Tailandia vuelve a criminalizar la marihuana: ¿revolución o retroceso?

En 2022, Tailandia sorprendió al mundo al convertirse en el primer país de Asia en despenalizar el cannabis. En un contexto conservador como el del sudeste asiático, esta decisión marcó un precedente que fue visto como una audaz apertura hacia políticas de drogas más progresistas. El mercado tailandés se desarrolló explosivamente: miles de dispensarios, productos de CBD al alcance turístico y una nueva economía verde en auge.

Pero dos años después, el reino se encamina nuevamente hacia la prohibición. El Ministro de Salud, Somsak Thepsutin, acaba de firmar una orden que prohíbe la venta de cannabis sin receta médica y busca reclasificar la planta como una "hierba controlada". El tono ha cambiado radicalmente, y detrás de este giro hay razones políticas, sociales y morales que revelan tanto la complejidad del fenómeno como los desafíos de legislar una industria que emerge entre entusiasmo popular y temor institucional.

Una legalización apresurada: éxito económico, caos normativo

Tailandia no legalizó completamente el cannabis en 2022, sino que lo despenalizó. Las leyes médicas ya permitían desde 2018 su uso en hospitales y bajo receta, pero la eliminación de la planta de la lista de narcóticos implicó que cualquier parte de ella, especialmente el cogollo, pudiera comprarse y venderse sin mayores restricciones.

El resultado fue una explosión de dispensarios. Se estima que actualmente hay entre 8.000 y 12.000 tiendas vendiendo productos de cannabis en todo el país, incluyendo en zonas turísticas como Bangkok, Chiang Mai y Phuket. La industria generó ingresos millonarios y nuevos empleos, particularmente en zonas rurales.

Sin embargo, esta rápida expansión evidenció una falta profunda de regulación. No existían leyes claras para diferenciar el uso médico del recreativo, ni mecanismos de fiscalización adecuada. En consecuencia, menores de edad comenzaron a consumir libremente, incluso frente a las puertas de escuelas y universidades. Los casos de adicción entre adolescentes aumentaron, y esto encendió alarmas en el Ministerio de Salud.

"Un estudio realizado en 2023 mostró un incremento del 58% en adolescentes hospitalizados por consumo excesivo de cannabis" — Phanurat Lukboon, Oficina de Control de Narcóticos.

El péndulo político: de la apertura al moralismo

La medida actual debe leerse también en clave política. El gobierno liderado por el Partido Pheu Thai había prometido durante su campaña que volvería a criminalizar la marihuana. Esta postura contrasta con la del Partido Bhumjaithai, antiguo socio de coalición y principal impulsor de la despenalización. La reciente ruptura de esta alianza, provocada por tensiones diplomáticas con Camboya, ha dado a Pheu Thai luz verde para avanzar en su agenda prohibicionista.

La orden ministerial firmada el lunes define que los comerciantes ahora necesitarán receta médica para vender cualquier producto cannábico, y solo licencias específicas podrán autorizar tiendas médicas. Además, plantea que los cogollos —ricos en THC— sean reclasificados como sustancias controladas. Aunque la fecha de entrada en vigor depende de su publicación en la Gaceta Real, el mensaje político ya fue claro: el cannabis vuelve a estar bajo sospecha.

Un movimiento contestatario crece

Los colectivos pro-cannabis no tardaron en reaccionar. Diversos grupos de agricultores, comerciantes y activistas han anunciado protestas para el próximo mes frente al Ministerio de Salud. Argumentan que la actual vuelta atrás está dictada por intereses partidarios y responde más a juegos de poder que a una evaluación real del impacto de la despenalización.

Muchos de estos grupos alegan que la prohibición afectará duramente al campo y a pequeños empresarios que invirtieron fuertemente en esta nueva industria. Según un informe de la Universidad de Chulalongkorn, aproximadamente el 63% de los agricultores que comenzaron cultivos legales en 2022 provienen de zonas con ingresos bajos.

"Es un retroceso que manda el mensaje equivocado al mundo. Legalizamos sin regular, y ahora criminalizamos sin consultar." — Somchai Puangkote, Asociación Tailandesa de Cannabis Medicinal.

Turismo, contrabando y seguridad: la línea delicada

Junto al impacto social, la oleada de turismo cannábico también trajo consecuencias inesperadas. En los últimos meses, se han reportado más de 120 intentos de contrabando de cannabis por parte de turistas en los aeropuertos internacionales de Tailandia. Algunos visitantes pensaban erróneamente que podían exportar lo que compraban en el país.

Esta situación deterioró la imagen de Tailandia como destino turístico familiar. Algunos países vecinos, como Malasia y Singapur, han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de portar cannabis al regresar, recordando que en estos países las penas por tráfico de drogas incluyen la pena de muerte.

La administración actual teme que el desorden en torno al cannabis contamine la percepción internacional del país y fomente el crimen relacionado con el narcotráfico.

¿Hacia una regulación madura o regreso al prohibicionismo?

Lo que está en juego ahora no es tanto el futuro del cannabis, sino el modelo de gobernanza que Tailandia busca promover. ¿Se trata de aprender de los errores iniciales para implementar una legislación inteligente, o más bien de ceder ante presiones conservadoras retornando a prácticas punitivas?

Países como Canadá y Uruguay han demostrado que la legalización con regulación estricta puede funcionar, minimizando riesgos sociales y favoreciendo el desarrollo económico. Incluso dentro del sudeste asiático, países como Laos y Filipinas están debatiendo marcos normativos para el uso medicinal.

La paradoja tailandesa es que abrió la puerta sin manual de instrucciones, y ahora quiere cerrar la puerta sin considerar lo que queda adentro. Criminalizar el consumo nuevamente tendrá implicaciones graves: aumento en encarcelamientos por delitos menores, estigmatización y pérdida de ingresos para miles de familias rurales.

Una oportunidad para reformar, no prohibir

En lugar de retroceder, Tailandia podría aprovechar esta coyuntura para crear una legislación robusta, basada en datos, ciencia y participación ciudadana. Normas claras sobre la venta, restricciones para menores, licencias médicas verificables y campañas educativas masivas son herramientas mucho más eficaces que la criminalización.

El Ministerio de Salud bien podría establecer un sistema de registros electrónicos, exigir estándares de producción e implementar auditorías para controlar el contenido de THC, tal y como ocurre en otros países con marcos regulatorios exitosos.

El uso médico, además, merece ser salvaguardado. Miles de pacientes tailandeses tratan condiciones como epilepsia, dolor crónico o insomnio con cannabidiol (CBD), y para ellos, el debate político con implicaciones electorales puede significar la diferencia entre alivio y sufrimiento.

Las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo no solo del cannabis en Tailandia, sino también de cómo toda una región del mundo ve la posibilidad de regular sustancia psicoactivas fuera de un enfoque puramente represivo.

¿Qué sigue?

Todo indica que el decreto será publicado en la Gaceta Real antes de que termine julio de 2025, y entrará en vigor inmediatamente. En respuesta, las agrupaciones cannábicas se están organizando para presentar una demanda constitucional argumentando que la medida viola los derechos económicos y sanitarios de las personas.

Mientras tanto, el ojo vuelve a ponerse sobre el sudeste asiático, en un debate que trasciende los límites de lo local. Es el reflejo de una batalla global entre ciencia y moralismo, evidencia y prejuicio, que tendrá repercusiones que aún no podemos medir.