Corrupción, intereses extranjeros y disputas fiscales: El lado oscuro de la política estadounidense en 2024

Política, dinero y poder: una combinación explosiva

En el vertiginoso mundo de la política estadounidense contemporánea, los escándalos de corrupción, las disputas fiscales internacionales y el trasfondo geopolítico de relaciones con potencias como China se han convertido en parte del día a día. Los acontecimientos recientes, como la eliminación de una polémica sección fiscal del proyecto de ley del expresidente Donald Trump, y nuevos cargos de corrupción vinculados a una exfuncionaria de Nueva York, evidencian estas dinámicas cada vez más entrelazadas.

Sección 899: una bomba fiscal con consecuencias globales

Una de las medidas que más ruido causó en el megaproyecto de ley fiscal propuesto por Donald Trump fue la Sección 899. Este apartado buscaba imponer impuestos a empresas con dueños extranjeros y a inversionistas provenientes de países acusados de aplicar "impuestos injustos" a compañías estadounidenses.

La intención detrás de esta disposición era clara: proteger a las corporaciones estadounidenses de lo que el gobierno considera prácticas fiscales arbitrarias en el extranjero. Sin embargo, según estimaciones de la Global Business Alliance, esta sección podía costarle a Estados Unidos hasta 360,000 empleos y 55 mil millones de dólares anuales en PIB perdido durante la próxima década.

El impacto previsto llevó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a pedir su eliminación tras llegar a un acuerdo con los países del G7 en el marco del Pacto Fiscal Global de la OCDE. "Después de meses de diálogo productivo, lograremos un entendimiento conjunto que defiende los intereses estadounidenses", afirmó Bessent en un comunicado público.

Acuerdos fiscales bajo amenaza política

Aunque las comisiones del Congreso eliminaron la cláusula, líderes republicanos como Mike Crapo y Jason Smith advirtieron: “Estamos listos para actuar de inmediato si las otras partes abandonan el acuerdo o retrasan su implementación".

Más allá de su impacto económico, este episodio deja entrever las tensiones internas entre la protección de los intereses empresariales locales y el compromiso con estructuras multilaterales como la OCDE. Para algunos sectores conservadores, la protección nacional constituye la prioridad, incluso si significa retroceder en acuerdos internacionales que demandaron años de desarrollo.

Escándalo en Nueva York: mascarillas, sobornos y espionaje

Mientras tanto, en otro frente del espectro político estadounidense, una ex asesora de dos gobernadores demócratas de Nueva York —Linda Sun— enfrenta acusaciones que combinan enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias durante la pandemia y actividades coordinadas con el gobierno chino.

Sun, quien trabajó para Andrew Cuomo y Kathy Hochul, y su esposo Chris Hu, fueron acusados de aprovechar la urgencia por obtener equipo de protección personal (EPP) durante el inicio del COVID-19 para favorecer a empresas relacionadas con su familia, entre ellas, un negocio manejado por un primo segundo de Sun, que habría transferido $2.3 millones a Hu como parte del esquema.

El gobierno del estado firmó contratos por más de $44 millones con estas compañías. Además, Sun mintió sobre sus nexos personales con las mismas en documentos oficiales según la acusación presentada por el fiscal federal Joseph Nocella Jr..

Relaciones peligrosas con el gobierno chino

Pero el escándalo va más allá del desvío de fondos. Sun y Hu también son procesados por actuar como agentes encubiertos del gobierno chino. De acuerdo con los investigadores, Sun utilizó su posición para eliminar cualquier mención a las violaciones de derechos humanos de China en videos oficiales y participó en manipular la narrativa pública para favorecer la imagen del país asiático.

A cambio, Hu habría recibido ayuda en sus negocios en China, lo que les permitió adquirir inmuebles de lujo y automóviles de alta gama. Aunque ambos niegan los cargos y esperan ir a juicio en noviembre, el caso pone bajo escrutinio la vulnerabilidad de las instituciones estatales ante intereses extranjeros en momentos de crisis.

Corrupción y pandemia: una combinación mortal

Estos cargos forman parte de una serie de investigaciones federales dedicadas a desentrañar el fraude durante la pandemia. En un contexto donde estados como Nueva York competían con países enteros por mascarillas y otros suministros esenciales, muchos funcionarios actuaron al margen de la ley, facilitando contratos a empresas con bajos estándares o relaciones poco claras.

En efecto, la pandemia sirvió como catalizador para exponer fallas estructurales en los sistemas de control y verificación de compras públicas. Con mecanismos de revisión relajados y necesidades apremiantes, la puerta quedó abierta a prácticas corruptas como las que ahora enfrenta el matrimonio Sun-Hu.

Impulsos populistas: el caso de Alabama

Mientras tanto, en un claro contraste con los escándalos en la costa este, el estado de Alabama vivió un hito político cuando Caroleene Dobson, una influyente abogada republicana, anunció su candidatura como secretaria de Estado para 2026.

Dobson integra una nueva ola de políticos pro-Trump que buscan exportar reformas electorales inspiradas en lo que ella llama “sentido común”. Entre sus propuestas está replicar la controversial División de Delitos Electorales del estado de Florida para perseguir casos de fraude electoral, aunque en la práctica muchos de esos casos han resultado infundados.

Tras perder en las elecciones legislativas de 2024 frente al demócrata Shomari Figures, Dobson se ha centrado en fortalecer su base conservadora apelando a la protección del sistema electoral estatal de lo que califica como “ataques de activistas liberales y externos”.

Tres caras de una misma moneda

Los tres casos resumidos aquí —la enmienda fiscal federal, la corrupción en Nueva York y el ascenso populista en Alabama— muestran la pluralidad de crisis que enfrenta actualmente la democracia estadounidense: tensiones fiscales a nivel global, infiltración estatal por intereses externos y el resurgimiento del nacionalismo electoral con tintes de desconfianza institucional.

Todo esto ocurre en un contexto donde el expresidente Trump sigue marcando pauta, promoviendo reformas estructurales alineadas con una visión económica aislacionista, mientras sus seguidores siguen creciendo en espacios de poder regional como Alabama.

La pregunta central es: ¿está la política estadounidense respondiendo a una ciudadanía más exigente o simplemente se está reconfigurando según los intereses de poder, dinero e influencias exteriores?

En definitiva, estos casos representan no solo desafíos legales, sino también dilemas éticos e institucionales que seguirán dando forma al rumbo político de Estados Unidos hacia las elecciones presidenciales de 2024 y más allá.