Libertad religiosa vs. diversidad en las aulas: el gran dilema de la Corte Suprema de EE.UU.

¿Puede un padre excusar a su hijo de leer un cuento sobre una boda homosexual por motivos religiosos? Esta es la pregunta que se plantea en el panorama legal estadounidense tras el avance de uno de los casos más polémicos del año en la Corte Suprema. Una disputa que enfrenta a padres con creencias religiosas tradicionales y a un distrito escolar comprometido con reflejar la diversidad a través de los libros y materiales educativos en las aulas públicas.

El origen del conflicto: Montgomery County e inclusión en las aulas

En 2022, el sistema escolar de Montgomery County —un distrito escolar público en las afueras de Washington D.C., uno de los más grandes y diversos de Maryland— introdujo una serie de libros ilustrados con personajes LGBTQ+ para ser utilizados en clases de educación moral, diversidad y estudios familiares en la escuela primaria.

Entre los títulos se encontraban “Prince & Knight”, donde un príncipe se enamora de otro caballero después de salvar al reino, y “Uncle Bobby’s Wedding”, un relato tierno sobre una niña que teme que su tío no le preste atención luego de casarse con otro hombre. Otros títulos incluyen “Love, Violet” (romance entre chicas prepuberales), “Born Ready” (identidad de género trans) y “Intersection Allies” (diversidad racial, sexual y de capacidades).

Los libros fueron presentados como parte del esfuerzo del distrito por “reflejar la diversidad del cuerpo estudiantil y promover el respeto hacia todas las personas”. Sin embargo, un grupo de padres —muchos de ellos de fe musulmana, cristiana y judía tradicional— se opusieron rotundamente a que sus hijos fueran expuestos a estos contenidos.

¿Qué exigen los padres y qué riesgo ven?

La coalición de padres, representada por el grupo Kids First, demandó al distrito escolar con el argumento de que impedir que los padres puedan optar por excluir a sus hijos de este tipo de lecciones por motivos religiosos viola sus derechos constitucionales. Argumentan que estos cuentos introducen conceptos de sexualidad y género no acordes con sus creencias y con el desarrollo emocional y cognitivo de niños tan pequeños como de cinco años.

“No decimos que los libros deban ser prohibidos. Decimos que nuestros hijos no deberían ser obligados a escucharlos si esto infringe nuestra fe”, explicó en entrevista Billy Moges, miembro del grupo Kids First.

En su demanda, argumentan que la omisión de una política de “opt-out” representa una violación a la Primera Enmienda, que protege la libertad de religión, y al derecho de los padres a criar a sus hijos conforme a sus valores.

Una historia de decisiones divididas en tribunales inferiores

Inicialmente, los padres contaban con la posibilidad de excluir a sus hijos de estas sesiones. Sin embargo, tras problemas logísticos, el distrito decidió eliminar la excepción. Se desataron protestas, reuniones acaloradas y finalmente una batalla legal.

A medida que el caso escalaba en los tribunales inferiores, las cortes fallaron a favor del distrito, sosteniendo que la eliminación de la opción de excepción era razonable a la luz del objetivo educativo y que los libros no eran sexualmente explícitos, sino que promovían la inclusión.

Pero al llegar a la Corte Suprema, la balanza comenzó a inclinarse.

La postura de la Corte Suprema: señales de apoyo religioso

Con una mayoría conservadora establecida con las designaciones del expresidente Donald Trump, la Corte Suprema ha mostrado en los últimos años una tendencia a fallar a favor de causas religiosas.

Durante las audiencias del caso Mahmoud v. Taylor, varios jueces expresaron abiertamente su preocupación por lo que perciben como una falta de respeto a las creencias religiosas.

El juez Samuel Alito fue contundente: “El libro tiene un mensaje claro. Muchos creen que es un buen mensaje. Pero para quienes profesan ciertas creencias tradicionales, no lo es. Forzar a los niños a escucharlo infringe la libertad de religión.”

La jueza Sonia Sotomayor, del otro lado del espectro ideológico, expresó escepticismo: “¿Observar que dos hombres se casan es suficiente para una objeción religiosa?”

El juez Brett Kavanaugh, quien es oriundo del mismo condado, señaló estar “místico” ante cómo un lugar tan diverso culturalmente como Montgomery ha llegado a este nivel de confrontación. Añadió: “No entiendo por qué no se puede simplemente permitir una exención. ¿Por qué obligar a todos?”

¿Qué está en juego realmente?

Este caso va más allá de un par de libros ilustrados. Está en juego el futuro equilibrio entre derechos individuales versus políticas públicas. ¿Hasta qué punto puede el Estado imponer una currícula a costa de las libertades religiosas? ¿Y hasta dónde pueden los padres determinar qué sí y qué no puede enseñar una escuela pública con recursos del Estado?

• Según PEN America, en el ciclo escolar 2022-23 se reportaron más de 10,000 libros prohibidos o censurados en escuelas públicas, la mayoría con contenido LGBTQ, racial o sobre salud mental.
• Más de 30 estados introdujeron leyes que restringen el contenido de libros de texto o imponen un mayor control parental. Muchos de estos impulsados por organizaciones conservadoras como Moms for Liberty.
• Montgomery County cuenta con cerca de 160,000 estudiantes, de los cuales más del 40% son minorías raciales y un significativo porcentaje pertenece a religiones tradicionales como el islam o el judaísmo ortodoxo.

¿Un precedente peligroso o un acto de justicia parental?

Quienes defienden la postura del distrito afirman que la neutralidad estatal exige no supeditar el currículo educativo a dogmas religiosos. Permitir que padres excluyan a sus hijos de contenidos relacionados con diversidad podría abrir la puerta a una segmentación educativa, donde cada grupo social dicta sus reglas, minando la esencia de la escuela pública.

Para los demandantes, sin embargo, este no es un asunto de veto sino de opción: “No pedimos censura, pedimos respeto. Creemos que los valores religiosos no pueden ser ignorados en nombre de la diversidad.”

Este dilema es parte de una tendencia más amplia de choques entre autonomía parental, religión y políticas progresistas de inclusión en Estados Unidos. En el pasado reciente, la Corte Suprema ya concedió excepciones religiosas a panaderos que no querían vender pasteles para bodas homosexuales, a organizaciones que se negaban a cubrir anticonceptivos en seguros de empleados y a escuelas religiosas que buscaban financiamiento estatal.

Radiografía ideológica: ¿Quién apoya qué?

• Conservadores religiosos: apoyan el derecho de los padres a decidir sobre la exposición de sus hijos a temas LGBTQ en escuelas públicas.
• Grupos LGBTQ y defensores de la educación inclusiva: argumentan que la inclusión no debe estar sujeta a excepciones, ya que legitima el prejuicio y socava los derechos del colectivo.
• Educadores: preocupados por la presión política y legal que, según dicen, pone en jaque la libertad pedagógica y aumenta la censura.
• Constitucionalistas: divididos sobre si este caso representa un exceso estatal o una necesaria defensa del Estado laico frente a grupos religiosos conservadores.

¿Qué viene ahora?

Aunque la decisión aún no es definitiva —la Corte solo emitió una medida cautelar a favor de los padres—, las señales apuntan a que el tribunal preparará el terreno para reforzar la libertad religiosa incluso en contextos escolares sensibles.

Una decisión final se espera para este verano. Si se consolida un fallo a favor de los padres, sería el primer caso en el que la Corte establece que los derechos religiosos parentales permiten rechazar contenidos vinculados a diversidad sexual y de género en la educación.

¿Será este el inicio de un nuevo ciclo de privilegios religiosos por encima de la educación multicultural? ¿O el restablecimiento de un equilibrio que respete las convicciones familiares y los derechos educativos a partes iguales?

Sea cual sea el veredicto final, una cosa es segura: el aula se ha convertido en el nuevo campo de batalla por el alma política y cultural de Estados Unidos.