Corte Suprema vs. Poder Judicial: El resurgimiento del poder presidencial bajo la sombra de Donald Trump

El nuevo rostro de la Corte Suprema: ¿aliada del Ejecutivo?

La Corte Suprema de Estados Unidos ha experimentado un cambio radical en su enfoque con respecto al poder presidencial desde la llegada de Donald Trump a su segundo mandato. Tres magistrados designados por Trump durante su primera presidencia han contribuido a consolidar un bloque conservador que ha emitido fallos trascendentales que favorecen significativamente a la Casa Blanca.

Entre sus decisiones más notables se encuentra la eliminación de obstáculos legales para la candidatura de Trump a las elecciones de 2024, la suspensión de sus juicios penales antes del día de votación y, la más reciente, la limitación de las injunctions nacionales, reduciendo el poder de los jueces federales para bloquear políticas presidenciales a nivel nacional.

Las disidencias liberales: voces en alerta

Frente a este movimiento, las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson han elevado su voz en disensos que podrían pasar a la historia. Jackson calificó la posición mayoritaria como una amenaza al “sistema de gobierno estadounidense”, mientras que Sotomayor denunció que estas decisiones "recompensan la ilegalidad” al permitir que el Ejecutivo actúe sin freno judicial.

Las decisiones del tribunal han sido tildadas por las magistradas liberales como un preocupante alineamiento con el poder presidencial, erosionando el rol del Poder Judicial como contrapeso constitucional. "Autorizan, sin pensarlo dos veces, daños incalculables", escribió Sotomayor en su disenso sobre las políticas de salud transgénero.

La emergencia como norma: el regreso del shadow docket

Muchos de los fallos pro-Trump han provenido del denominado “shadow docket”, o docket en la sombra, a través del cual la Corte interviene en decisiones judiciales preliminares, sin audiencias públicas ni deliberación extendida. Aunque en teoría son fallos temporales, en la práctica definen el rumbo de importantes políticas nacionales.

Desde revocaciones de protecciones legales para migrantes hasta restricciones sobre diversidad en agencias gubernamentales, el “shadow docket” se ha convertido en una herramienta favorecida por la administración Trump para implementar su agenda conservadora, evitando los canales judiciales tradicionales.

Los grandes derrotados: derechos civiles y minorías

En esta nueva era de reinterpretación judicial, los colectivos LGBTQ+, inmigrantes y defensores del estado secular han sido los grandes perjudicados. La Corte ha respaldado activamente políticas que restringen el acceso de personas trans a tratamientos médicos, excluyen contenidos LGBTQ+ de escuelas públicas a pedido de padres religiosos y restringen ayudas legales a menores migrantes no acompañados.

Con especial crudeza resalta la sentencia que convalidó la prohibición a jóvenes transgénero de recibir atención médica afirmativa en Tennessee. Para los defensores de derechos humanos, como Omar González-Pagan de Lambda Legal, este tipo de decisiones representan un retroceso de décadas en avances conquistados con esfuerzo.

Batallas legales futuras: ciudadanía por nacimiento y reformas electorales

Otro campo de tensión será la ciudadanía por nacimiento. Varias cortes inferiores habían emitido órdenes a nivel nacional bloqueando la orden de Trump que niega la ciudadanía a niños nacidos en EE.UU. de inmigrantes sin estatus legal. Sin embargo, con el nuevo fallo de la Corte limitando estas injunctions nacionales, queda abierto el camino para que la medida entre en vigor, al menos regionalmente.

Asimismo, se contempla el litigio sobre reformas electorales mediante órdenes presidenciales que buscan restringir el voto por correo y exigir documentación adicional para registrarse. Aunque una jueza en Massachusetts bloqueó temporalmente estas reformas, el fallo de la Corte Suprema añade incertidumbre e impone nuevas barreras legales para su anulación nacional.

El impacto en los programas de inclusión y diversidad

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, su administración intentó desmantelar organismos y contratos federales que promueven la diversidad, equidad e inclusión (DEI), afectando a bibliotecas, universidades, iniciativas para negocios de minorías y mecanismos de mediación de disputas laborales.

La respuesta judicial inicial fue favorable a los demandantes que protegían estos programas, pero la nueva doctrina de la Corte podría paralizar esas órdenes a nivel nacional. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, advirtió que la Corte está “erigiendo barreras que limitan la capacidad de obtener justicia”.

La resistencia del Congreso ante decisiones unilaterales

Ante este escenario, el senador demócrata Tim Kaine ha liderado los esfuerzos del Congreso para restaurar el equilibrio de poderes. Propuso una resolución basada en la War Powers Resolution de los años 70 para exigir que cualquier acción militar adicional contra Irán cuente con aprobación parlamentaria.

No obstante, con una mayoría republicana en el Senado, la aprobación era improbable. Para la esfera legislativa, el asunto ya no es solo constitucional, sino político. “Si es ofensiva, asegurémonos de que sea la decisión correcta”, dijo Kaine.

Presiones (e inacciones) internas en el Tribunal

A pesar de especulaciones sobre una posible jubilación de Clarence Thomas o Samuel Alito, ambos conservadores de edad avanzada, ninguno ha manifestado intención de ceder su puesto. Con el Senado bajo control republicano al menos hasta 2026, cualquier intento de asegurar una herencia ideológica duradera puede concretarse en los próximos años, perpetuando el giro conservador del organismo.

Clarence Thomas, con más de 30 años en la Corte, está apenas a tres años de igualar el récord histórico de permanencia —36 años— de William O. Douglas. Su continuidad asegura que la agenda judicial conservadora mantendrá un asiento firme en el tribunal.

¿Normalización del poder sin freno?

La Corte Suprema está redefiniendo activamente el significado de la separación de poderes. El histórico freno judicial al Ejecutivo parece estar cediendo terreno frente a una visión fuerte de la autoridad presidencial, que va desde políticas migratorias radicales hasta acciones militares sin supervisión legislativa.

Como advirtió la magistrada Jackson: “El Ejecutivo busca la autorización de esta corte para comportarse de manera ilegal”. Si estas tendencias continúan, la Corte podría dejar de ser el contrapeso vigilante que define a una democracia saludable, convirtiéndose en una piedra angular del hiperpresidencialismo.

Esto no solo plantea un debate constitucional esencial, sino que coloca a la legitimidad del sistema de controles y equilibrios en el corazón del conflicto institucional contemporáneo.