Trump, Gaza y la disputa por las prioridades estadounidenses: ¿Humanitarismo o geopolítica?

Una ofensiva cuestionada: ¿Realmente fue destruido el programa nuclear iraní?

El reciente informe confidencial de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) ha desmentido las declaraciones del expresidente Donald Trump sobre la eficacia de los bombardeos estadounidenses en sitios nucleares iraníes. Según el informe, aunque los bombardeos del pasado sábado contra Fordo, Natanz e Isfahan causaron daños significativos, iraníes no fueron "completamente y totalmente destruidos", como afirmó Trump posteriormente.

Este revés contradice también lo dicho por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se alineó con el discurso triunfalista del expresidente. Las declaraciones del gobierno estadounidense actual calificaron la filtración del informe como "un intento de desprestigiar" al expresidente y a las fuerzas armadas involucradas. “Cuando se lanzan catorce bombas de 30,000 libras perfectamente sobre sus objetivos, el resultado es una obliteración total”, dijo la entonces secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La verdad según los analistas

Fuentes dentro de la comunidad de inteligencia señalan que el programa nuclear iraní solo se ha visto retrasado algunos meses, estimando que la recuperación de su infraestructura podría estar en marcha. Además, resaltan el potencial propagandístico y político que tienen las declaraciones públicas que no concuerdan con datos técnicos.

GHF, Gaza y el financiamiento cuestionado

Al mismo tiempo, otro punto álgido recae en la Franja de Gaza, donde la administración Trump aprobó el otorgamiento de 30 millones de dólares en fondos a una organización humanitaria apoyada por EE.UU. e Israel, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Esta entidad ha sido responsable de distribuir al menos 44 millones de comidas en la región, mientras la ONU y múltiples ONGs denuncian métodos y relaciones que violan principios humanitarios.

Lo más preocupante es el nuevo modelo que GHF representa: una red de firmas privadas lideradas por exoficiales militares e inteligentes estadounidenses contratadas para administrar ayuda en zonas de guerra. Esto ha generado inquietud en sectores diplomáticos y humanitarios sobre la despolitización y neutralidad en la entrega de la ayuda.

Controversia sobre víctimas y acceso humanitario

Aunque GHF ha negado que se hayan producido muertes en sus centros de distribución, testimonios palestinos y sanitarios indican lo contrario. El pasado martes, al menos 19 personas murieron y 50 resultaron heridas por disparos del ejército israelí mientras se dirigían a un sitio de la fundación en el sur de Gaza, según el hospital Nasser y el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel, por su parte, quiere que GHF sustituya el sistema tradicional coordinado por la ONU, acudiendo al argumento de que Hamas roba parte de la ayuda. La ONU ha negado sistemáticamente esas acusaciones, asegurando que no hay pruebas de robos significativos por parte de Hamas.

La fórmula Trump para la ayuda internacional: ¿philanthro-capitalismo beligerante?

Muchos expertos denuncian que el modelo de GHF se enmarca en una tendencia peligrosa: privatización de la ayuda humanitaria con fines diplomáticos o militares. Esta estrategia, afirman, se aleja de los principios básicos de la ayuda neutral e imparcial con los que la ONU y otras organizaciones han trabajado durante décadas.

Además, al permitir que fondos federales financien este tipo de operaciones, se está creando un precedente donde la política exterior se entrelaza con intereses militares y comerciales, incluso en contextos humanitarios críticos como Gaza.

Recortes presupuestarios y demandas en los tribunales

Todo esto se desarrolla en un contexto más amplio donde la administración Trump fue demandada por más de 20 fiscales generales de estados y Washington D.C. por implementar reducciones masivas a proyectos financiados con subvenciones federales previamente autorizadas. Estas subvenciones sostenían desde programas de seguridad y salud pública hasta iniciativas científicas de largo plazo.

El argumento legal de los demandantes gira en torno a una cláusula utilizada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés): los funcionarios federales pueden terminar subvenciones si esta “ya no cumple los objetivos del programa o prioridades de la agencia”.

Según el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, esta cláusula ha sido usada por la administración para realizar lo que calificó como una campaña de “tierra arrasada” contra el financiamiento estatal. “Nos están robando los programas básicos que sustentan el bienestar de nuestros ciudadanos”, remarcó en su declaración.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, añadió: “No hay ninguna cláusula que diga ‘porque ya no me gusta’ o ‘porque no me parece’ como para eliminar fondos federales. Esto es inconstitucional.”

Un patrón político repetido

La administración Trump ha enfrentado múltiples litigios derivados de recortes unilaterales de fondos asignados por el Congreso. Aunque en muchos casos los tribunales han paralizado temporalmente la ejecución de dichos recortes, la demanda más reciente podría representar el desafío legal más amplio al modelo de administración presupuestaria del expresidente.

¿Estrategia humanitaria o uso táctico de la necesidad?

Estas acciones claramente demuestran cómo el gobierno Trump desarrolló un enfoque instrumental de la ayuda y la diplomacia, al entremezclar prioridades políticas, apoyo militar y asistencia internacional.

Si los bombardeos a Irán no lograron su objetivo total, si la ayuda humanitaria se entrega a expensas de principios éticos y si los fondos públicos se desvían según intereses partidistas, entonces cabe preguntarse: ¿Es esta la estrategia humanitaria del futuro o un retroceso profundo en la ética política internacional?

Tal vez, en nombre de la seguridad nacional o de una presunta eficiencia, se esté reescribiendo lo que significa “ayuda humanitaria” en el siglo XXI. Pero si la política reemplaza a la compasión como guía, el costo podría medirse en vidas humanas, derechos cercenados y confianza internacional deteriorada.