Víctimas vs. Justicia: El caso Kohberger y los límites de las decisiones fiscales en crímenes atroces

El asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, perpetrado en 2022, continúa estremeciendo al país no solo por su brutalidad, sino también por los desafíos que plantea al sistema de justicia penal. Ahora, con Bryan Kohberger, el acusado del múltiple homicidio, dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad que evitaría la pena de muerte, el foco ha pasado de la tragedia a un debate tan profundo como inevitable: ¿hasta dónde llegan los derechos de las víctimas en los acuerdos judiciales?

Un caso que paralizó a Idaho y al país

En la madrugada del 13 de noviembre de 2022, cuatro estudiantes universitarios —Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin— fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en una casa alquilada cerca de la Universidad de Idaho, en la pequeña ciudad de Moscow. El crimen, cometido con una violencia inaudita, fue calificado como uno de los más impactantes en la historia penal reciente de Estados Unidos.

Tras semanas de angustia comunitaria e investigaciones, las autoridades arrestaron a Bryan Kohberger, un estudiante de criminología vinculado por pruebas forenses, registros telefónicos y vigilancia.

Un giro inesperado: ¿culpable, pero sin castigo máximo?

En los últimos días trascendió que Kohberger aceptaría declararse culpable a cambio de evitar la pena de muerte. Esta posibilidad ha dividido a las familias de las víctimas y reactivado un debate esencial: el papel que tienen (o deberían tener) las víctimas y sus allegados en los acuerdos judiciales.

El abogado de la familia de Kaylee Goncalves, Shanon Gray, declaró que se oponen tajantemente al pacto, mientras que el entorno de Ethan Chapin, representado por Christina Teves, manifestó su apoyo a evitar una larga y traumática exposición pública que implicaría un juicio.

Los derechos de las víctimas en Idaho… ¿y su alcance real?

Idaho figura entre los estados que han incluido en su constitución una Carta de Derechos de las Víctimas. Estos derechos incluyen:

• Ser tratados con respeto y dignidad.
• Recibir información anticipada sobre audiencias y eventos del caso.
• Asistir a dichos eventos judiciales.
• Comunicarse con los fiscales y expresar su posición ante una declaración de culpabilidad —siempre que no interfiera con la justicia.

No obstante, el marco legal también deja claro que los fiscales no están obligados a seguir los deseos de las víctimas. En última instancia, la decisión sobre si se acepta un acuerdo recae en el fiscal y el juez —no en la familia.

El debate: justicia retributiva vs. justicia procesal

Meg Garvin, directora del National Crime Victim Law Institute, resume la paradoxal situación con estas palabras:

“La idea no es que las víctimas tengan el control del caso, sino que puedan ofrecer insumos para que el tribunal evalúe si un acuerdo es compatible con la justicia”.

Esto sitúa a las víctimas en un limbo: consideradas centrales en lo simbólico y emocional, pero periféricas en lo decisivo.

El precedente de Adnan Syed y el poder de las víctimas

Un caso reciente que sirve como precedente importante es el de Adnan Syed, cuyo caso fue documentado ampliamente en el pódcast Serial. Su condena por asesinato fue anulada en 2022. Sin embargo, al poco tiempo, la familia de la víctima logró revocar la anulación del juicio por no haber sido debidamente notificada del proceso —un derecho protegido por la ley federal y estatal.

Ese precedente refuerza la idea de que, si bien las víctimas no tienen control sobre decisiones fiscales, sí poseen herramientas legales para impugnar procesos si sus derechos procesales son violados.

¿Pena de muerte o cadena perpetua?

Al aceptar el acuerdo, Kohberger evitaría enfrentarse a la pena capital, que todavía está vigente en Idaho. Desde su reinstauración en 1976 (después de que fuera suspendida a nivel nacional por la decisión Furman vs. Georgia en 1972), Idaho ha ejecutado solo tres personas.

El argumento contra esta pena incluye su controversial efectividad disuasiva, los altos costos asociados, y claro, el margen de error fatal en sentencias. Sin embargo, para muchas personas el dolor personal supera la lógica: "¿cómo es posible que el asesino viva cuando ellos no lo hicieron?"

Los perfiles de las víctimas: vidas truncadas

El proceso penal pierde humanidad cuando se convierte en una batalla técnica entre defensores y fiscales. Por eso, el perfil de las víctimas es clave para humanizar la discusión.

Madison “Maddie” Mogen tenía 21 años y estudiaba marketing. Trabajaba en un restaurante griego y gestionaba su cuenta de redes sociales. Hija única, amante de la música e inseparable amiga de Kaylee Goncalves.

Kaylee Goncalves, también de 21 años, era estudiante de estudios generales y planeaba viajar a Europa al graduarse. Su amistad con Mogen era tan profunda que murieron juntas en la misma cama. Según sus propios padres, "Siempre estuvieron juntas… incluso en la muerte".

Xana Kernodle, de 20 años, compartía casa con las otras chicas. Era alegre, optimista y tenía como lema “Por las vidas que cambiaré”. Estudiaba marketing y pertenecía a la misma hermandad universitaria.

Ethan Chapin, el único hombre, era un estudiante primerizo de 20 años y uno de tres hermanos trillizos. Deportista y sociable, había asistido una boda con sus hermanos el mismo día del ataque. Era novio de Xana y estaba de visita en la casa.

Un acuerdo… ¿demasiado pronto?

Uno de los elementos que más ha indignado a las familias es la rapidez con la que se está negociando el acuerdo. Los abogados de Kaylee Goncalves dijeron que tras casi dos años de preparar el juicio, en solo cuatro días los fiscales pasaron de “reuniones informativas vagas” a aceptar un pacto de culpabilidad.

“No entendemos cómo se negocia con tanta premura algo tan importante”, escribió el padre de Kaylee en una publicación en redes. “Nosotros merecemos ser escuchados”, añadió.

Justicia y tiempo: ¿enemigos o aliados?

Convencer a un jurado en un juicio tan mediático, traumático y técnico como este no es tarea sencilla. Los acuerdos permiten garantizar una condena, evitar apelaciones futuras, ahorrar recursos judiciales, y proteger a testigos. Pero también pueden significar una renuncia emocional para las familias.

La gran pregunta que trae el caso Kohberger es: ¿es más importante asegurar justicia práctica o justicia simbólica y emocional? Esa respuesta no es sencilla, pero sí necesaria en cada comunidad, estado y caso.

¿Qué sigue ahora?

La audiencia para aprobar el acuerdo fue pospuesta por solicitud de algunas familias, que desean presentarse físicamente y, si lo desean, dar testimonio ante el juez y la fiscalía. Pero, incluso si los familiares logran expresar su oposición con vehemencia en la audiencia, el sistema les da voz, pero no voto.

Solo el juez podrá determinar si el acuerdo es justo y procedente. En Idaho, los jueces tienen autoridad para rechazar acuerdos si no ven fundamentos jurídicos sólidos. Pero estas negativas son raras.

En palabras de Meg Garvin, “Cuando una corte acepta o rechaza un acuerdo de culpabilidad, debe hacerlo en el interés de la justicia. Para lograrlo adecuadamente, la víctima debe ser parte de ese diálogo”.

Mientras Kohberger espera su audiencia, y familias divididas se preparan para un desenlace inimaginado, el resto del país asiste nuevamente al dilema entre la ley y la justicia, con las víctimas —vivientes y fallecidas— en el centro silencioso de un sistema que todavía se define.