Poder de Guerra en EE. UU.: ¿Demasiado Poder para el Presidente o Necesidad Estratégica?

En plena era de tensiones geopolíticas y cambios vertiginosos en el tablero internacional, una vieja discusión en la política estadounidense ha resurgido con fuerza: ¿quién tiene realmente el poder para llevar al país a la guerra?

El reciente ataque ordenado por el expresidente Donald Trump contra blancos iraníes, en el contexto de un nuevo estallido de violencia entre Israel e Irán, ha vuelto a encender el debate sobre la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Act) de 1973. Esta legislación, concebida en el escenario convulsionado del pos-Vietnam, pretendía poner límites a las capacidades presidenciales de emprender acciones militares sin aprobación del Congreso. Pero, décadas después, su efectividad sigue en tela de juicio.

Un marco legal lleno de vacíos

La War Powers Resolution, establecida durante la presidencia de Richard Nixon (quien la vetó, pero fue revocada por el Congreso), fue diseñada para asegurar que las decisiones sobre el uso de la fuerza militar fuesen el resultado del juicio colectivo entre el Congreso y el Ejecutivo. Exige que el presidente consulte con el Congreso 'en toda la medida de lo posible' antes de introducir a las Fuerzas Armadas estadounidenses en situaciones de hostilidades. Además, impone un límite de 60 a 90 días para el compromiso militar si no hay una aprobación legislativa formal.

Pero expertos como Scott Anderson, del Brookings Institution, señalan que la ley deja “muchas salidas y pocos requerimientos firmes”. Su lenguaje vago ha permitido que los presidentes actúen a discreción en numerosos conflictos, amparándose en interpretaciones laxas del término “hostilidades” o “inminencia de la amenaza”.

Trump y la reiteración de un patrón presidencial

Trump no ha sido el único mandatario en desafiar los límites de este marco legal. Desde los años 80, presidentes de ambos partidos han emprendido acciones militares sin autorización explícita. Por ejemplo:

• Jimmy Carter defendió la operación de rescate de los rehenes en Irán (1980) como algo que no requería consulta al Congreso.
• George W. Bush obtuvo una autorización después del 9/11, pero su administración sentó precedentes para operaciones preventivas.
• Barack Obama enfrentó críticas por continuar la intervención en Libia después de los 90 días, argumentando que el uso de drones y misiles no constituía “hostilidades”.

Trump, por su parte, usó su facultad ejecutiva para ordenar ataques contra posiciones estratégicas de Irán sin previa autorización del Congreso. Aunque envió una carta formal tras 48 horas —cumpliendo con uno de los requisitos del acta—, muchos legisladores y analistas denuncian que el acto fue una violación clara de su espíritu.

El Congreso vs. la Casa Blanca: Un conflicto sin resolver

El Congreso ha buscado responder con medidas como la introducción de resoluciones bipartidistas que, aunque simbólicas, envían un mensaje de control sobre la acción militar unilateral. El senador Tim Kaine (D-Va.) lideró una de estas iniciativas más recientes, pidiendo que se exigiera autorización legislativa para cualquier implicación de EE. UU. en el conflicto con Irán.

“En caso de un conflicto futuro, necesitamos dejar claro que no habrá guerra ofensiva con Irán sin aprobación previa”, declaró el congresista Ro Khanna. Incluso dentro del Partido Republicano había voces que apoyaban un mayor control legislativo, aunque la noticia de un alto el fuego entre Israel e Irán alteró un posible consenso.

La realpolitik del poder presidencial

Históricamente, los presidentes estadounidenses han consolidado más poder en materia de seguridad nacional con el tiempo. La justificación común suele ser la necesidad de respuesta rápida e incluso secreta ante amenazas externas. El problema, según Anderson y otros analistas, es que el marco legal vigente no ha evolucionado para poner contrapesos firmes. Desde Vietnam, la clase política estadounidense ha mantenido un juego de tira y afloja donde el Congreso lanza advertencias y los presidentes avanzan con pragmatismo.

Entre 1973 y 2023, se han registrado más de 100 informes presidenciales al Congreso en relación con el War Powers Act, sin que ninguno derive en un retiro forzado de tropas. Es decir, la ley carece de mecanismos de ejecución reales que obliguen a un presidente a acatar la regla de los 60-90 días.

¿Reforma o resignación?

El caso de Trump ha revivido propuestas de reforma. Desde la era Obama, múltiples voces en el Congreso han abogado por revisar el lenguaje de la ley para instalar requisitos más estrictos y, sobre todo, consecuencias reales en caso de ignorarlos. Pero hasta ahora, el equilibrio entre seguridad nacional y democracia representativa sigue sin definirse con claridad.

Con administraciones cada vez más dependientes del poder ejecutivo para lidiar con crisis rápidas, desde terrorismo hasta conflictos regionales, la pregunta sigue siendo relevante: ¿Puede el Congreso limitar el poder de guerra del presidente sin poner en riesgo la capacidad de acción del país?

Para algunos expertos, como Bruce Ackerman, profesor de Derecho Constitucional en Yale, la respuesta debería ser sí. Propone una revisión total del War Powers Act, incluyendo posibilidad de demandas judiciales y otras medidas de fiscalización ejecutables. Pero esto requeriría un consenso bipartidista extremadamente difícil en el actual clima político polarizado.

Un poder sin frenos en tiempos convulsos

El caso Trump-Irán no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de decisiones que van desplazando el núcleo democrático del poder militar en EE. UU. hacia la Oficina Oval. En un mundo donde los conflictos asimétricos, cibernéticos y regionales dominan la escena, la necesidad de responder rápidamente ha favorecido a los presidentes.

Pero como algunos senadores han advertido, esto puede crear un precedente peligroso: una presidencia imperial, con potestades bélicas casi sin supervisión, en una nación nacida precisamente del credo de “no a los monarcas”.

La paradoja es que mientras más difícil se hace aprobar leyes en el Congreso, más poder parece acumular el Ejecutivo. Y cada vez que una nueva crisis estalla, la balanza se inclina ligeramente más hacia el Despacho Oval. ¿Será necesario un nuevo desastre para que se tomen en serio los límites al poder de guerra?

Hasta entonces, la Resolución de Poderes de Guerra seguirá siendo una más de las promesas constitucionales que se respetan más en la letra que en el espíritu.