¿Quién debe vigilar a los vigilantes? Escándalos escolares, detención migratoria e internet para menores: un análisis del Estado versus el ciudadano

El Estado en el banquillo: múltiples frentes abiertos

Una cadena de sucesos recientes en Estados Unidos pone en evidencia un patrón preocupante: el Estado, en distintas ramas y niveles, ha fallado en su rol de proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales de los individuos. Desde la muerte de un inmigrante bajo custodia federal en Florida, pasando por la acusación penal contra el distrito escolar de Filadelfia por manejo negligente de asbesto, hasta la disputa legal entre el estado de Georgia y defensores de derechos digitales por una ley que restringe el uso de redes sociales a menores, los casos señalan una desconexión entre las instituciones públicas y la ciudadanía.

En este artículo de análisis buscamos establecer un hilo común que conecta estas problemáticas aparentemente aisladas, situándolas dentro del ámbito más amplio de los derechos civiles y las responsabilidades del aparato estatal.

Muerte en custodia migratoria: ¿negligencia o patrón?

Johnny Noviello, ciudadano canadiense de 49 años, falleció en el Centro Federal de Detención de Miami mientras se encontraba bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Aunque las causas de su muerte aún están bajo investigación, el hecho genera alarma: Noviello es la octava persona en morir este año mientras era detenida en este tipo de instalaciones. En total, 11 muertes se han reportado en custodia migratoria en 2024.

Este número no es menor ni aislado; diversos informes de organizaciones como ACLU y Human Rights Watch han documentado durante años condiciones inadecuadas en centros de detención de inmigrantes, incluyendo falta de atención médica adecuada, alimentación deficiente y malos tratos.

“Estos centros operan con poca supervisión y menor transparencia que las prisiones criminales”, indica Clara Long, experta de HRW.

Noviello había llegado legalmente en 1988 y obtuvo la residencia permanente en 1991. Sin embargo, una condena reciente por tráfico de drogas lo hizo susceptible a deportación. ICE lo arrestó en su oficina de libertad condicional el mes pasado, un nivel de coordinación que revela el celo institucional sobre quienes ya han cumplido sus condenas.

Asbesto en las escuelas: silencio criminal en Filadelfia

Por primera vez en la historia de EE.UU., un distrito escolar —el de Filadelfia— enfrenta cargos penales por negligencia ambiental por su inadecuada gestión del asbesto en ocho de sus edificios escolares. El caso cae bajo la Ley Federal de Control de Sustancias Tóxicas, ignorada sistemáticamente durante cinco años pese al alto contenido de asbesto en casi el 90% de las instalaciones educativas del distrito (300 de 339 escuelas).

El asbesto, ampliamente usado en construcciones hasta los años 80, está directamente relacionado con la aparición de mesotelioma (tipo raro de cáncer) y otras enfermedades pulmonares. A raíz de este descuido, varias escuelas tuvieron que cerrar, dejando sin acceso a educación a centenas de niños.

“Esto no es solo un tema ambiental, es estructuralmente ético. Exponer a niños a sustancias cancerígenas en ambientes que deberían protegerlos es una traición absoluta a la confianza pública”, denunció el fiscal federal de Filadelfia.

A pesar de alcanzar un acuerdo de enjuiciamiento diferido —que evita una acusación formal y da oportunidad a corregir los fallos bajo supervisión judicial—, el hecho sienta un precedente que podría extenderse a otros sistemas escolares antiguos en Detroit, Nueva York o Baltimore, donde enfrentan problemas similares.

Redes sociales y menores: ¿protección o censura?

Una tercera historia ocurre en el sur, donde un juez federal bloqueó la implementación de una ley estatal en Georgia que obligaba a verificar la edad de usuarios de redes sociales y demandaba permiso paterno para menores de 16 años. La sentencia señala que dicha ley viola la libertad de expresión y el derecho al anonimato, afectando especialmente a los jóvenes.

La organización querellante NetChoice, que representa a empresas tecnológicas, afirmó que es el noveno estado donde logran suspender una legislación similar (tras enfrentar medidas en Texas, Utah, Florida, entre otros).

“La libre expresión no termina donde comienza la ansiedad gubernamental”, dijo Chris Marchese, director de litigación de NetChoice. “Los padres —no los políticos— deberían decidir cómo interactúan sus hijos en línea.”

Académicos en desarrollo infantil reconocen que las redes sociales impactan la salud mental de adolescentes, pero la solución regulatoria requiere precisión que evite vulnerar derechos:

• 80% de los adolescentes entre 13 y 17 años usan al menos una red social diariamente (Pew Research, 2023).
• 60% de los jóvenes han encontrado contenido educativo o de apoyo emocional en TikTok o YouTube, según Common Sense Media (2022).

En ese marco, exigir identificación estatal elimina el derecho a la individualidad digital, discrimina a adolescentes LGBTQ+ y puede crear riesgos de seguridad cuando se recolectan datos gubernamentales.

¿Qué revela el patrón?

Las tres historias comparten un hilo conductor: el aparente “paternalismo público” —justificado en nombre de la seguridad o el orden— termina vulnerando derechos fundamentales:

1. La muerte de Noviello expone cómo el sistema migratorio criminaliza a quienes ya han purgado condenas, deshumanizándolos.
2. La negligencia del distrito de Filadelfia representa el abandono burocrático que prioriza economías operativas por sobre la salud de niños y trabajadores escolares.
3. La ley de Georgia muestra cómo las intenciones bienintencionadas pueden derivar en censura digital si se plantean sin debate, enfoque o precisión.

Estas no son fallas de cualquiera: son fallas del Estado —en sus niveles local, estatal y federal. Hay un patrón muy claro: el gobierno no se está vigilando a sí mismo, y sin control externo, esto implica riesgo para el ciudadano común.

¿Qué sigue?

Organizaciones civiles y medios deben retomar su rol como contrapeso activo. Es imperativo exigir transparencia en los centros de detención, una auditoría nacional en escuelas con riesgo ambiental, y normas digitales equilibradas. La historia nos recuerda que cada derecho que se pierde en nombre de la seguridad no se recupera fácilmente.

Como dijo una vez Benjamin Franklin: “Aquellos que sacrifican libertad por seguridad, no merecen ni una ni otra”.