:
“Provocar daños ambientales masivos e irreversibles... altera las condiciones para una vida saludable en la Tierra en tal medida que genera consecuencias de proporciones existenciales. Por lo tanto, exige respuestas legales universales y eficaces”.
¿Qué implica esto en la práctica para los estados?
Según la opinión emitida, los estados tienen ahora tres obligaciones principales en materia climática dentro del marco de derechos humanos:
- Prevenir daños ambientales que puedan vulnerar derechos humanos.
- Mitigar los impactos del cambio climático adoptando políticas eficaces.
- Reparar los daños ya existentes involucrando la restauración y protección de ecosistemas.
Además, se insta a los estados a que desarrollen sus políticas guiados por la ciencia climática, los principios de justicia climática y los saberes indígenas.
Entre la jurisprudencia y la acción climática
Aunque la opinión consultiva no es jurídicamente vinculante como un fallo contencioso, tiene un peso legal importante en las decisiones de los tribunales nacionales y en la formulación de políticas públicas de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nikki Reisch, directora de programa del Center for International Environmental Law, subraya:
“Esta no es solo una victoria legal, es un plano de acción. Esta opinión guiará los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y será la base para políticas climáticas futuras en la región y en el mundo”.
El contexto continental: una emergencia palpable
Esta opinión se emite en plena emergencia climática en América Latina y el Caribe. Fenómenos como:
- La deforestación masiva en el Amazonas y otras selvas tropicales.
- Sequías severas que afectan la agricultura de subsistencia.
- Inundaciones y tormentas extremas que desplazan comunidades enteras.
son cada vez más frecuentes, afectando directamente el goce de derechos básicos como la salud, la vivienda, el acceso al agua e incluso la vida misma.
El auge del litigio climático
En los últimos años, América Latina ha visto un crecimiento importante en litigios ambientales con fundamento en derechos humanos. En países como Colombia, México, Argentina, Brasil y Chile, organizaciones sociales e indígenas han llevado sus demandas a los tribunales, obteniendo fallos que exigen medidas concretas frente al cambio climático.
Por ejemplo:
- En 2018, la Corte Suprema de Colombia reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos.
- En 2020, grupos indígenas en Brasil presentaron denuncias ante la Corte por destrucción de sus territorios ancestrales a causa de incendios forestales provocados por el agronegocio.
Esta nueva opinión permitirá fortalecer estos litigios, respaldarlos jurídicamente con estándares internacionales y promover un enfoque de justicia climática.
El rol de los pueblos indígenas y afrodescendientes
La opinión refuerza la necesidad de incorporar saberes tradicionales y cosmovisiones indígenas en el diseño e implementación de políticas públicas climáticas. El consenso de la comunidad jurídica y ambiental internacional es que no se podrá enfrentar efectivamente esta crisis sin proteger los derechos de quienes históricamente han sido guardianes de la biodiversidad.
La región ha registrado importantes avances:
- Reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos extractivos.
- Fallos judiciales que protegen territorios sagrados o estratégicos desde la perspectiva ambiental.
Según Hernández López, “los pueblos indígenas son socios esenciales en la lucha global contra el cambio climático”.
Elemento clave rumbo a la COP30
La COP30 prevista para noviembre de 2025 en Belém, Brasil, será una prueba decisiva para ver si los estados traducen esta opinión jurídica en acciones reales. Se espera que América Latina llegue con una propuesta robusta y coordinada que coloque a los derechos humanos en el centro de su diplomacia climática.
Este nuevo marco jurídico podría ser utilizado como argumento para exigir mayor financiamiento climático, tecnología verde y justicia ambiental ante los países del Norte Global.
Desafíos por delante: ¿cómo hacer cumplir esta opinión?
A pesar de su trascendencia, el verdadero desafío es que las recomendaciones de la Corte se implementen. En muchas ocasiones, las opiniones consultivas son ignoradas por gobiernos que consideran el derecho ambiental una carga secundaria.
Los retos incluyen:
- Capacitar jueces y legisladores locales para aplicar los nuevos estándares.
- Armonizar marcos normativos nacionales con el sistema interamericano.
- Crear mecanismos independientes de monitoreo y rendición de cuentas.
Pero si lo hacen, América Latina puede transformarse en un modelo global de cómo afrontar una crisis ambiental sin precedentes desde la perspectiva de los derechos humanos.
Un parteaguas climático y jurídico
Esta es, sin duda, una oportunidad histórica. América Latina y el Caribe enfrentan una encrucijada: seguir perpetuando modelos extractivistas que vulneran los derechos de sus poblaciones o convertirse en líderes globales de un nuevo enfoque que prioriza la vida, la dignidad y el futuro.
Como dijo el filósofo francés Edgar Morin: “La Tierra patria está herida. La humanidad debe proteger a la humanidad”.
En ese espíritu, la Corte Interamericana ha hablado. Ahora les corresponde a los gobiernos cumplir con su deber planetario.
