La vida entre desechos: el clamor de los recicladores en Colombia por justicia social y dignidad laboral

Una protesta poco convencional pero altamente simbólica

El pasado martes, la Plaza de Bolívar en Bogotá se convirtió en un inusual mar de residuos reciclables. Cerca de 15 toneladas de botellas plásticas, pedazos de cartón y chatarra fueron esparcidos en el icónico centro cívico de la capital colombiana por decenas de recicladores, como una forma de protesta para visibilizar su lucha por condiciones laborales más justas.

La movilización fue liderada por 14 asociaciones de recicladores, las cuales representaron a una porción de los cerca de 20.000 recicladores que operan en Bogotá. La escena fue tan impactante como cargada de significado: algunos de los manifestantes simularon ‘nadar’ entre los residuos, una potente metáfora de cómo sobreviven a diario, ahogados entre injusticias sociales e invisibilidad institucional.

¿Quiénes son y qué hacen los recicladores?

Los recicladores, también conocidos como ‘recuperadores’, cumplen una función esencial dentro del ecosistema urbano: recogen residuos sólidos aprovechables como cartón, plástico, vidrio y metal de casas, edificios y calles para venderlos posteriormente a bodegas o plantas de reciclaje.

Este trabajo ha sido históricamente realizado por personas en situación de pobreza, muchas veces en condiciones informales, sin contrato laboral ni acceso a seguridad social. En Colombia, este sector es mayoritariamente autogestionado, con recicladores que empujan carretas por kilómetros recogiendo materiales que otros desechan.

Su labor es indispensable. Según cifras de Minambiente, gracias a ellos se recuperan más de 1.2 millones de toneladas de residuos reciclables al año, lo que reduce significativamente la presión sobre los rellenos sanitarios y contribuye a metas globales de sostenibilidad.

Un modelo de reciclaje único protegido por la Constitución

Lo que hace a Colombia particularmente interesante es que su Constitución reconoce el trabajo de los recicladores. A través de diferentes sentencias de la Corte Constitucional, se ha establecido que los recicladores deben ser incluidos en el sistema de aseo público y que tienen derecho preferencial a las rutas de reciclaje.

Las autoridades locales tienen, por tanto, la obligación de pagar a sus asociaciones una remuneración proporcional a las toneladas recolectadas, una medida que busca dignificar esta actividad económica. Sin embargo, esta política —aunque vanguardista en la región— tropieza con serias deficiencias en su implementación.

La economía del reciclaje en crisis

Pese a su importancia estructural, el ingreso de un reciclador promedio está lejos del salario mínimo legal (alrededor de $350 dólares mensuales). El problema estructural radica en la inestabilidad de los precios del material reciclable. Según Jorge Ospina, presidente de la asociación ARAUS, el kilo de plástico que antes se pagaba a $0.75 dólares ha caído a $0.50 dólares en las plantas recicladoras.

Esto tiene un doble efecto: por un lado, ahoga económicamente a las asociaciones como ARAUS, las cuales solo pueden ofrecer *$0.25 dólares por kilo* a sus miembros. Por otro lado, desincentiva el trabajo mismo de reciclaje, generando un efecto dominó potencialmente trágico: si los recicladores no ven una utilidad, el reciclaje urbano podría colapsar.

¿Importaciones tóxicas? El efecto China

Un factor poco discutido pero altamente significativo es la creciente presencia de plásticos nuevos, importados de países como China. Estos productos vírgenes, al ser más económicos en muchos casos que el reciclado, deprimen la demanda de materiales reutilizados. Esto afecta directamente los ingresos de los recicladores colombianos y pone en riesgo el modelo nacional de reciclaje inclusivo.

“Sin más regulación del gobierno, nos vamos a quedar sin mercado. Y sin mercado, se nos llena el país de basura”, advirtió Ospina durante la protesta.

La migración como variable adicional

A la ecuación se suma la creciente participación de migrantes venezolanos en el reciclaje urbano, sobre todo en ciudades como Medellín y Bogotá. Aunque esto evidencia la resiliencia del sector informal como refugio en tiempos de crisis, también genera tensiones económicas y sociales con recicladores locales que ven reducidas sus rutas y ganancias.

“Necesitamos reglas claras para todos los que trabajamos en esto. No nos oponemos a que otros vengan a buscar una vida, pero que sea sobre una base justa”, señaló Nohra Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores.

Testimonio humano: nadar contra la corriente

Marta Yanguas, de 54 años, ha trabajado como recicladora desde los 19. Hoy empuja cada día una carreta de más de 80 kilos. “He criado tres hijos con estos brazos”, afirma con orgullo, mientras se limpia el sudor de la frente. Aun así, con la caída de los precios y la competencia, sus ingresos han caído casi un 30% respecto al año pasado.

“Antes me alcanzaba para los servicios, el arriendo y algo de comida... Hoy apenas me da para comer. Me atraso con todo”, dice.

Como Marta, miles enfrentan una precariedad silenciada. La protesta de la Plaza Bolívar buscó justamente dar altavoz a estas historias, en un país donde aún persisten enormes inequidades sociales.

La paradoja verde y el silencio estatal

Colombia se ha posicionado internacionalmente como uno de los líderes en economía circular de América Latina. Incluso se han firmado compromisos con organismos multilaterales para reducir el uso de plásticos de un solo uso. No obstante, esa narrativa choca frontalmente con la realidad de quienes hacen posible ese reciclaje en la práctica.

“Es una paradoja: todos los discursos oficiales promueven el reciclaje, pero las personas que lo hacen posible sobreviven con miserias”, recalca Padilla.

La ausencia de una política coherente que regule el precio de los materiales reciclables, frene el ingreso indiscriminado de plástico nuevo y reconozca de manera efectiva la labor de los recicladores pone en entredicho cualquier compromiso ambiental serio.

¿Qué piden los recicladores?

La lista de exigencias presentada por los manifestantes es clara:

• Fijación de un precio mínimo regulado para materiales reciclables para evitar abusos del mercado
• Regulación a las importaciones de plástico nuevo
• Apoyo técnico y financiero a asociaciones de recicladores
• Mayor infraestructura para la logística del reciclaje
• Planes de salud y seguridad social acordes a su nivel de exposición y esfuerzo físico

Un nuevo contrato social con la basura

La jornada de protesta concluyó entre aplausos, tambores y discursos. Pero la esperanza es que haya dejado un mensaje irreversible: los recicladores no son los últimos eslabones de la cadena urbana, sino pilares de una ciudad más limpia, justa y sostenible.

Mientras tanto, Marta Yanguas se encamina de vuelta a su barrio, empujando su carreta cargada de botellas y metal. “Yo no quiero lujos, solo quiero que nos traten con dignidad”, dice. Y no parece una petición descabellada.