¿Derechos laborales o incentivo a la huelga? La controvertida ley de Oregon que otorga beneficios de desempleo a trabajadores en paro

El 25 de junio marcó un punto de inflexión en la historia laboral de Estados Unidos. La gobernadora del estado de Oregon, Tina Kotek, firmó una ley histórica que convierte a su estado en pionero al proporcionar beneficios por desempleo a trabajadores en huelga, incluyendo empleados públicos. Esta decisión no solo ha generado un intenso debate a nivel estatal, sino que también podría sentar un precedente que inspire —o asuste— a otras entidades federativas.

¿De qué trata realmente esta nueva legislación?

La nueva ley permite que los trabajadores huelguistas puedan solicitar beneficios por desempleo después de dos semanas de estar en paro, con un límite de pago de hasta 10 semanas. Esto significa que un maestro, enfermero u operario en huelga en Oregon podrá, bajo esta ley, recibir hasta el 65% de su salario semanal mientras se mantiene la huelga, siempre que cumpla con los criterios establecidos.

La legislación se enmarca en una oleada de movilizaciones obreras recientes en el noroeste de EE. UU., especialmente tras huelgas notorias como las de trabajadores de Boeing, hospitales del sistema Providence y el sistema escolar de Portland.

¿Por qué es tan diferente esta ley?

Hasta la fecha, solo tres estados en EE. UU. —New York, New Jersey y Washington— brindaban algún tipo de beneficios a trabajadores en huelga, pero ninguno había incluido empleados públicos como Oregon.

• Washington: Aprobó en abril 2024 una ley que cubre solo a trabajadores del sector privado y por un máximo de seis semanas.
• New York: Permite beneficios limitados y bajo condiciones muy restrictivas.
• Oregon: Rompe el molde al incluir trabajadores públicos en la cobertura.

Un dato no menor: en la mayoría de los estados de EE. UU., los empleados públicos ni siquiera tienen derecho a hacer huelga. Oregon no solo permite la huelga en ciertos sectores públicos, sino que ahora compensará a quienes la ejerzan.

¿Justicia salarial o un arma peligrosa?

La aprobación de la ley no fue un camino llano. Se trató de un proceso legislativo altamente polarizado. Tras ser aprobada por el Senado en marzo y luego por la Cámara baja, las diferencias en la redacción forzaron un comité de conferencia para conciliar los textos y llegar al compromiso final: el tope de 10 semanas para los beneficios.

Se recibieron más de 1,000 cartas de testimonio público, lo que refleja el peso social y económico de la decisión.

Los argumentos a favor se centran en cuestiones de equidad:

"Las corporaciones gigantes pueden simplemente esperar a que los fondos sindicales se agoten. Esta ley equilibra el campo de juego," argumentaron líderes sindicales.

Mientras que los detractores alertan:

"Estamos creando un incentivo peligroso. Podría empujar a los trabajadores a ir más fácilmente a la huelga, especialmente en sectores públicos como la educación," sostuvo uno de los legisladores republicanos.

¿Quién paga la cuenta?

En el sector privado, los empleadores ya están obligados a contribuir al fondo estatal de seguro por desempleo mediante un impuesto a la nómina. Sin embargo, muchos empleadores públicos —como distritos escolares o entidades municipales— no realizan ese aporte.

En estos casos, la nueva ley obliga a que los beneficios pagados sean reembolsados directamente por esas entidades. Para calmar críticas, se introdujo una cláusula que autoriza a los distritos descontar del salario de los huelguistas el equivalente que recibieron en beneficios, una vez que se reincorporen.

Según los documentos presentados por el Departamento de Empleo de Oregon, el beneficio máximo semanal no puede exceder los $836 y se estima que el impacto financiero sería moderado en comparación con los presupuestos ya asignados a salarios. Esta compensación podría representar una carga extra para pequeñas comunidades o distritos rurales.

El contexto reciente: enfermeros, maestros y conflictos laborales

Oregon ha sido testigo de dos conflictos laborales de gran magnitud en los últimos años:

• En 2023, los maestros del Distrito Escolar Público de Portland iniciaron una huelga que cerró las escuelas durante tres semanas, afectando a más de 45,000 estudiantes.
• En 2024, enfermeros y doctores de los hospitales Providence se declararon en paro por seis semanas, en una protesta que afectó a múltiples instalaciones médicas.

Ambos casos fueron catalizadores del debate legislativo, al evidenciar cómo el estancamiento prolongado puede dejar a los huelguistas sin medios para sobrevivir financieramente o presionarles a aceptar condiciones laborales injustas.

Otros estados dicen “no”

Mientras Oregon avanzaba, otros estados dieron marcha atrás. El caso más reciente es el de Connecticut, donde el gobernador Ned Lamont, también demócrata, vetó un proyecto de ley similar este mismo mes. El año anterior, Lamont ya había bloqueado propuestas con el mismo propósito, alegando consecuencias fiscales y riesgos legales.

Los republicanos, por su parte, han expresado temor ante que esta ley pueda volverse un modelo replicable que aliente huelgas estratégicas en momentos de negociación sindical, debilitando a empleadores públicos y generando caos organizacional.

¿Puede replicarse en otros estados?

En EE. UU., las prácticas laborales están profundamente influenciadas por las políticas estatales y el poder del lobby local. El hecho de que una ley pro-laboral provenga de Oregon, un estado con tradición progresista y fuerte presencia sindical, no necesariamente implica que tenga éxito en lugares como Texas, Alabama o Florida.

Aun así, algunos analistas aseguran que este tipo de medidas podría contagiar a estados con Gobiernos demócratas y economías urbanas sindicalizadas como California, Illinois o Massachusetts.

Impacto potencial: lo que puede cambiar

Las consecuencias de esta ley van más allá de lo financiero:

• Refuerza el poder de negociación de sindicatos.
• Introduce presión para implementar soluciones más ágiles en negociaciones laborales.
• Posibilita que trabajadores puedan sostener paros más largos si sienten que sus demandas son justas.
• Obliga a empleadores públicos a evaluar costos políticos de los conflictos laborales prolongados.

Esto no quiere decir que se avecine una “pandemia de huelgas”, pero sí se amplifica el simbólico mensaje de que el Derecho al Trabajo no termina en el día 1 de una huelga.

El principio tras la ley: equidad en tiempos de desigualdad

Los impulsores de la ley insisten en que el objetivo no es “premiar” la huelga, sino garantizar que los trabajadores no pierdan su estabilidad económica al defender condiciones justas. En un proceso que muchas veces favorece a corporaciones y entidades gubernamentales con recursos jurídicos y lobby, los trabajadores quedan muchas veces sin herramientas efectivas de presión.

“No se trata de fomentar huelgas, sino de nivelar el terreno,” dijo una legisladora demócrata durante el debate final.