Entre detenciones, demandas y vigilancia: el estado de excepción migratorio en EE.UU.

Una estrategia migratoria en clave de excepción

En un preocupante giro hacia el autoritarismo, el gobierno de Donald Trump ha intensificado su enfrentamiento con el poder judicial federal en materia de inmigración. La más reciente jugada fue una demanda inusual contra jueces federales en Maryland, acusándolos de obstaculizar la capacidad del Ejecutivo para deportar rápidamente a inmigrantes detenidos que solicitan audiencias judiciales.

La raíz del conflicto está en una orden emitida por el juez George L. Russell III, que impide la remoción inmediata de inmigrantes que han presentado un recurso de habeas corpus ante el tribunal federal del distrito de Maryland. La orden establece que debe pasar al menos hasta las 4 p.m. del segundo día hábil después de la presentación antes de que se pueda proceder con la expulsión.

¿Quién tiene la última palabra?: Poder Judicial vs. Poder Ejecutivo

La demanda interpone que esta medida viola un fallo de la Corte Suprema y representa una intervención indebida del poder judicial en la aplicación de las leyes migratorias, que son prerrogativa del Ejecutivo. Según la administración de Trump, esta pausa automática “intrude en los núcleos del poder del Poder Ejecutivo”.

La fiscal general, Pamela Bondi, fue más allá: “La autoridad ejecutiva del presidente ha estado socavada desde las primeras horas de su presidencia por una avalancha interminable de medidas cautelares que buscan detener su agenda”.

No es un debate meramente técnico sobre competencias: es un pulso profundo por el alma legal e institucional del país en un área —la migración— que pone a prueba los fundamentos democráticos, los derechos humanos y el imperio de la ley.

Florida como epicentro de un nuevo paradigma de detención

Paralelamente a esa batalla legal, el estado de Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, ha emprendido una de las políticas más agresivas a nivel estatal en apoyo al control migratorio federal. Entre sus iniciativas, destaca la construcción de un centro de detención apodado “Alcatraz del caimán” en una zona remota de los Everglades, y la propuesta de levantar un segundo centro en el campo de entrenamiento Camp Blanding de la Guardia Nacional en el noreste del estado.

El primer centro, descrito como temporal, se está construyendo en un área ecológicamente sensible, rodeada de pantanos repletos de mosquitos y caimanes, lo que fue calificado por DeSantis como una “ventaja de seguridad” para evitar fugas.

“Claramente, desde una perspectiva de seguridad, si alguien se escapa, hay muchos caimanes. Nadie va a ninguna parte”, declaró DeSantis con sorna.

Este centro, que debería estar operativo para julio, dispondrá de 5,000 camas de detención y costará $245 por cama al día, lo que equivale a unos 450 millones de dólares al año. Aunque Florida adelantará los fondos, se espera que FEMA (la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias) reembolse el gasto.

¿Seguridad o teatralización de la crueldad?

Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas han denunciado este plan por violar derechos fundamentales y por el impacto ambiental en territorios considerados sagrados por pueblos originarios. Para activistas como María Asunción Bilbao del American Friends Service Committee, todo esto es una “teatralización de la crueldad”.

No es difícil entender por qué. La construcción de centros de detención masivos en zonas remotas recuerda a prácticas de regímenes autoritarios que combinan aislamiento con uso intensivo de medios represivos. Se trata de lugares diseñados más para invisibilizar y escarmentar que para gestionar flujos migratorios de manera eficiente o humanitaria.

Política pública en tiempos de populismo punitivo

Este tipo de políticas responde a una lógica populista y punitiva que convierte a los migrantes en chivos expiatorios de una maquinaria política que alimenta el miedo, la desinformación y el odio. DeSantis ha hecho de la migración ilegal uno de los ejes de su narrativa, asociándola de forma sistemática con el crimen, el desorden y la amenaza a la soberanía estatal.

Esto se confirma con su colaboración abierta con la administración Trump para expandir la capacidad de detención de migrantes desde las actuales 41,000 camas a más de 100,000 a nivel nacional, según los objetivos trazados por el anterior presidente.

Datos y costos de una política inhumana

• $450 millones anuales es el costo estimado del centro “Alcatraz del caimán”.
• 245 dólares por inmigrante al día es lo que cuesta mantener cada cama.
• El plan contempla el uso de estructuras temporales como carpas y remolques.
• 5,000 camas disponibles en Everglades, y más planeadas en Camp Blanding.

Estos datos evidencian que lo que se vende como eficaz es, en realidad, una maquinaria extremadamente onerosa para los contribuyentes, montada principalmente con fines políticos.

Una tendencia nacional y su impacto judicial

Florida no está sola en esta cruzada. Otros estados con gobiernos alineados ideológicamente han adoptado medidas similares o aún más restrictivas, en una deriva que bordea lo inconstitucional. Eso explica que el papel del poder judicial sea hoy más importante que nunca. Las órdenes como la del juez Russell no son más que un último dique de contención contra la violación sistemática de derechos fundamentales.

Pero el hecho de que el Ejecutivo federal decida demandar a esos jueces marca un nuevo nivel de fricción institucional. Es una señal clara del intento de someter al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo, diluyendo así el equilibrio de poderes que rige el sistema democrático estadounidense.

Los derechos humanos en tiempo de campañas

La presión sobre los migrantes coincide con un clima electoral en el que se apuesta por discursos confrontativos. Trump ya ha demostrado que entiende el tema migratorio como un eje central de su retorno político. Y DeSantis, eventualmente candidato, está haciendo de este un laboratorio de políticas que podría expandir a nivel nacional.

Todo ello ocurre en un contexto internacional donde EE.UU. ya enfrenta duras críticas por su política migratoria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que los centros de detención masiva en zonas remotas pueden considerarse campos de aislamiento que violan tratados internacionales.

¿Qué sigue?

Si el Congreso y el Poder Judicial no logran frenar esta deriva autoritaria, nos enfrentamos a una redefinición de facto de la política migratoria estadounidense: una donde la eficiencia se mide en número de deportados, la seguridad en presencia de caimanes alrededor de los centros, y el dolor humano es invisibilizado por carpas, instalaciones provisionales y zonas silenciadas.

La paradoja es brutal: se invierten millones en crear una atmósfera de miedo, en lugar de abordar con inteligencia, humanidad y pragmatismo los desafíos de una migración global y persistente. La historia juzgará.