El caso de Kilmar Abrego García: abuso, deportación y el impacto de las políticas migratorias en EE.UU.

Un error que marcó una vida

En marzo de 2023, Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño que vivía pacíficamente en Maryland, fue deportado por error por la administración del entonces presidente Donald Trump. Esto, a pesar de una orden judicial federal emitida en 2019 que prohibía su expulsión a El Salvador debido a un alto riesgo de persecución por parte de pandillas. Lo que siguió a su deportación ha salido a la luz recientemente: brutales torturas, privaciones inhumanas y una acusación judicial que pone bajo escrutinio el sistema migratorio estadounidense y sus múltiples fallas.

Una deportación que el juez prohibió

En 2019, un juez de inmigración evaluó el caso de Abrego García y concluyó que su retorno a El Salvador lo expondría a amenazas reales de violencia y persecución, particularmente por parte de las pandillas que habían aterrorizado a su familia. Basado en esa evaluación, se le concedió protección bajo la ley de inmigración de Estados Unidos.

Sin embargo, en marzo de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo deportó, alegando posteriormente que había sido un "error administrativo". El “error” consistía en ignorar la orden judicial y enviarlo directamente al infame Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una mega-prisión dirigida a la contención masiva de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele.

CECOT: la cara real del encierro masivo

CECOT es una prisión que ha captado la atención internacional por su tamaño y las condiciones imposibles en las que viven más de 40,000 reclusos. El informe de Human Rights Watch documenta negligencia médica, golpizas sistemáticas, aislamiento prolongado y nulo acceso a servicios legales. Según describe Abrego García, fue golpeado repetidamente desde su llegada. Un día después de su ingreso ya tenía moretones visibles y bultos por todo el cuerpo.

Él y otros 20 hombres eran obligados a arrodillarse toda la noche sin descanso. Aquellos que caían eran golpeados inmediatamente por los guardias. Algunos eran amenazados con ser transferidos a celdas pobladas por pandilleros violentos: "te van a hacer pedazos", le dijeron.

En sus primeras dos semanas en CECOT, Abrego García perdió 30 libras, producto de la desnutrición, el estrés severo y la falta de sueño. La tortura no solo era física, también psicológica: gritos constantes, amenazas, y exposición a escenas brutales entre presos eran estrategia común.

Una demanda que podría sentar precedente

Su esposa presentó una demanda en un tribunal federal de Maryland que ahora revela estos horrores como parte del expediente. Esta acción legal no solo busca justicia para Abrego, también representa una bandera para otros en el sistema migratorio que han sido ignorados por errores burocráticos o por decisiones políticas diseñadas para mostrar “mano dura”.

El gobierno argumenta que todo debe quedar sin efectos porque ya lo trajeron de vuelta a Estados Unidos, siguiendo una orden judicial. Pero los abogados refutan que el daño ya hecho es irreversible y exige reparación. No se trata solo de la repatriación, sino de una violación grave de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

¿Fue realmente un error?

La administración de Trump utilizó con frecuencia el discurso del combate contra pandillas como MS-13 para justificar deportaciones agresivas. En más de una ocasión, el propio Trump señaló a Abrego García como miembro de dicha pandilla. Sin embargo, sus abogados sostienen que se trata de una acusación infundada, nunca probada y parte del uso político del miedo.

Este tipo de acusaciones infundadas tienen consecuencias nefastas no solo legales, sino sociales. Estigmatizan, criminalizan y borran la humanidad de las personas. Kilmar no tenía antecedentes delictivos en EE.UU. y, según los registros judiciales, fue víctima y no parte de estructura criminal alguna.

La tensión legal y política

Durante años, las cortes migratorias han sido un campo de batalla entre el sistema judicial y el poder ejecutivo. Casos como el de Abrego García reflejan esa tensión: un juez que da una orden clara y un gobierno que la ignora selectivamente. Este patrón, dicen expertos en derecho, pone en peligro la independencia judicial y los derechos constitucionales de los migrantes.

"Tenemos un sistema que dice proteger a los solicitantes de asilo, pero demuestra poca voluntad para honrar cuando esas protecciones son otorgadas", sostiene Maritza Pérez, directora de políticas de inmigración del Center for American Progress. Un estudio del TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Syracuse señala que hasta en un 13% de los casos entre 2017 y 2021 hubo errores o contradicciones en las órdenes de deportación.

Impacto físico y psicológico a largo plazo

Las secuelas físicas de Abrego García son evidentes: perdió peso, sufre daños musculares y tiene cicatrices. Pero los efectos más insidiosos son psicológicos. Padecimientos como trastorno de estrés postraumático (TEPT), ataques de pánico y ansiedad ya están siendo tratados tras su regreso a EE.UU.

Esto lleva a cuestionar no solo las condiciones inhumanas de CECOT, sino también la responsabilidad de EE.UU. al enviar a personas vulnerables a contextos donde se violan sistemáticamente sus derechos fundamentales.

¿Y ahora qué?

El caso de Kilmar Abrego García resuena en otros contextos similares. Actualmente hay miles de casos pendientes o en revisión que podrían representar errores similares. El miedo de ser deportado por error se ha vuelto real para muchos inmigrantes.

Organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y RAICES están siguiendo el caso de cerca, buscando impulsar reformas estructurales al sistema de detención y deportación. Porque el problema no es solo de un “error administrativo”, sino de un modelo de exclusión que permite que estas tragedias ocurran sin consecuencias.

¿Hasta cuándo?

El caso de Kilmar Abrego García debe hacernos preguntas incómodas: ¿puede el Estado fallar y justificarlo como un error? ¿Qué precio pagamos por políticas migratorias construidas sobre la criminalización? ¿Y cuántos “errores” más pasarán desapercibidos?

El miedo persiste, pero con voces como la de Kilmar y el trabajo legal de organizaciones defensoras de los derechos humanos, queda claro que la lucha por un sistema migratorio justo no ha terminado. Al contrario, apenas comienza.