CECOT, represión y propaganda: el nuevo rostro de la 'seguridad' en El Salvador

Una celda sin ventanas y un país sin transparencia

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se erige como emblema del combate a las pandillas en El Salvador, corazón de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Inaugurado en 2023 en medio de una cruzada gubernamental contra la criminalidad, esta megacárcel ha sido exaltada por el oficialismo y criticada por organismos internacionales de derechos humanos. Pero el caso más reciente que desató un torbellino mediático y judicial es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado erróneamente desde Estados Unidos que terminó tras los muros del CECOT.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Nacido en El Salvador pero criado en Estados Unidos, Abrego García residía legalmente en Maryland cuando fue deportado en marzo de 2023 por error durante una redada migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Lo que debería haberse resuelto como un caso de confusión burocrática se transformó en una pesadilla: fue ingresado de inmediato al CECOT sin haber enfrentado juicio alguno.

El caso cobró relevancia no solo por el error en su deportación, sino por las acusaciones de abusos sistemáticos que sufrió durante su reclusión.

Las denuncias de Abrego: tortura, privación del sueño y golpes

En documentos judiciales recientemente presentados en una corte federal de Maryland, Abrego describió con detalle sus días en la prisión salvadoreña. Relata haber sido:

• Golpeado repetidamente tras su llegada.
• Obligado a permanecer de rodillas durante toda la noche junto a otros detenidos.
• Castigado verbal y físicamente si mostraba signos de fatiga.
• Recluido en una celda sin colchones, ventanas ni acceso adecuado a agua potable.
• Expuesto a luces brillantes 24/7, lo cual provocó privación del sueño.

Estas condiciones coinciden con múltiples informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han documentado más de 650 muertes bajo custodia desde que Bukele decretó el estado de excepción en 2022.

Bukele contraataca en redes sociales

Ante estas denuncias, el presidente Bukele respondió en la red social X (anteriormente Twitter), desestimando cualquier acusación. “No fue torturado, ni estaba demacrado”, escribió, acompañando el mensaje con fotografías y un video donde Abrego aparece en una celda aparentemente en buenas condiciones.

Bukele lanzó una pregunta retórica: “¿Si fue torturado, por qué se le ve tan bien en todas las fotografías?”. Esta estrategia mediática ha sido una constante del mandatario, cuyo estilo populista y manejo de redes sociales ha transformado la política salvadoreña desde 2019.

CECOT: símbolo de eficacia o cárcel del terror

Ubicada en Tecoluca, San Vicente, esta prisión tiene capacidad para 40,000 internos y fue construida en tiempo récord durante la pandemia. El gobierno afirma que es la más segura y moderna del continente. Pero, según expertos, sus métodos rozan lo inhumano.

“El régimen de Bukele ha priorizado la apariencia de seguridad por encima del debido proceso y los derechos humanos fundamentales”, señaló Juan Pappier, investigador senior de HRW, durante una entrevista con BBC Mundo.

Además, el estado de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido detenciones arbitrarias, suspensión de garantías constitucionales y falta total de acceso a defensores públicos o justicia independiente.

Estados Unidos: ¿cómplice o espectador involuntario?

La deportación errónea de Abrego García abre otro frente de crítica: el papel de Estados Unidos. La administración Trump implementó políticas de deportación exprés que causaron múltiples errores en procesos migratorios. En este caso, el Departamento de Justicia solicitó desestimar la demanda interpuesta por la esposa de Abrego, argumentando que el gobierno ya lo repatrió.

No obstante, el daño psicológico y físico causado a Abrego en poco más de tres meses de reclusión no puede ignorarse. Su equipo legal busca ahora responsabilizar a ambos gobiernos por lo ocurrido.

Detenciones masivas: ¿cuáles son los números?

Desde que Bukele lanzó su campaña nacional contra las pandillas, bajo la bandera del Plan Control Territorial, se han detenido a más de 80,000 personas. Esto representa más del 1% de la población total del país.

De acuerdo con organizaciones como Cristosal, más de 5,000 personas han sido liberadas sin cargos, lo que sugiere una clara práctica de detenciones preventivas sin evidencias suficientes. Además, se han documentado al menos 3,000 casos de personas desaparecidas entre 2020 y 2024 dentro del sistema penitenciario.

El duelo entre percepción e instituciones

A pesar de todas las alarmas de abuso, Bukele goza de popularidad histórica. Según CID Gallup, en 2024 contaba con una aprobación del 89%. ¿Por qué?

• Los niveles de homicidio se redujeron de 51 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 7.8 en 2023.
• La percepción de seguridad en las calles mejoró notablemente.
• La narrativa oficial se apoya firmemente en redes sociales y alianzas con medios locales afines.

Esto genera un choque brutal entre narrativa oficial vs realidad de derechos humanos. Mientras abundan las imágenes de celdas limpias y presos dóciles, siguen llegando testimonios de golpizas, aislamiento y negligencia médica.

¿Y el futuro judicial de Abrego García?

La demanda presentada en el Tribunal del Distrito de Maryland no solo busca una compensación, sino visibilizar cómo las políticas migratorias estadounidenses pueden desencadenar tragedias humanas en cadenas logísticas transfronterizas mal coordinadas.

El caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad del Estado en deportaciones erróneas y exigencias humanitarias al colaborar con sistemas penales extranjeros.

En palabras de su abogada: “No se trata solo de devolverlo a Estados Unidos. Se trata de cuánto daño se hizo mientras el sistema migratorio lo consideró desechable”.

Espejismos en el desierto de los derechos humanos

El caso de Kilmar Abrego García es, tristemente, uno más en una lista creciente de personas atrapadas entre la política dura contra el crimen y la violación sistemática de derechos fundamentales. ¿Es posible tener justicia sin justicia penal? ¿Seguridad sin transparencia?

El mundo observa con atención cómo El Salvador, pequeño pero ruidoso en su discurso de “nueva era”, tensiona los límites de la democracia de América Latina. Y mientras los líderes implementan sus shows mediáticos, las vidas reales quedan atrapadas en ese vórtice de impunidad, propaganda y celas con luces que nunca se apagan.