La batalla por el Capitolio: el pulso entre demócratas y Trump por el futuro de la nación

Un Senado en modo contrarreloj

En lo que parece ser uno de los fines de semana más tensos del Congreso en los últimos años, los senadores republicanos están trabajando sin descanso para aprobar un ambicioso proyecto de ley promovido por el expresidente Donald Trump. Esta legislación, de 940 páginas, incluye una extensión permanente de sus recortes fiscales implementados en el primer mandato, así como fuertes recortes a programas sociales como Medicaid y asistencia alimentaria. ¿El objetivo? Cumplir con una fecha límite autoimpuesta: antes del 4 de julio.

El líder republicano del Senado, John Thune, afirmó: “Está evolucionando” mientras cerraban las sesiones del viernes por la noche. El ambiente recuerda a las largas luchas legislativas del pasado, pero esta vez con una mezcla de urgencia electoral y polarización profunda. No todos en el Partido Republicano están de acuerdo con las medidas, y dentro del propio bloque se viven tensiones intensas.

Una legislación cargada de polémica

El núcleo del paquete legislativo consiste en extender los recortes fiscales de Trump más allá de 2025. Además, la propuesta incluye una exención fiscal inédita: no se pagarían impuestos sobre las propinas. También se destinarían $350 mil millones a seguridad nacional, una gran parte para implementar la agenda de deportación masiva del expresidente.

Sin embargo, para compensar los impactos fiscales de la medida—estimados en más de $3.8 billones—, se plantea una serie de recortes presupuestarios que afectan directamente a sectores vulnerables. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la versión actual del proyecto dejaría a 10.9 millones de personas sin acceso a servicios de salud y a más de 3 millones sin asistencia alimentaria.

A nivel impositivo, destaca el contraste: mientras que los estadounidenses con ingresos más altos recibirían una reducción de impuestos de unos $12,000, los ciudadanos de menores ingresos podrían ver un aumento de $1,600 en sus contribuciones.

Fricciones dentro del bloque republicano

Senadores como Thom Tillis (R-N.C.) y Ron Johnson (R-Wis.) han mostrado sus reservas. Tillis declaró que no apoyará la moción para iniciar el debate, mientras que Johnson busca aplicar recortes más agresivos al gasto público. La resistencia también viene por las implicaciones de las reducciones en Medicaid, lo cual afectaría especialmente a hospitales rurales, punto de dolor para varios senadores.

La solución parcial al problema ha sido posponer el inicio de los recortes y crear un fondo de asistencia de $25,000 millones para apoyar a hospitales rurales. Sin embargo, persiste el desacuerdo sobre si esto es suficiente para amortiguar los efectos.

Trump presiona en redes, Schumer responde

Donald Trump ha lanzado múltiples mensajes en sus redes sociales, instando a su partido a unirse. “Podemos lograrlo… será una celebración maravillosa para nuestro país”, escribió, refiriéndose al 4 de julio. Pero mientras Trump ejerce presión, los demócratas argumentan que se trata de un proceso apresurado y poco transparente.

Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York, acusó a los republicanos de intentar “esconder el contenido del proyecto antes de que el público lo conozca a fondo”.

El caso McIver: una nueva guerra entre Poder Ejecutivo y Legislativo

Paralelamente, una situación explosiva involucra a la congresista LaMonica McIver (D-N.J.), quien se declaró inocente ante cargos federales derivados de una visita a una instalación de ICE en Newark. La acusación: interferencia con las acciones de la policía migratoria. El caso ha desatado una defensa cerrada del bloque demócrata, que ve un intento del Ejecutivo de criminalizar el control legislativo.

Según Yvette Clarke, presidenta del Congressional Black Caucus: “Si pueden romper a LaMonica, pueden romper a toda la Cámara de Representantes”. McIver estaba acompañada por otros dos legisladores durante la visita, que fue considerada parte de su función de supervisión institucional.

Choques persistentes entre demócratas y fuerzas federales

El caso McIver no es aislado. En los últimos meses, varios miembros del Congreso han sido rechazados al intentar ingresar a centros de detención migratoria o incluso arrestados, como ocurrió brevemente con un asistente del congresista Jerry Nadler.

El senador Alex Padilla (D-Calif.) fue removido con fuerza por agentes federales mientras intentaba hablar en una rueda de prensa de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Para muchos demócratas, esto muestra un patrón de hostilidad institucional impulsado desde la Casa Blanca.

Demócratas sin herramientas: la fragilidad de la minoría

Con opciones legales limitadas por ser el partido minoritario, muchos demócratas están recurriendo a medidas alternativas como cartas públicas, participación en medios y redes sociales y presión política indirecta a través del sector empresarial.

La congresista Sylvia García (D-Texas) lo resumió: “Trump no me va a escuchar, pero sí puede escuchar a los líderes del sector agrícola o de la hostelería que sienten el impacto de sus políticas migratorias.”

Desde la perspectiva de la oposición, sin la presidencia de comités ni el poder de emitir citaciones, el Congreso se ha convertido en un espectador más que en un contrapeso efectivo. El congresista Marc Veasey advirtió: “La verdadera supervisión comienza cuando tienes el mazo; nada más importa.”

La Corte Suprema y el riesgo del discurso incendiario

En un momento en que los ataques a jueces están en aumento, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, advirtió sobre los efectos dañinos de los discursos encendidos desde ambos extremos políticos.

Sin referirse directamente a Trump o a Schumer, Roberts criticó a quienes enmarcan a los jueces como parte del problema. “El peligro es que alguien actúe en base a esas palabras”, afirmó. Su preocupación es compartida: en años recientes, jueces como Brett Kavanaugh han sido blanco de amenazas y atentados frustrados.

Roberts ya se había pronunciado anteriormente; en 2018 respondió a Trump, quien llamó a un magistrado “juez de Obama”; y en 2020 reprendió a Schumer por declaraciones contra Kavanaugh y Gorsuch. Los hechos confirman sus temores: un hombre armado fue arrestado en casa de Kavanaugh en 2022, y este año, dos legisladores de Minnesota fueron víctimas de tiroteos dirigidos.

¿Hacia un Capitolio más blindado?

Ante este panorama, algunos miembros del Congreso están yendo un paso más allá. Exigen ser escoltados por la Policía del Capitolio durante visitas a instalaciones federales, y han comenzado a contratar abogados personales para protegerse ante posibles procesos penales derivados de sus acciones institucionales.

“Hacemos esto a nuestro propio riesgo, y lo seguimos haciendo”, afirma la congresista Summer Lee (D-Pennsylvania), reflejando el espíritu de resistencia que líderes demócratas quieren proyectar pese a las amenazas externas.

El Congreso vive un momento de máxima tensión, no solo por las decisiones políticas en disputa, sino también por la salud misma de su función como institución representativa y de control constitucional.

¿Estamos frente a una erosión del equilibrio de poderes?

La escena en Washington sigue girando alrededor de un solo hombre: Donald Trump. Ya sin la presidencia, sigue manejando los hilos del Partido Republicano y dominando el debate nacional con una agenda que busca consolidar su legado mediante una transformación económica, social e institucional profunda.

Mientras tanto, los demócratas se debaten entre resistir, negociar o simplemente esperar recuperar el poder en las próximas legislativas. En juego no está solo un recorte fiscal, sino la forma misma en que la democracia estadounidense se regula, equilibra y—quizá más importante aún—se vigila.