Rodrigo Chaves frente a la justicia: una señal de madurez democrática en Costa Rica

¿Un presidente en el banquillo?

En una decisión histórica que podría redefinir la política costarricense y marcar un antes y un después en la institucionalidad democrática de Centroamérica, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente un juicio por presunta corrupción.

La votación, resuelta con 15 votos a favor y 7 en contra, podría convertirse en un precedente judicial de gran trascendencia. La petición surge en el contexto de un escándalo relacionado con la asignación de contratos de consultoría financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y presuntas relaciones personales que habrían influido en dicha contratación.

¿Quién es Rodrigo Chaves?

Rodrigo Chaves, economista costarricense y expresidente del Banco Mundial en Indonesia, llegó a la presidencia en 2022 bajo la bandera de una campaña que se vendía como "anti estatus quo" y como lucha frontal contra la élite política tradicional.

Sin embargo, desde su llegada al poder, su administración no ha estado exenta de controversia. En diciembre de 2023, investigaciones periodísticas filtraron audios en los que Chaves supuestamente discutía contratos favorables con su asesor y estratega de campaña, Federico ‘Choreco’ Cruz. Estos audios impulsaron a la Fiscalía General a abrir una investigación por abuso de autoridad y presunto desvío de fondos públicos.

La acusación: abuso de autoridad y conflicto de intereses

El caso gira en torno a un contrato de $32,000 financiado por el BCIE. Según las acusaciones del Ministerio Público, partes de este contrato fueron desviadas para beneficiar directamente a Cruz, colaborador cercano del presidente y figura clave durante su campaña presidencial.

Además de Chaves, la Corte también ha incluido en la acusación judicial a Jorge Rodríguez, actual ministro de Cultura y exjefe de gabinete presidencial, quien habría tenido un rol facilitador en los contratos.

La gravedad del asunto no radica solamente en la suma del contrato, sino en el potencial conflicto de intereses y la utilización de recursos multilaterales con fines personales o electorales, lo cual afecta directamente la credibilidad del aparato estatal costarricense.

Un paso inédito: la inmunidad presidencial cuestionada

Nunca antes en la historia democrática de Costa Rica se había aceptado semejante petición contra un mandatario en funciones. El artículo que regula la inmunidad presidencial en la constitución política del país ha sido una barrera para procesos judiciales activos, con el objetivo de proteger la investidura presidencial, pero no una carta blanca para la impunidad.

Expertos constitucionalistas, como el catedrático Rubén Hernández Valle, han comentado que “esta solicitud marca un hito en nuestra tradición democrática; se privilegia la igualdad ante la ley”.

Ahora, la decisión pasa al Congreso Nacional, el cual está conformado mayoritariamente por partidos de oposición, lo que genera un ambiente político aún más tenso. De aceptarse la solicitud, Chaves enfrentaría un proceso judicial que lo podría inhabilitar políticamente incluso antes de que culmine su mandato.

Reacciones nacionales e internacionales

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras diversas organizaciones civiles celebran el paso de la Corte como un símbolo de madurez democrática, la presidencia ha mantenido silencio, argumentando que se trata de un proceso aún en curso.

Sin embargo, algunos medios como La Nación y CRHoy han señalado que desde Casa Presidencial podría estarse conformando una estrategia de confrontación parlamentaria para intentar detener el proceso o, en su defecto, deslegitimarlo políticamente.

Amnistía Internacional y Transparencia Internacional publicaron comunicados breves donde hablan de la "importancia de la rendición de cuentas, incluso en los más altos niveles de gobierno".

No es el único proceso contra Chaves

Este caso no es aislado. La Fiscalía General presentó una segunda acusación contra Chaves la semana previa, vinculado a presuntos actos de financiamiento ilícito durante su campaña electoral de 2022. La acusación sugiere que el entonces candidato habría recibido dinero no reportado de fuentes privadas, violando los topes establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Estos casos se suman a un historial complejo de denuncias durante su paso por el Banco Mundial, donde fue sancionado por denuncias de acoso laboral. Aunque dichas denuncias no llegaron a tribunales, sí fueron referidas en medios como The New York Times y BBC, generando titulares internacionales.

¿Qué dice esto de la democracia costarricense?

La decisión de la Corte Suprema no solo pone en jaque a un presidente en funciones; también es vista como señal de que, al menos en Costa Rica, los contrapesos institucionales siguen funcionando a pesar de la polarización política.

Según el Índice de Democracia de The Economist del año 2023, Costa Rica se encuentra entre los 25 países con mejor puntuación democrática del mundo. Este tipo de procedimientos refuerza esa posición, mostrando que el país está dispuesto a dar el ejemplo, incluso cuando se trate del propio jefe de Estado.

En un contexto regional donde muchos presidentes manejan o manipulan el sistema judicial para protegerse, lo que está sucediendo en San José puede marcar la diferencia.

El Congreso, el próximo protagonista

El siguiente paso dependerá del Congreso costarricense. Para retirar la inmunidad presidencial se requiere una mayoría calificada. La Asamblea Legislativa está conformada por 57 diputados, y el umbral para aceptar la solicitud es de al menos 38 votos.

Algunos partidos ya han manifestado su disposición para analizar de forma objetiva y técnica la solicitud de la Suprema Corte. La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, declaró: “Este no es un juicio político por diferencias ideológicas, sino un compromiso con la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho”.

¿Podría Rodrigo Chaves ser destituido?

En caso de que el Congreso avale el proceso judicial y este concluya con una condena firme, sí existe la posibilidad legal de destituirlo. No obstante, esto ocurre solo si los tribunales lo encuentran culpable tras el levantamiento de su inmunidad y la investigación judicial avanza.

Mientras tanto, el presidente podría mantenerse en el cargo, con un desgaste significativo en su imagen tanto local como internacional, algo que podría minar su capacidad de gestión ejecutiva.

Reflexión final

Más allá del caso individual de Rodrigo Chaves, lo que está en juego es la fortaleza del tejido democrático costarricense. En tiempos donde la institucionalidad se cuestiona a diario en otras latitudes, esta historia ofrece una poderosa narrativa de legalidad, transparencia y responsabilidad política.

Costa Rica demuestra que, a pesar de la presión política y las tensiones institucionales, sus raíces democráticas siguen fuertes, haciendo honor a su reputación de ser uno de los países con mayor estabilidad y respeto al derecho en América Latina.