El silencioso desencadenante: por qué la desregulación de silenciadores arma un nuevo debate sobre el control de armas en EE. UU.

Un polémico paquete fiscal con consecuencias más allá de los impuestos

Estados Unidos atraviesa una nueva tormenta legislativa, no únicamente por el tamaño del ambicioso paquete de recortes fiscales impulsado por el expresidente Donald Trump, sino por un componente altamente controversial que parece haber pasado bajo el radar: la desregulación de silenciadores y ciertas armas de fuego. En un intento por aglutinar apoyo republicano en ambas cámaras, la propuesta contempla eliminar restricciones históricas a dispositivos y armas asociadas comúnmente con riesgos elevados en contextos criminales.

¿Qué se pretende cambiar exactamente?

La legislación—una de las principales apuestas de Trump antes del 4 de julio—propone sacar a los silenciadores (también conocidos en el sector armamentístico como suppressors) del ámbito de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA), en vigor desde 1934. Esta norma fue establecida como respuesta al uso de armas silenciosas por parte del crimen organizado, incluyendo la mafia durante la era de la prohibición.

Actualmente, los silenciadores están sujetos a una tasa de $200 dólares por dispositivo y requieren una verificación exhaustiva de antecedentes a través del FBI antes de ser adquiridos legalmente. La nueva medida eliminaría tanto la tasa como esta capa de revisión. Además, el Senado amplió el alcance de las disposiciones incluyendo fusiles y escopetas de cañón corto, popularmente conocidos como armas sawed-off.

Los argumentos de la industria de armas y sus aliados republicanos

Los defensores de la desregulación argumentan que los silenciadores son utilizados mayoritariamente por cazadores y tiradores deportivos, quienes verían beneficios en la reducción del daño auditivo. El congresista republicano Andrew Clyde, dueño de una armería en Georgia, ha defendido el cambio afirmando que “impuestos draconianos y regulaciones burocráticas no deberían obstaculizar el derecho de los estadounidenses de proteger su audición”.

“Todo lo que se pretende con un silenciador es reducir el ruido del disparo a niveles seguros para el oído humano”, dijo Larry Keane, vicepresidente de la National Shooting Sports Foundation, agregando que el uso de estos dispositivos en crímenes violentos es “extremadamente raro”.

Una reacción instantánea desde filas demócratas

El panorama es diametralmente opuesto para líderes demócratas y organizaciones pro control de armas, quienes consideran que reducir las restricciones a los silenciadores pone en riesgo a la población, al dificultar la rápida identificación y localización de un tirador activo.

“Los padres no quieren silenciadores en sus calles, la policía no quiere silenciadores en sus calles”, sentenció el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. En declaraciones previas, Schumer exhortó al parliamentarian del Senado a eliminar esta disposición de la propuesta fiscal bajo el argumento de que no está directamente relacionada con el presupuesto.

Organizaciones como Everytown for Gun Safety han advertido que los silenciadores disminuyen drásticamente la capacidad de reacción tanto de las fuerzas del orden como de los transeúntes: “Hay una razón por la cual estos dispositivos han estado regulados por casi un siglo”, indicó John Feinblatt, presidente de la organización.

Un cambio cultural y legislativo vertiginoso

En 2022, el gobierno estadounidense aprobó la reforma más amplia en décadas para abordar la violencia armada, enriquecida por apoyos bipartidistas tras la tragedia de la escuela primaria de Uvalde, Texas, donde 19 niños y dos adultos murieron en un tiroteo. La ley fortaleció los controles de antecedentes para compradores menores de 21 años y otorgó recursos para salud mental en escuelas.

Ahora, apenas tres años después, el giro es tan drástico como simbólico: los republicanos, que al momento dominan ambas cámaras del Congreso y reciben el respaldo activo de Trump, están empacando una batería de prioridades ideológicas en un solo paquete que el expresidente ha denominado “One Big Beautiful Bill”. Entre ellas, destaca la desregulación armamentística como una muestra contundente de marcado ideológico y compromiso con interpretaciones amplias de la Segunda Enmienda.

¿Una cuestión de “derechos” o de salud pública?

La desregulación de silenciadores plantea un conflicto entre el derecho constitucional a portar armas y el concepto de interés público. Una encuesta de Pew Research en 2023 reveló que el 58% de los estadounidenses considera que el control de armas debe ser más estricto, mientras que sólo un 33% apoyaría políticas que faciliten el acceso a dispositivos como silenciadores.

El congresista Maxwell Frost, activista por el control de armas antes de llegar a la Cámara de Representantes, alertó durante una sesión legislativa que el proyecto daría margen para que los fabricantes “ganen más dinero con la muerte de nuestros niños”. Frost es parte de lo que él mismo llama la “generación de tiroteos masivos”. Su crítica no fue respondida de forma diplomática. De hecho, fue Andrew Clyde quien se atribuyó explícitamente la inclusión del texto armamentístico en la legislación. “¿Quién lo pidió? Yo lo pedí”, declaró delante del pleno.

Silenciadores y armas de cañón corto: el fantasma de la mafia y su regulación histórica

Para entender el trasfondo de esta legislación, es fundamental recordar que la National Firearms Act fue aprobada en plena década de 1930, con el objetivo de reprimir el uso de ciertas armas comúnmente asociadas al crimen organizado. Fue una respuesta al auge de figuras como Al Capone y tiroteos que aterrorizaron ciudades enteras.

En ese entonces, el Congreso decidió imponer regulaciones adicionales a dispositivos considerados “particularmente peligrosos”, entre ellos los silenciadores y las armas de cañón corto, precisamente por su uso recurrente en crímenes. La tasa de $200 impuesta en 1934 equivaldría hoy a más de $4,000 dólares ajustados a inflación, lo que sugiere que este gravamen tenía un carácter disuasorio evidente.

Eliminar esta exigencia no es solamente una cuestión fiscal, sino un cambio profundo en cómo la ley conceptualiza estos dispositivos.

Escenarios y consecuencias posibles

Si el Senado aprueba el proyecto sin cambios, y llega a la firma de Trump como se espera para el 4 de julio, los suppressors y armas como escopetas de cañón recortado dejarían de ser supervisados por la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) bajo normas diferenciadas, pasando a regirse por las mismas reglas de venta privada en muchos estados, donde ni siquiera se exige una verificación de antecedentes formal.

Esto abriría potenciales brechas legales incluso para personas con historiales delictivos o con problemas documentados de salud mental, dependiendo de la legislación de cada estado. Además, reduciría la capacidad de rastreo criminal una vez que un arma sea utilizada, ya que muchos registros de silenciadores desaparecerían.

Una batalla ideológica que marca la agenda electoral

No es casualidad que esta propuesta emerja a pocos meses de un nuevo ciclo electoral. Candidatos como John Cornyn de Texas—quien fue coautor de la reforma de 2022 sobre control de armas—ahora enfrenta desafíos en su partido por no ser lo suficientemente conservador. Su cambio de postura, apoyando la desregulación, parece motivado por una necesidad de asegurar votos entre la base republicana más dura.

Mientras tanto, la narrativa desde Trump no deja espacio para matices: el paquete es “hermoso” y refleja “la agenda verdadera del pueblo estadounidense”. Una interpretación con la que discrepa buena parte del país, particularmente los sectores urbanos y educados, según muestran encuestas del Pew Research Center y del Gallup Institute.

¿Qué podemos esperar?

• Un aumento en las ventas legales de silenciadores si la medida se aprueba.
• Un desvío de recursos de políticas de salud mental y control de armas a incentivos fiscales y desregulación armamentista.
• Una reacción amplia en estados gobernados por demócratas, que podrían legislar para mantener restricciones en el ámbito estatal.
• Un choque institucional entre parlamentos estatales, el Congreso y cortes superiores, en caso de litigios sobre constitucionalidad.

La inclusión de este punto en un macroproyecto fiscal revela hasta qué punto la desregulación armamentista ha dejado de ser marginal para consolidarse como una prioridad legislativa de amplio consenso en sectores conservadores. Lo que para algunos es una defensa de la Segunda Enmienda, para otros es un retroceso de casi un siglo en avances mínimos en materia de seguridad pública.

Y entre estos dos polos—libertad y seguridad—Estados Unidos se prepara para una nueva etapa de polarización legislativa donde el ruido ahora vendrá, irónicamente, del debate sobre lo silencioso.