La batalla por Planned Parenthood: ¿una victoria política a costa de la salud pública?

Un nuevo golpe a Planned Parenthood: la Corte Suprema permite bloquear fondos de Medicaid

El pasado jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de 6-3 que permite a los estados impedir que Planned Parenthood reciba fondos del programa Medicare-Medicaid, incluso para servicios de salud no relacionados con la interrupción del embarazo. La decisión tiene implicaciones potencialmente devastadoras para millones de mujeres —particularmente las que pertenecen a minorías y viven en comunidades vulnerables— y consolida una tendencia judicial y legislativa que busca erosionar progresivamente el acceso a servicios reproductivos en Estados Unidos.

¿Qué es Planned Parenthood y por qué está en el centro de la controversia?

Fundada en 1916, Planned Parenthood es la organización más grande en EE. UU. dedicada a brindar servicios de salud reproductiva. Con más de 600 centros de atención en todo el país, ofrece no solo abortos legales (cuando la ley lo permite), sino también métodos anticonceptivos, pruebas de ITS, asesoría médica, exámenes de detección de cáncer y educación sexual.

En 2022, según datos de la propia organización, más del 85% de sus servicios no estaban relacionados con abortos. Aun así, su rol como proveedor de abortos la convierte en blanco recurrente de legisladores conservadores y grupos pro-vida.

El origen del caso: una orden ejecutiva de Carolina del Sur

La disputa legal comenzó en 2018 cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó una orden ejecutiva bloqueando el financiamiento estatal de Medicaid a cualquier proveedor que practique abortos. Planned Parenthood demandó al estado, alegando que los pacientes tienen derecho a elegir el proveedor de salud que deseen dentro del programa Medicaid.

Tras años de batalla legal, el caso escaló a la Corte Suprema, que con esta reciente sentencia revocó fallos inferiores y confirmó que los pacientes de Medicaid no tienen derecho individualmente exigible a recibir servicios de cualquier proveedor. Así, deja la puerta abierta para que otros estados sigan el ejemplo de Carolina del Sur.

¿Qué significa este fallo en términos prácticos?

• En Carolina del Sur, Planned Parenthood opera dos clínicas (en Charleston y Columbia) que desempeñan un papel vital para comunidades de bajos recursos.
• Estas clínicas recibieron aproximadamente $90,000 dólares al año provenientes de Medicaid, una cantidad aparentemente menor frente a los casi $9 mil millones que recibe el sistema estatal, pero que representa la supervivencia de estos centros.
• El estado prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación, lo que ya complica dramáticamente el acceso. Esta nueva medida agrava aún más la situación.

Las voces de ambos bandos: ¿servicios de salud o agenda ideológica?

Desde el lado conservador, el fallo representa una “victoria desde el principio”. Organizaciones como CatholicVote han celebrado la sentencia con declaraciones como: “Nadie debería verse obligado a subsidiar el aborto”.

Por otro lado, expertos y organizaciones defensoras de derechos reproductivos advierten que los servicios básicos de salud están siendo sacrificados en nombre de una cruzada ideológica. Lawrence Gostin, especialista en derecho de salud pública en Georgetown, advierte: “Esto no solo limita la libertad de elección, sino que privará totalmente a muchas mujeres de servicios esenciales”.

Un patrón de retrocesos desde la anulación de Roe v. Wade

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema revocó el fallo histórico de Roe v. Wade que había garantizado el derecho constitucional al aborto durante casi medio siglo. Desde entonces:

• 14 estados han implementado prohibiciones casi totales del aborto.
• Otros, como Carolina del Sur, han establecido límites extremadamente restrictivos (6 semanas gestacionales).
• Los fondos federales no pueden destinarse a abortos (salvo algunas excepciones), pero sí a otros servicios de salud que ahora también están en riesgo.

La sentencia de este junio de 2025 marca otro paso en ese camino. Y si bien sus efectos inmediatos se sienten más en Carolina del Sur, 18 fiscales generales de otros estados ya respaldaron la decisión, mostrando interés en replicarla.

Implicaciones futuras: ¿desmantelamiento progresivo?

Además de las decisiones estatales, el Congreso también ha mostrado interés en retirar financiamiento a Planned Parenthood a nivel federal. La Cámara de Representantes aprobó una medida que prohibiría por 10 años el financiamiento federal a organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan abortos y hayan recibido más de un millón de dólares en fondos federales en 2024.

La votación en el Senado se espera para las próximas semanas. Si la medida pasa y el presidente la firma, Planned Parenthood perdería gran parte de su capacidad operativa, lo que pondría en peligro hasta 200 de sus 600 clínicas, sobre todo en estados donde el aborto sigue siendo legal.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, resumió el objetivo de su organización: “Asfixiar financieramente a Planned Parenthood”. Según ella, otros centros podrían asumir los servicios sin ofrecer abortos, ignorando un aspecto clave: la gran mayoría de estas clínicas no pueden suplir ni la cantidad ni la calidad de servicios ofrecidos por Planned Parenthood.

¿A quién afecta más esta decisión?

Una y otra vez, los datos demuestran que las mujeres más afectadas por estas restricciones son las jóvenes, las mujeres de color y las que viven en zonas rurales o de bajos ingresos. Según KFF (Kaiser Family Foundation):

• el 75% de las mujeres que acceden a servicios de Planned Parenthood son de bajos ingresos
• más del 60% no tienen otro proveedor médico cercano

Kimberly Inez McGuire, directora ejecutiva de Unite for Reproductive & Gender Equality, lo expresó sin rodeos: “Las personas ya enfrentan demasiadas barreras para acceder a la salud; esta decisión agrava una situación que ya era crítica”.

El rol de los estados progresistas: ¿podrán contrarrestar el impacto?

Frente al riesgo de que el Congreso federal elimine completamente los fondos públicos para Planned Parenthood, algunos estados pueden actuar como contrapeso. De acuerdo con el Guttmacher Institute, es probable que algunos estados donde el aborto es legal comiencen a usar fondos propios para mantener a flote a las clínicas.

Sin embargo, muchos estados ya enfrentan presiones presupuestarias, y depender de fondos estatales puede no ser sostenible a largo plazo. Además, esto puede generar una distorsión geográfica del acceso: mientras algunas mujeres en Nueva York seguirían teniendo acceso, otras en Texas o Alabama quedarían completamente desatendidas.

Más allá del aborto: lo que está en juego

Uno de los argumentos más falaces —pero efectivos políticamente— es que Planned Parenthood solo se dedica a practicar abortos. Eso está lejos de la realidad. De hecho:

• el 37% de sus servicios corresponden a anticoncepción
• el 28% corresponde a detección y tratamiento de ITS
• el 13% corresponde a pruebas y exámenes de detección de cáncer
• solo el 3 al 4% de sus servicios totales son abortos

Así, bloquear los fondos a Planned Parenthood no solo penaliza el acceso al aborto, sino al cuidado integral de la salud femenina. Esto no es solo un debate moral o ideológico: es un problema de salud pública.

Una estrategia progresiva desde los sectores conservadores

La ofensiva actual no es casualidad ni aislada. Responde a una estrategia que busca —mediante políticas estatales, legislación nacional y decisiones judiciales— estrangular logísticamente a las organizaciones pro-elección y consolidar un nuevo statu quo en la era post-Roe v. Wade.

Las palabras de Amy Friedrich-Karnik del Guttmacher Institute lo sintetizan bien: “Muchos legisladores antiaborto verán este caso como modelo y tratarán de replicarlo. Esto apenas comienza”.

En un sistema profundamente desigual como el de EE. UU., cerrar clínicas de salud que atienden a los más vulnerables en nombre de un principio ideológico no es solo una violación de derechos: es una condena silenciosa al abandono.