¿Terrorismo o activismo?: El turbulento camino de Palestine Action en Reino Unido

Palestine Action, un grupo de activistas pro-palestinos que ha ganado notoriedad en el Reino Unido por sus intervenciones directas contra infraestructuras militares y empresas vinculadas al conflicto en Gaza, se encuentra ahora en el centro de una tormenta legal y política. El gobierno británico ha anunciado su intención de proscribir al grupo bajo leyes antiterroristas, lo que convierte cualquier apoyo al colectivo en un delito. Pero, ¿dónde está la línea entre activismo y terrorismo?

La acción en la base RAF Brize Norton

El detonante de la más reciente polémica fue una intrusión en la base aérea de la Real Fuerza Aérea británica en Brize Norton, durante la cual dos aviones fueron pintados con aerosol rojo. Las fuerzas de seguridad relacionan la acción con miembros de Palestine Action. Posteriormente, el grupo publicó un video en el que se veía a un activista rociando la turbina de un jet con pintura roja, como símbolo de la sangre derramada en Gaza.

Las autoridades detuvieron a cuatro personas: dos hombres de 24 y 36 años de Londres, una mujer de 29 años sin domicilio conocido, y otra mujer de 41 años, también sin domicilio fijo. Tres de ellos fueron arrestados bajo sospechas de involucrarse en la preparación o instigación de actos terroristas, y la cuarta por presuntamente ayudar a un infractor.

Según Counter Terrorism Policing South East, las investigaciones siguen su curso mientras los detenidos siguen bajo custodia. Aunque los cargos no han sido formalmente presentados, la policía ha calificado las acciones como de posible naturaleza terrorista.

¿Qué es Palestine Action?

Fundado en 2020, Palestine Action se define como un movimiento directo contra la complicidad británica en lo que denominan “crímenes de guerra israelíes”. Desde su creación, la agrupación ha centrado sus acciones en denunciar a empresas británicas con vínculos en la fabricación de armas destinadas a Israel, siendo Elbit Systems su objetivo principal.

El grupo ha protagonizado actos como ocupaciones de fábricas, saboteo de edificios de defensa y graffitis en instalaciones gubernamentales. En marzo de 2024, escalaron su campaña con una acción mediática contra el resort de golf de Donald Trump en Escocia, escribiendo "Gaza is Not For Sale" en el césped como protesta por las propuestas del expresidente de vaciar la Franja.

Palestine Action se basa en un modelo de “acción directa popular”, rechazando el sistema judicial como herramienta de justicia y exigiendo la desmilitarización como forma de solidaridad internacional con el pueblo palestino.

¿Por qué el Reino Unido quiere proscribirlos?

Según el gobierno británico, el grupo, que utiliza tácticas como el sabotaje y el ingreso forzado a instalaciones militares, supone una amenaza para la seguridad nacional. La orden de proscripción fue anunciada esta semana y se presentará próximamente ante el Parlamento británico, donde aún debe ser aprobada.

De ser aprobada, pertenecer, apoyar o incluso mostrar simpatía pública hacia Palestine Action podría ser penado con hasta 14 años de prisión. Esta sería la primera vez que una organización activista no armada es proscrita bajo la Acta de Terrorismo 2000, ley bajo la cual también se han prohibido grupos como Al Qaeda, Hamas, y National Action.

¿Criminalización del activismo o seguridad nacional?

Varios defensores de los derechos civiles han criticado duramente la medida. Liberty, ONG dedicada a defender los derechos humanos en el Reino Unido, declaró que “criminalizar acciones de protesta bajo pretextos de terrorismo representa un grave abandono de nuestros principios democráticos”.

Por otro lado, el Secretario de Estado del Interior, James Cleverly, justificó la acción afirmando que “nadie debe tener carta blanca para atacar bienes del Estado o causar daño en nombre de una causa política”.

La delgada línea entre protesta y sabotaje

Desde el sabotaje en Brize Norton, la opinión pública se ha polarizado. Para algunos, estas acciones representan atentados contra la seguridad en un clima ya tenso por conflictos internacionales. Para otros, son gestos de desesperación de ciudadanos que sienten que todas las vías legales han fracasado en detener la complicidad británica con lo que consideran atrocidades contra Gaza.

La periodista e historiadora británica Priyamvada Gopal escribió en The Guardian: “La proscripción de Palestine Action es un ataque directo a la disidencia moral. El gobierno busca silenciar no el extremismo, sino la conciencia activa”.

¿Pero cómo diferenciar entre protesta legítima y delito? El derecho internacional reconoce la posibilidad de desobediencia civil como una expresión democrática, aunque contempla límites cuando hay daño físico o económico sustancial. El papel de los tribunales será fundamental en marcar los márgenes entre el activismo disruptivo y el crimen político.

Impacto en la comunidad pro-palestina de Reino Unido

La proscripción ha encendido alarmas entre otras organizaciones solidarias con Palestina, desde la Palestinian Solidarity Campaign hasta asociaciones de estudiantes y sindicatos. Temen que su actividad sea perseguida por “asociación ideológica”, lo que, según ONG como Amnistía Internacional, podría tener un efecto de “parálisis del activismo político legítimo”.

En el último año, más de 250.000 personas han marchado por las calles londinenses en apoyo a Palestina, según cifras de la policía metropolitana. Muchas de estas manifestaciones han sido pacíficas y han contado con la participación de comunidades diversas, incluyendo judíos antisionistas, cristianos pro derechos humanos y musulmanes británicos.

No obstante, el aumento de discurso anti-palestino y la vinculación entre antisionismo, antisemitismo y terrorismo ha generado un clima de inseguridad entre quienes apoyan la causa palestina. Según CAGE UK, organización dedicada a monitorear los abusos del poder antiterrorista británico, desde octubre de 2023 ha habido un aumento del 43% en visitas policiales a domicilios de activistas propalestinos.

Un contexto internacional explosivo

La decisión del gobierno británico no se produce en el vacío. El conflicto en Gaza sigue cobrando vidas: más de 36,000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch y B’Tselem han denunciado posibles crímenes de guerra por parte de Israel, así como el desplazamiento forzado de miles de palestinos.

Países como Sudáfrica han llevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de “genocidio deliberado”. Aunque el proceso sigue en su fase preliminar, el apoyo internacional hacia Palestina ha crecido, particularmente en América Latina, África y Asia. En este panorama, activistas europeos ven sus acciones como parte de una resistencia global contra estructuras coloniales y sistemas militares de opresión.

¿Qué sigue para Palestine Action?

Si el Parlamento británico aprueba la proscripción, Palestine Action podría seguir operando de manera clandestina, o transformarse en otro movimiento bajo un nombre distinto. Algunos analistas alertan del riesgo de radicalización si no se permite un canal legal de disenso.

A lo largo de la historia, imponer represión legal a movimientos de resistencia no ha hecho desaparecer las causas que los originan. En palabras de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La pregunta que enfrenta el Reino Unido es candente: ¿puede una democracia liberal reprimir el activismo sin erosionar sus propios principios fundamentales?