Justicia en jaque: la Corte Suprema, Trump y la nacionalidad por nacimiento
Una polémica decisión del Supremo limita el poder judicial de frenar políticas presidenciales. ¿Qué significa esto para la ciudadanía, los inmigrantes y el equilibrio constitucional?
Una decisión histórica que reconfigura el equilibrio de poderes
La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate político y constitucional tras emitir una controvertida decisión 6-3 que podría marcar el futuro de la interpretación del poder judicial y los derechos fundamentales. El fallo, que declara que los jueces federales no tienen autoridad para emitir mandatos judiciales de alcance nacional, fue celebrado por el expresidente Donald Trump como una “victoria monumental”, mientras que las voces disidentes dentro y fuera del tribunal lo consideraron una amenaza directa al estado de derecho y a los derechos de millones de inmigrantes.
El contexto: Trump contra la ciudadanía por nacimiento
El fallo del Supremo surge como respuesta a una orden ejecutiva propuesta por el presidente Trump para restringir el principio de jus soli —la ciudadanía por nacimiento— a hijos nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no tengan estatus migratorio permanente. Esta interpretación contraviene más de un siglo de jurisprudencia consolidada desde United States v. Wong Kim Ark de 1898, que garantizó la ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Trump argumentó que su orden busca proteger el país del abuso migratorio y recuperar la autoridad ejecutiva disminuida por lo que consideró una “judicatura imperial que dicta leyes para toda la nación”. Sus seguidores vieron en esta decisión un freno a lo que consideran jurisprudencia activista.
Las disidencias más fuertes: Jackson y Sotomayor
La magistrada Sonia Sotomayor, en una disidencia apasionada, acusó al tribunal de ceder ante una táctica política deliberada por parte del presidente.
“El juego judicial es evidente, y el gobierno ni siquiera intenta disimularlo. Sin embargo, vergonzosamente, esta Corte juega el juego”, escribió Sotomayor. También agregó que la decisión “es poco menos que una invitación abierta para que el Gobierno eluda la Constitución”.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que el fallo mina el rol fundamental de las cortes inferiores para garantizar que todas las ramas del gobierno, incluida la Ejecutiva, respeten la ley.
“Para que eso ocurra, los tribunales deben tener el poder de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley —punto final”
Justice Amy Coney Barrett, en la opinión de la mayoría, respondió calificando estos argumentos como “extremos” y “desconectados de cualquier doctrina legal”.
Un precedente constitucional en disputa
La raíz del fallo reposa sobre la autoridad de los tribunales para aplicar injunctions (mandatos judiciales) que impidan la implementación de políticas catalogadas como inconstitucionales. Desde los años 60, estos mandatos habían sido usados eficazmente para proteger derechos civiles, ambientales y migratorios. Restringir su uso a nivel nacional podría permitir que una política federal se aplique en algunas jurisdicciones y no en otras.
Esto podría generar una suerte de fragmentación constitucional: un niño nacido hoy en Texas bajo una política migratoria presidencial podría no tener “derecho” a la ciudadanía automática, mientras que en California sí. El caos normativo amenaza con dejar a algunos niños “apenados como apátridas”, según advirtió Sotomayor.
Aplausos desde la Casa Blanca
Trump no tardó en elogiar la decisión durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca:
“Gracias a esta decisión, ahora podemos proceder con varias políticas que fueron bloqueadas erróneamente en todo el país por decisiones judiciales que excedieron su mandato”, afirmó.
Trump ha dejado en claro que reintentará implementar restricciones al derecho de ciudadanía por nacimiento, una medida con profundas implicancias tanto legales como humanas.
CASA y la batalla judicial por la ciudadanía
La organización CASA, defensora de los derechos de los inmigrantes, reaccionó con rapidez solicitando ante un tribunal federal en Maryland que se litigue este asunto como una demanda colectiva. Representaría a todos los recién nacidos que podrían verse despojados de su ciudadanía si la orden ejecutiva entra en vigencia.
George Escobar, jefe de programas de CASA, declaró:
“El fallo de la Corte pone en juego la ciudadanía de cientos de miles de recién nacidos, pero también reafirma nuestra determinación de continuar esta lucha por la justicia”.
Para muchas familias inmigrantes, esta decisión representa una señal alarmante sobre el futuro de sus derechos bajo un sistema legal cambiante y cada vez más polarizado.
¿Un golpe al balance republicano?
El espectro más amplio de esta decisión gira en torno a la interpretación de la separación de poderes. Si el Poder Judicial no puede frenar políticas del Ejecutivo a nivel nacional, entonces ¿quién puede contener a un presidente que actúe fuera de la ley? Esto es lo que preocupa a varios constitucionalistas.
Lo hemos visto antes: durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, la Corte Suprema bloqueó gran parte del New Deal. Y fue precisamente una serie de decisiones judiciales las que frenaron los decretos de seguridad nacional de Nixon y de Bush. Ceder ese contrapeso judicial implica transformar la estructura misma del sistema republicano de gobierno.
Peligros presentes y futuros
La advertencia de Sotomayor resuena con fuerza, no solo en términos de política migratoria, sino como señal de lo que podría venir:
“Hoy, la amenaza es para la ciudadanía por nacimiento. Mañana, otra administración puede intentar confiscar armas a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se congreguen para adorar”.
La decisión también podría embestir políticas sobre derechos laborales, control de armas, requisitos ambientales o salud reproductiva, al debilitarlas frente a un posible Ejecutivo populista, sin un freno judicial eficaz.
¿Retroceso o redefinición?
Algunos constitucionalistas sostienen que la decisión podría verse como una vuelta al federalismo clásico, donde las cortes locales decidirán sobre el alcance de las leyes nacionales en su jurisdicción. Sin embargo, otros advierten que esta forma de “jurisprudencia fragmentada” es impracticable frente a fenómenos nacionales como la migración, el medioambiente o la sanidad.
Además, la noción de que una misma política puede ser válida en Idaho pero ilegal en Nueva York socava el principio constitucional de igualdad ante la ley.
¿Qué sigue ahora?
Grupos migratorios, organizaciones civiles y académicos ya se preparan para una batalla legal prolongada. Nuevas demandas, amparos y acciones constitucionales buscarán dejar sin efecto la interpretación del Tribunal, apelando incluso a reformas normativas si el Congreso decide intervenir.
Este caso no solo resalta el frágil equilibrio entre poderes, sino también cómo el destino de miles de niños puede pender de un voto en la Corte.
No cabe duda de que la pregunta que subyace al fallo va más allá del tema migratorio o de la política judicial de Trump. La pregunta de fondo es esta: ¿quién vela por la Constitución cuando las estructuras tradicionales del poder dejan de hacerlo?
